03 Julio 2024
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BERLÍN, Alemania.- El revuelo que levantó un mensaje del Gobierno argentino sobre la matrícula de periodistas ya se ha ido disipando, después de que se aclaró que el registro no tenía carácter obligatorio, pero puso en alerta a las asociaciones internacionales de periodismo, debido a que no sería el único intento de coartar la libertad de prensa en América latina.
En un artículo publicado por la cadena alemana “Deutsche Welle”, titulado “Latinoamérica: mil intentos de coartar la libertad de prensa”, la columnista Emilia Rojas Sasse alerta también sobre los casos de Perú y de Nicaragua, además del de Venezuela (denunciado en repetidas ocasiones) y hasta en Florida, Estados Unidos.
Las alarmas en Argentina se encendieron cuando el Ministerio de Capital Humano publicó en redes sociales un aviso de matriculación para periodistas de todo el país, la cual iba a ser expedida por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
El Foro de Periodismo Argentino (Fopea) emitió un comunicado pronunciándose contra la medida y el Gobierno decidió dar marcha atrás. No obstante, la institución de prensa y sus integrantes fueron blanco de ataques por parte de militantes libertarios y del propio presidente Javier Milei, en X.
La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa ya había manifestado su preocupación por “el intento de coartar la libertad de expresión”.
“Se aclaró que había sido un error y que no había sido la intención poner trabas al ejercicio periodístico, pero no deja de preocupar que haya salido este tema en momentos en que empieza a haber ataques verbales del presidente o de funcionarios contra periodistas y medios de comunicación”, dijo Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). “Más allá de esta situación, enojosa si se quiere, hay países de la región donde vuelven a surgir intentos de colegiación obligatoria”.
Jornet cita el caso de Perú, donde una congresista de Renovación Popular presentó una iniciativa, en marzo de 2023, ante la Comisión de Educación del Congreso, que exigía para el ejercicio del periodismo un título de bachiller en comunicaciones o afiliación al Colegio de Periodistas del Perú.
Voces críticas
La SIP alertó entonces de la situación, y su presidente, Michael Greenspon, indicó que “la instauración de estos requisitos podría ser utilizada por los Gobiernos para decidir quién puede ser periodista y bloquear a voces críticas, como se hacía en muchos países donde existían entes gubernamentales que regulaban la profesión”. El proyecto no prosperó, pero no es un caso aislado. En el mismo comunicado, de marzo de 2023, se consignaba también “preocupación por una propuesta de ley presentada el 28 de febrero al Senado del Estado de Florida, en Estados Unidos, que obligaría a los blogueros a registrase, en especial quienes escriban sobre el gobierno y los legisladores estatales”.
La colegiación obligatoria es solo uno de los instrumentos normativos que ponen en peligro la libertad de prensa. Existe otro tipo de acoso judicial en muchos países de la región. “Hubo en Nicaragua una ley de ciberdelito -similar a la que hubo en Venezuela-, que son en realidad formas embozadas de perseguir al periodismo crítico y tratar de poner trabas a la libertad de expresión también en las redes sociales”, ilustra el presidente de la Comisión de Libertad de prensa de la SIP.
“Muchos dirigentes políticos aprovechan situaciones contempladas en los códigos penales para intentar demandas cuantiosas contra periodistas y medios de comunicación; termina siendo una suerte de mecanismo de censura previa”, dice.
“Todavía está vigente, por ejemplo, la figura de la difamación en países como Perú, donde un funcionario público que es criticado, o al que se atribuye alguna irregularidad, puede presentar una demanda por la vía penal”, agrega Jornet.
Venezuela y Nicaragua, junto con Cuba, ocupan sistemáticamente los últimos lugares en el Índice Chapultepec sobre la libertad de prensa. “En el caso de Cuba hay también restricciones para acceder al carné, bloqueos de señales en horarios o días, o cortes de energía eléctrica los días que va a haber alguna manifestación, para impedir de ese modo que los periodistas puedan conectarse y tratar de informar a través de redes sociales, que es prácticamente la única plataforma disponible para poder comunicarse con la sociedad”, dice Jornet.
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