Por Juan Manuel Montero
28 Junio 2024
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“Delito de adulto, pena de adulto”. Con esta premisa el gobierno nacional enviará al Congreso una ley para bajar la edad de imputabilidad de los menores de los 16 a los 13 años. El proyecto fue presentado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
En rueda de prensa, los funcionarios destacaron que la iniciativa “combatirá el persistente crecimiento de la criminalidad juvenil”. “Es de público conocimiento que el crimen organizado se aprovecha de niños y adolescentes para delinquir sin restricciones, evadiendo así la responsabilidad penal”, dijeron.
Cúneo Libarona aseguró que ahora “los delincuentes serán penalmente responsables”. “Nuestro compromiso es con la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos de bien”, agregó. Bullrich, por su parte, dijo que este es un “día importante para el país para tantas familias que perdieron a sus hijos en manos de un menor. Ese menor después de un delito volvió a su casa como si nada hubiera pasado. Que no tengan condena es la peor condena como país”.
En la Argentina, el Régimen Penal de Minoridad, promulgado en 1980, durante la dictadura militar, estableció que la edad de imputabilidad es a los 16 años, es decir, que los menores de esa edad no pueden ser juzgados. Pero los adolescentes de entre 16 y 18 años tampoco son juzgados por el mismo sistema que los adultos. Sólo son punibles (es decir, que pueden ser castigados) aquellos que cometan delitos con penas mayores a 2 años (por ejemplo, homicidios dolosos) pero recién pueden empezar a cumplir su pena en una cárcel a los 18 años. Hasta ese momento, estos menores pueden estar privados de su libertad en institutos especializados llamados Centros de recepción y contención de menores.
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Según Bullrich, el proyecto apunta a que se "termine de utilizar a los menores" o "que los menores puedan cometer delitos sin ningún tipo de sanción".
Cúneo Libarona, en tanto, advirtió que "se le brindarán las herramientas al sistema judicial para terminar con la doctrina que beneficia a los delincuentes en perjuicio de las víctimas. Es nuestro deber actualizar la normativa vigente para terminar con la inseguridad que sufren los argentinos de bien. Las administraciones anteriores y la Justicia han dejado una gran deuda con la sociedad. La ley que rige actualmente es de la década del ‘80. La juventud de hoy no es comparable a la de hace más de cuatro décadas".
Según los datos que brindó el vocero presidencial Manuel Adorni, Según los datos, en 2023 se cometieron 2.197 delitos que fueron adjudicados a personas menores de edad. Según Adorni, "siempre fue una postura de este Gobierno, incluso antes de asumir y embarcarnos en la aventura de las elecciones, que si los menores pueden tomar decisiones como adultos, es razonable que también paguen las consecuencias de la gravedad de sus hechos también como adultos".
El Ministerio de Justicia emitió un comunicado en el que advierten que “es de público conocimiento que el crimen organizado se aprovecha de niños y adolescentes para delinquir sin restricciones, evadiendo así la responsabilidad penal. Nuestro compromiso es proteger la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos. Los criminales ya no podrán valerse de menores como medio para violar la ley. Quien tenga la osadía de empuñar un arma y arrebatar una vida, debe enfrentar la ley y la justicia"
¿Qué pasa en otros países de Sudamérica?
Uruguay mantiene la imputabilidad penal a los 18 años y cuenta con un sistema para menores de 13 a 17 años. En Brasil, la mayoría de edad penal es también a los 18 años, con medidas socioeducativas a partir de los 12 años. En Chile la situación es similar, pero hay un sistema de justicia penal especial para mayores de 14.
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