Comisaría 2ª: hacinamiento, sarna y cloacas rotas

El Comité Provincial de Prevención de la Tortura presentó un informe denunciando las malas condiciones edilicias de la comisaría 2ª, los problemas de hacinamiento a las que están sometidas las personas privadas de la libertad y los malestares de salud que sufrieron a raíz de la crisis carcelaria. Los vecinos de las dependencias manifestaron su preocupación y las consecuencias debido a las roturas cloacales.

El pasado 7 de junio Fernando Korstanje, el representante de la Sociedad Civil de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura -creada por la ley Nacional 8.523-, se presentó junto a dos asesoras a la comisaría 2ª, ubicada en la calle Buenos Aires al 400. Al realizar una inspección de la dependencia -explicó- notaron que las instalaciones edilicias no eran aptas para el alojamiento de personas.

Además de advertir un avanzado estado de deterioro en los diferentes ambientes de la comisaría, los comisionados observaron que hay 65 detenidos alojados, repartidos en cinco celdas. Un arresto aloja a 17 personas, otra a siete, el tercero a 34, el sector “casino” a cinco y en la cocina, al momento de la visita, tenían a dos personas detenidas por contravención. “En un reciente informe remitido por las autoridades policiales a esta Comisión Provincial y al Comité Nacional, el cupo reconocido para la comisaría 2ª es de 10 personas, con lo que según los propios cálculos policiales, la ocupación es de un 650% sobrepasando en más de cinco veces la supuesta ‘capacidad instalada’”, plantearon los comisionados civiles.

Además del hacinamiento, la Comisión informó un severo problema de cloacas en la dependencia, el cual provocó que en la comisaría y sus alrededores se propagara un olor muy fuerte desde hace un tiempo. “Las aguas servidas desbordan distintos puntos. Los baños se encuentran en el interior de las celdas desde donde, aún a cierta distancia, se puede percibir un olor extremadamente nauseabundo. Los tendidos eléctricos son demasiado precarios y muchas veces éstos hacen cortocircuito por el contacto con el agua permanente”, indicaron en la denuncia.

El problema de la sobrepoblación y las cloacas dañadas no sólo afecta a quienes están dentro de la comisaría sino a todo el vecindario. “El olor es insoportable; venimos hace meses así. Ahora se lo siente apenas, pero los días de calor se vuelve mucho más fuerte. Si nosotros que estamos casi a una cuadra hay veces que no toleramos la baranda que sale de ahí, no me quiero imaginar cómo la pasan los policías que trabajan ahí y los que están detenidos”, dijo Marina Galarza. Otro vecino, Valentín, contó que no es la primera vez que tienen este tipo de inconvenientes, sino que hace unos años hubo un problema similar, en el que estuvieron varios días con cloaca estancada en la calle y parte de la vereda hasta que pudieron arreglarlas.

A algunos vecinos les preocupa la cantidad de detenidos que aloja la comisaría. “Vivo a pocos metros y te das cuenta que hay más presos de lo que corresponde porque a veces se escuchan los gritos o bullicios o ves a familiares cuando salen de las visitas. Mi miedo es que un día se quieran fugar, armen un motín y no los puedan controlar. Ahí van a poner en peligro a todos los que vivimos en la zona. Si ya pasó en otras comisarías nada nos hace pensar que no puede suceder acá”, planteó Sergio Herrera.

Debido al hacinamiento, al mal estado de las cloacas, las condiciones antihigiénicas y la falta de atención médica la mayoría de los internos sufrió infecciones en la piel, sarnilla y sarna crónica. “Se les preguntó explícitamente si habían recibido la visita de operativos de salud, manifestando que tuvieron una visita pero que luego no se les dio seguimiento ni se les proveyeron medicamentos”, dice el informe. El comisionado civil dijo que los cinco detenidos que necesitaban atención médica urgente fueron asistidos por el Ministerio de Salud un día después de que se presentó el informe y que les dieron seguimiento para recobrar su estado de salud.

Hábeas corpus

Korstanje afirmó que la sobrepoblación en las comisarías se agrava cada vez más. “En un año aumentó un 40% la población en dependencias policiales; son una bomba de tiempo el uso de comisarías para alojar a personas”, sostuvo.

En junio de 2015 los fiscales Adriana Giannoni (ya jubilada) y Diego López Ávila presentaron un hábeas corpus en contra del Poder Ejecutivo, solicitando que se declare la emergencia en materia de alojamiento de detenidos y que se traslade a todos los presos de las comisarías a una dependencia acorde para contextos de encierro. Los fiscales argumentaron que buscaban proteger a los detenidos, quienes se encontraban en condiciones de hacinamiento. También sostenían que los policías no estaban preparados para custodiar detenidos y que se ponía en riesgo la integridad de las personas que viven en los alrededores.

En agosto de 2015 la Corte Suprema de Justicia hizo lugar al hábeas corpus y dispuso un plazo de siete meses para que se realice el traslado de los detenidos a Villa Urquiza e instó a modificar el régimen de contravenciones policiales.

Nueve años después, la crisis tuvo un marcado crecimiento. “Ese hábeas corpus sigue vigente en la provincia. Giannoni y López Ávila lo presentaron porque era escandaloso que haya 500 presos en comisarías. Ahora hay alrededor de 2.700, es decir que la situación se agravó mucho más”, planteó Korstanje.

Comité Nacional: el martes presentarán los datos de las inspecciones

El Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, se presentará en Tucumán el martes 25 para exponer los datos de las últimas inspecciones realizadas a las comisarías y centros penitenciarios de la provincia. “Tucumán está tercera a nivel nacional en número de muertes bajo custodia estatal. Va a haber información transparente sobre nuestro trabajo. Habrá reuniones con el poder Ejecutivo y Legislativo y también inspecciones sorpresas”, informó Korstanje.