Mariela Labozzetta, la titular de la Unidad Especializada en Violencia Contra las Mujeres (UFEM), en diálogo con LG Play habló sobre la condena de 16 años de prisión para el ex gobernador José Jorge Alperovich y la consideró un “mensaje de no impunidad”. Se refirió a la revictimización que sufren las denunciantes de abuso sexual y violencia de género durante el proceso judicial, los inconvenientes que suele haber al momento de investigar este tipo de delitos y lo difícil que es para las víctimas denunciar los delitos de violencia de género cuando hay jerarquías de poder en el medio.
La fiscala explicó la UFEM intervino en la etapa investigativa de la causa, luego de que la víctima realizara la denuncia, pero que no tuvieron participación directa durante el juicio, salvo algunas participaciones puntuales en las que el fiscal general Sandro Abraldes solicitó su colaboración.
Labozzetta definió a la causa contra Alperovich como un “caso emblemático”. “La UFEM trabaja con casos de litigio estratégico; traccionando buenas prácticas investigativas en aquellos aspectos donde suelen fallar las investigaciones”, dijo. “La investigación de delitos sexuales tiene una serie de problemas que en general provocan que terminen en impunidad, siendo archivados o en sobreseimientos por falta de prueba, entonces se trabajó en ese sentido”.
Según la profesional, en la actualidad hay más de una estrategia para poder producir pruebas en los casos de abuso sexual, que van más allá de los exámenes físicos -que sólo tienen sentido realizar cuando la denuncia se realiza inmediatamente posterior al hecho ya que pasado un tiempo la prueba biológica se pierde-. Sin embargo, contó que muchas de estas estrategias se desconocen.
“Es importante comprender que este tipo de casos suelen darse en lugares privados, entonces no vamos a tener 20 testigos que nos digan lo que pasó”, señaló.
Esto no significa que no haya más pruebas para producir además del testimonio de la denunciante. “Se puede tomar declaración a los testigos que estuvieron antes o después con la víctima, quienes pueden indicar qué les contó la misma y evaluar si ese relato se sostiene con el tiempo. También hay testimonios de psiquiatras y de psicólogos que pueden dar cuenta del estrés postraumático que sufrió tras el hecho. En fin hay historias clínicas y hay muchas pruebas para producir porque el caso tiene que ser un caso sólido para llegar a juicio ya que está en juego el derecho de la víctima a obtener una sanción, y también está en juego el derecho de las personas acusadas a poder defenderse y a que no se las condene sin prueba”.
Revictimización
Labozzetta indicó que durante el proceso judicial hay diversos problemas para poder resguardar a la denunciante. “El primer problema que suelen tener estos casos es que, a diferencia de las investigaciones por otros delitos, lo primero que se hace es poner en duda la palabra de la víctima entonces ahí se marcan como estereotipos. Entonces se piensa que una víctima de violencia sexual o las mujeres que incluso también denuncian violencia doméstica está mintiendo, busca algo, está loca, es psiquiátrica, se quiere vengar, está despechada”.
Para la fiscala en los casos de violencia de género suele ponerse el foco principal sobre la víctima en lugar del delito que se está denunciando. “Estas investigaciones arrancan así de movida, hay una especie de inversión de la carga de la prueba donde la víctima tiene que demostrar que es cierto lo que está diciendo. Se la somete a tests psiquiátricos y empieza todo este proceso de revictimización. Tiene que ir al psiquiátrico para ver si tiene personalidad fabuladora, otra vez a la psicóloga, a declarar en el juzgado, a declarar en la fiscalía y así constantemente”.
Denuncia y poder
La investigadora sostuvo que los delitos de índole sexual son difíciles de denunciar, especialmente cuando se trata de alguien con poder. “El poder no está puesto exclusivamente en la política, sino que está en distintas esferas. Siempre hay una relación jerárquica y en esa esfera hay que analizar cómo juega ese rol de poder”.
Al hablar de la relación entre la realización de las denuncias contra personas de poder y sus procesos judiciales, Labozzetta hizo mención del caso de Thelma Fardín y su denuncia hacia Juan Darthés y dijo que “fue un caso que también vimos durante la semana pasada y que también tuvo una condena ejemplificadora”. “Era en otro espacio, en un ámbito artístico y que además fue un caso público; cuando hay una personalidad pública es todo más exacerbado. Lo mismo ocurre cuando hay denuncias contra futbolistas o dentro de sindicatos. El poder siempre juega su papel en los aspectos vinculados con la violencia de género”.
Además dijo que casos como el de Alperovich, en los que finalmente los poderosos terminan siendo condenados, se convierten en una sentencia ejemplificadora. “La sanción a estos crímenes es un mensaje de no impunidad. Sirve para este caso porque es reparador, pero también sirve para para el futuro, para que sepan que el sistema de Justicia puede funcionar, que no hay una incredulidad, y que, como dijo Thelma, ‘luchar funciona’”.
“Es más difícil denunciar a alguien con poder. Se demoniza mucho el ámbito de la política y se invisibiliza cómo funciona el poder en lugares menos expuestos y más invisibles como en el ámbito económico, por ejemplo. Hay que imaginar la cantidad de abusos sexuales que ocurren en el ámbito laboral donde la persona que tiene que enfrentarse a denunciar a veces se juega su puesto de trabajo, su supervivencia. Ahora tenemos muchos casos de abusos sexuales en el ámbito de las fuerzas de seguridad, donde subalternas son abusadas por sus superiores y tomar la decisión de denunciar implica poner en riesgo su continuidad en la Fuerza, ser sancionada, ser hostigada. Es una decisión tomar la iniciativa de iniciar un proceso judicial con todo lo que eso implica. Por eso este mensaje de sanción es importante también para esas mujeres”, remarcó.