21 Junio 2024
HORROR. El atentado, de julio de 1994, dejó 85 muertos y 300 heridos.
El juez federal Ariel Lijo -candidato por el Gobierno nacional a integrar la Corte Suprema de Justicia de la Nación- desclasificó el informe elaborado por la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) titulado “Temática: AMIA la conexión internacional. El esclarecimiento del atentado terrorista y la individualización de sus autores”. El texto da cuenta de que Irán ordenó a Hezbollah que haga explotar la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en 1994.
El informe es el resultado de una investigación realizada en 2003 por la antigua SIDE -actual Agencia Federal de Inteligencia (AFI)-, conocida vulgarmente como “informe Toma”, en alusión al entonces jefe del organismo Miguel Ángel Toma.
Lijo declaró de interés público un resumen de 200 páginas del informe, que cuenta con más de 10.000 fojas. No se autorizó a difundir los anexos, que contienen los nombres de informantes cuyas identidades deben permanecer anónimas para que no corran riesgo su vida o las de sus familias.
Los documentos desclasificados brindan detalles del rol que desempeñó Moshen Rabbani, ex agregado cultural de Irán en la Argentina y principal acusado por el fallecido fiscal Alberto Nisman en la causa por el atentado que dejó 85 muertos y más de 300 heridos. El informe completo, de hecho, sirvió como fundamento para que Nisman fuera nombrado al frente de la Unidad Fiscal para Investigación (UFI) de la causa AMIA.
El texto menciona los contactos de Rabbani en Paraguay, en Chile y en Brasil para preparar el ataque, y la llegada de Samuel El Reda, líder de Hezbollah, para ejecutarlo.
El informe forma parte del caso iniciado por familiares de las víctimas del atentado. También fue utilizado por la Cámara Federal de Casación Penal para determinar que los atentados a la AMIA y a la Embajada de Israel -ocurrido dos años antes- habían sido organizados por Irán y ejecutados por Hezbollah.
Lijo también ordenó que sea pública “toda aquella información brindada desde el Estado nacional para los procesos judiciales que ya cuentan con sentencia, relativos al atentado perpetrado contra la AMIA, su encubrimiento y demás delitos conexos, incluyendo los legajos de investigación y la totalidad de la información brindada desde el Estado nacional en las audiencias de los juicios realizados, permitiendo que las mismas trasciendan el ámbito oficial”.
La decisión del juez se conoció después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a la Argentina por el caso AMIA. Según el organismo, el Estado nacional no adoptó medidas para prevenir el ataque; a posteriori no investigó a fondo el hecho y, mediante sus funcionarios, formó parte de un encubrimiento del crimen.
Argentinos
“No hubo argentinos involucrados en los preparativos del atentado o en el ataque. Todo aquel ciudadano argentino involucrado de manera involuntaria (mediante venta de materiales, alquiler de depósito o venta de la camioneta que devino coche bomba) no conocía el objetivo de su acción y no sabía a quien le vendía”, precisa el informe, entre otros puntos.
En una sección del informe ahora desclasificado se precisa que existen pruebas sobre la “participación de la cúpula de Hezbollah e lrán en las fases críticas y finales” del atentado del 18 de julio de 1994. También dice que los miembros operativos salieron del país “entre días y horas antes de la explosión” y que residen en Beirut, Líbano.
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