Por Gustavo Rodríguez
18 Junio 2024
El juicio oral por la sedición policial está llegando a su fin. A partir de hoy, los 42 acusados tendrán el derecho de dirigirse al tribunal por última vez. Luego, los jueces deberán dar a conocer la sentencia. A casi 11 años de haberse producido uno de los episodios más recordados de la historia de Tucumán, en el fallo se resolverá además si debe ampliarse la investigación y si más de la mitad de los enjuiciados pueden seguir prestando servicio en la fuerza.
Entre el 8 y el 13 de diciembre de 2013, el Gran San Miguel de Tucumán quedó envuelto en el caos por la huelga protagonizada por los empleados policiales. Centenares de tucumanos salieron a las calles para quedarse con todo lo que se encontraban a su paso, mientras otros montaban barricadas y guardias para proteger sus bienes.
Los fiscales Adriana Giannoni (ya jubilada) y Diego López Ávila realizaron una investigación para acusar a 47 personas de haber cometido diferentes ilícitos durante esos trágicos días, de los cuales cuatro murieron antes de que se iniciara el debate y el quinto, durante el juicio.
La acusación
Los auxiliares Gerardo Arch y Rafael Heredia Carreño, dirigidos por el fiscal Daniel Marranzino, y la querella coincidieron en señalar que no había elementos para sostener la acusación de privación ilegítima de la libertad (en la mayoría de los casos) y de incumplimiento a los deberes de funcionarios públicos. Sólo pidieron responder por el delito de sedición agravada por ser miembros de una fuerza de seguridad y por haber utilizado sus armas de fuego.
La diferencia se presentó en a quiénes les atribuían esos cargos. Los representantes del Ministerio Público decidieron acusar a 19 de los imputados, mientras que la querella representada por Soledad Lozano y Santiago Xamena resolvió pedir que todos sean condenados. En el viejo código procesal, no acusar a una persona significa que el tribunal no puede hacer otra cosa más que absolver. Pero este no fue el caso porque la querella sí mantuvo la imputación.
Una de las diferencias más importantes fue la postura que se tomó con la situación del ex jefe de Policía Jorge Racedo, el único funcionario de peso que se sentó en el banquillo de los acusados. Los representantes del MPF alegaron que no había pruebas suficientes para reprocharle alguna actitud.
Los acusadores coincidieron en dividir a los sediciosos en dos grupos. Por un lado, los cabecillas y, por el otro, los que tuvieron algún tipo de participación. Para los auxiliares, fueron cinco los líderes de la protesta (pidieron penas de seis años) y para los representantes del Estado, 10 (solicitaron penas de entre 10 y 15 años).
Los representantes del Ministerio Público entendieron que de los otros imputados, al menos 14, tuvieron algún tipo de participación, por lo que pidieron penas de tres años de cumplimiento condicional. Los 22 restantes no recibieron acusación alguna. En tanto que la querella pidió penas para los otros 31. Solicitaron seis años para siete y para los otros 24, tres años que cumplirán sin ir a la cárcel.
Diferentes posturas
Durante dos semanas los defensores realizaron sus alegatos. Todos pidieron la absolución de sus defendidos, argumentando que los acusadores no llegaron a demostrar que hubo una sedición y, mucho menos, que buscaron generar caos en la provincia.
Arnaldo Ahumada, defensor de Racedo, con el apoyo de Ernesto Baaclini, que representa a Eugenio Mamaní, planteó la nulidad de los alegatos de la querella. Si el planteo es aceptado por los jueces Fabián Fradejas, Gustavo Romagnoli y Luis Morales Lezica deberán definir sólo sobre la acusación que realizó el Ministerio Público.
Las defensoras Julieta Jorrat, Aurora Díaz Argañaraz y Pablo Rivera no sólo pidieron la absolución de los imputados, sino además que fueran investigadas el ex gobernador José Jorge Alperovich, el ex ministro de Seguridad Jorge Gassenbauer, el ex secretario del área Paul Hofer y la ex legisladora Stella Maris Córdoba.
Para los profesionales, los funcionarios tuvieron una responsabilidad política por no haber frenado la revuelta y, en el caso de la ex parlamentaria, por haber colaborado con los huelguistas. “Acá hay gente que nunca fue investigada y otros que fueron sobreseídos que tuvieron una responsabilidad penal mucho más importante de los que actualmente están sentado aquí”, señaló Díaz Argañaraz.
Jorrat explicó que no hubo una sedición, sino una huelga policial. “Es cierto que hay una ley que le impide al personal policial protestar, pero ninguna norma es más importante que la Constitución y los derechos que tienen los hombres y mujeres a sindicalizarse”, comentó. “Les pido señores jueces que tengan muy en claro este punto. Mientras los representantes del Estado pretenden dar un mensaje con una condena, ustedes no pueden dejar de avalar los derechos de las personas”, añadió en su alegato.
El mecanismo de las últimas audiencias ya está fijado. Hoy está previsto que los acusados den sus últimas palabras y si hiciera falta continuarán mañana. Después de que termine ese trámite procesal, los magistrados anunciarán cuándo darán a conocer la sentencia, poniendo así punto final a un debate que se extendió durante ocho meses.
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