Una mortandad de peces ha generado causas en dos provincias. A la denuncia realizada por funcionarios de Santiago del Estero en la justicia federal de ese territorio, se le agregó otra que hizo una ciudadana en el fuero nacional de Tucumán y un expediente que por oficio decidió abrir el fiscal federal Gustavo Gómez.
El domingo, pescadores filmaron con sus celulares ejemplares de sábalos en el cauce del río Muerto, un brazo del Salí que desemboca en El Frontal, en la zona de La Bahía de Los Britos. Por ese desastre ambiental, el secretario de la Producción Eduardo Castro ordenó al personal de Medio Ambiente que investigara el problema. Según pudo establecer LA GACETA, se tomaron muestras para que fueran analizadas por los especialistas de la Fundación Lillo. Hasta el momento no trascendieron los resultados del estudio que realizaron.
El ombudsman santiagueño Lionel Suárez, al enterarse de la novedad, ordenó realizar la misma tarea. Según publicó el diario “El Liberal”, los especialistas no encontraron señales de mortandad de peces en el lago, pero sí lo hicieron en el cauce del río Muerto. Pese a que no contaban con los resultados finales, sí destacaron que los estudios de campo revelaron que el agua no tenía oxígeno
Suárez confirmó además que con el fiscal de Estado santiagueño, Raúl Abate, decidieron realizar una denuncia ante la justicia federal. Esta es la segunda presentación de los santiagueños en seis meses. La anterior fue en noviembre del año pasado por una mortandad registrada en El Frontal. Nunca se conocieron los detalles de esa causa.
En Tucumán
Ayer confirmaron que en los tribunales de esta provincia hubo dos acciones. El fiscal Gómez decidió actuar de oficio y abrió una causa penal por delitos ambientales. “Ante los avances de la zafra azucarera me siento en la obligación de hacerle saber a los industriales que tirar residuos (como la vinaza) a los cauces de los ríos, es un delito”, argumentó. “Ya hemos condenado a varios empresarios a tres años de prisión”, añadió.
Por otra parte, fuentes judiciales indicaron que una ciudadana había presentado una denuncia en la fiscalía que conduce Carlos Brito. Su par Agustín Chit (que estaba subrogándolo) tomó las primeras medidas. Ordenó a las fuerzas federales que ubicaran el lugar de la catástrofe para que tomaran muestras del agua y realizarán los estudios pertinentes. También puso al tanto de la situación al juez federal Marcos Díaz Vélez.
En los próximos días se definirá quién instruirá la causa por una cuestión de competencia. No será la primera vez que se presente una situación de estas características.
¿Confirmación?
Por otra parte, el área de la secretaría de la Producción que conduce Eduardo Castro sigue avanzando en la investigación del desastre ecológico, tarea que recayó en manos del subsecretario de Medio Ambiente Alfredo Montalbán. Como el trabajo que realizó no habría conformado, las autoridades habrían decidido que se haga cargo otro funcionario. Ese posible cambio puso dudas en la continuidad de su cargo.
Los funcionarios solicitaron a los especialistas de la Fundación Miguel Lillo que los acompañaran a tomar las muestras y analizar cuáles habían sido las causas. Los profesionales confirmaron ayer que los resultados de los estudios estarán listos el miércoles o jueves próximos.
Sin embargo, los informes preliminares confirman que la mortandad de peces se habría producido por contaminación y no por cuestiones naturales. Fuentes del área le confirmaron a LA GACETA que cuando tengan en sus manos los informes analizarán los pasos a seguir. Sí anticiparon que no se descarta que en los próximos días se desencadene otro desastre ambiental de estas características.
También se informó que una delegación de funcionarios y especialistas de Producción viajarán el martes a tierras santiagueñas para reunirse con sus pares. En principio, el encuentro no sólo serviría para dar a conocer su impresión de lo sucedido, sino que propondría trabajar en conjunto para controlar a las industrias tucumanas.
Desde Santiago
En tierra santiagueña, la mortandad de peces generó mucha polémica. Marcelo Acuña, director de Asuntos Penales de la Fiscalía de Estado, aclaró que realizaron la denuncia para saber qué había originado el desastre ambiental, qué la originó y solicitar algún tipo de medida para frenar la contaminación.
“No es para perjudicar, sino saber qué se está derramando y quiénes son que están derramando. Y es la intención de la denuncia, darle un viso procesal y técnico”, explicó el funcionario al diario “El Liberal”.
Ante las críticas del defensor del Pueblo de Tucumán, Eduardo Cobos, expresó: “No somos denunciantes seriales, denunciamos para que se investigue y que se ponga freno a lo que provocó esa mortandad”.
“En la medida que sepamos qué es, vamos a pedir medidas cautelares”, manifestó. Acuña agregó que la denuncia también pide “que se investigue una supuesta maniobra delictiva” detrás de esta mortandad, y que de lo que surja de la investigación, evaluarán constituirse en querellantes.
Indicó que Santiago por una acta acuerdo del 2011 está a cargo del Programa de Monitoreo Permanente que está bajo la órbita del Defensoría del Pueblo. “En base a eso, los equipos de monitoreo de Santiago han podido tomar muestras en el lugar y estamos a la espera de los resultados de los análisis en el Instituto de Hidrobiología”, apuntó.