14 Junio 2024
Cuando faltan pocas semanas para cumplirse 30 años del atentado contra la AMIA, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado argentino por falta de verdad y de justicia para las víctimas y toda la sociedad. Además ordenó reformas sobre el uso de la información de inteligencia en las causas judiciales y sobre el acceso a la documentación.
El fallo del tribunal internacional se basó en la propia aceptación del Estado argentino, en los gobiernos de Néstor Kirchner y Alberto Fernández. “Esta Corte concluye que el Estado incurrió en una falta grave a su deber de investigar uno de los mayores atentados terroristas en la historia de la región”, sostuvo la sentencia, notificada por la presidenta de la Corte IDH, Nancy Hernández.
“A casi treinta años del atentado, continúa sin conocerse la verdad de lo sucedido y no ha habido sanción para los responsables del atentado ni para los responsables de su encubrimiento. De esta forma, ha sido la propia actuación estatal la que ha impedido a las víctimas y a sus familiares conocer la verdad de los hechos a través de la investigación y el proceso penal”, afirmó la Corte en su sentencia.
Así, condenó al Estado argentino por su responsabilidad en todas las violaciones alegadas por la agrupación Memoria Activa en su denuncia: la violación del derecho a la vida por la falta de prevención del atentado, por no investigar debidamente ni el atentado ni el encubrimiento, por violar el derecho a la verdad histórica y el derecho a la información, y por sus responsabilidades en el encubrimiento.
“Las faltas del Estado a su deber de investigar, las dilaciones injustificadas al proceso y, en general, la falta de esclarecimiento y la situación de impunidad, han provocado en los familiares de las víctimas sentimientos de angustia, tristeza y frustración”, sostuvo en su resolución el máximo tribunal. En este marco se ordenó al Estado a indemnizar a las víctimas.
También indicó que clasificar toda la información de los servicios de inteligencia como reservada es contrario al derecho a buscar y recibir información consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos.
Ordenó que el Estado argentino remueva todos los obstáculos para investigar el atentado y el encubrimiento en un plazo razonable. Y estableció que el Estado haga un acto de reconocimiento internacional de su responsabilidad.
“Las autoridades estatales no se pueden amparar en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la información, o en razones de interés público o seguridad nacional, para dejar de aportar la información requerida por las autoridades judiciales o administrativas encargadas de la investigación o procesos pendientes”, afirmó.
Además, ordenó la construcción de un archivo histórico público sobre el atentado, el encubrimiento y el rol de las asociaciones de víctimas.
El 18 de julio de 1994, a las 9:53, un coche bomba subió a la vereda e impactó contra el frente del edificio de la AMIA, en Pasteur 633. La camioneta Trafic llevaba en el furgón, entre los asientos y el buche de las ruedas traseras, una combinación de nitrato de amonio -con el agregado para potenciar el nivel de destrucción de aluminio-, un hidrocarburo pesado, trinitrotolueno (T.N.T.) y nitroglicerina. La carga explosiva fue similar a unos 300 o 400 kilos de TNT. El atentado mató a 85 personas.
Desde entonces hubo varios juicios. El primero contra la llamada conexión local en donde se acusó a un grupo de policías bonaerenses de haberse llevado la camioneta bomba. Ese juicio terminó con todos absueltos: el tribunal sostuvo que la acusación nació de un pago “espurio e ilegal” que se había ordenado desde el juzgado y la central de inteligencia, luego de la declaración del primer detenido, el reducidor de autos Carlos Telleldín. A raíz de ello, el gobierno de Néstor Kirchner firmó un decreto en 2005 en donde reconocía la responsabilidad del Estado argentino por no haber esclarecido ni haber prevenido el atentado terrorista y se comprometió a realizar una serie de medidas para cumplir sus obligaciones.
La condena de la Corte Interamericana es un hecho histórico en la lucha por la justicia que Memoria Activa lleva adelante, desde los primeros momentos posteriores al atentado cuando el gobierno de Carlos Menem, el poder judicial, los servicios de inteligencia y sectores de la comunidad judía fueron por el encubrimiento y el desvío de la investigación.
Hace dos meses, la Cámara Federal de Casación Penal ratificó que el encubrimiento del atentado no fue una fatalidad sino una maniobra deliberada y ejecutada en las más altas esferas del poder político. Sin embargo, sostuvo condenas bajas: funcionarios judiciales cuyo trabajo era investigar uno de los más graves crímenes cometidos pero que inventaron una historia falsa, y pagaron sobornos para sostenerla, recibieron una pena menor. La decisión de revertir este escándalo estará en breve en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
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