Por Álvaro José Aurane
14 Junio 2024
Hoy se cumplen 38 años de la muerte de Jorge Luis Borges, quien supo rescatar de Oscar Wilde una máxima: “A cada instante de su vida, un hombre es todo lo que fue y será”. Durante la convulsa jornada de ayer hubo un instante de inflexión, en el que dos hechos se sucedieron de manera paralela, para exhibir todo cuanto el proyecto político del kirchnerismo ha sido. Y seguirá siendo.
Por un lado, esta expresión kirchnerista fue una de las señeras protagonistas de un miércoles violento, durante el cual intentó evitar la sesión del Senado en la cual se aprobó la Ley Bases. Hasta diputados llevaron, desde la mañana y hasta la noche, para respaldar la manifestación. Intentaron frenar a las fuerzas de seguridad invocando una reveladora impunidad: no debían hacer nada respecto de ellos porque eran miembros del Congreso. No concibieron estar ahí de modo ejemplar, sino que asumieron que tienen licencia para hacer cuanto quisieran. Inclusive, por encima de la ley.
Precisamente, el derecho a la protesta no es un derecho absoluto. Tiene límites. Por ejemplo, el del funcionamiento de las instituciones de la república. Y eso no es por el bien de la democracia. En términos del constitucionalista Roberto Gargarella, “para que la democracia funcione tiene que primar el constitucionalismo”. Y por ende el sistema de relaciones y contrapesos que se organiza a través de los poderes de la república. Por caso, los derechos humanos no son obra de la democracia (aunque ella es indispensable para su vigencia), sino del constitucionalismo. A la democracia le interesan sobre todo las mayorías: esa es su naturaleza. Y en una democracia sin república, el gobernante desacreditaría toda crítica sobre la base de que triunfó en los comicios. ¿Se acuerdan de “si no les gusta cómo gobierno, armen un partido y ganen las elecciones”? Contra ese antojo de Cristina, resulta ser que las minorías también tienen derechos. A esos derechos los consagra el sistema republicano. El Estado Constitucional de Derecho, en definitiva. Después del tortuoso siglo XX, debería consensuarse, más bien, que el derecho a la democracia es un derecho absoluto.
Durante seis meses, dentro de las reglas de la democracia, el kirchnerismo y sus aliados evitaron que la Ley Bases prosperase. Hasta el punto de que mucho del gigantesco proyecto original fue quedando en el camino. La iniciativa general, presentada en diciembre, contenía 664 artículos. La que llegó a la Cámara Alta, con media sanción de Diputados, sólo constaba de 232. Era tan válido, hasta el miércoles, que la oposición frenara el tratamiento de esa norma, como el hecho de que el oficialismo consiguiera, institucionalmente, sancionar la Ley Bases. Pero el kirchnerismo no lo entendió de esa manera. E intentó lo mismo que en 2017: conseguir, por fuera de las reglas de la democracia y de la república, que la violencia ilegal coartara el funcionamiento nada menos que del Congreso. Hace siete años fue cuando arrojaron 13 toneladas de cascotes contra la Cámara de Diputados, para evitar que se sancionara una ley de movilidad jubilatoria mediante la cual el Gobierno de Cambiemos incluía la inflación como una de las variables de cálculo para los haberes de los jubilados. Cuando dos años después llegó al poder el cuarto gobierno kirchnerista, cambiaron esa norma por una peor: no tenía en cuenta la inflación, sino la recaudación del Estado. Lapidaron la más democrática de las instituciones de la república para oponerse a una ley que, en comparación con la que consagraron después, beneficiaba a los jubilados. Esos a los que perjuraban defender.
En el folclore “K”, tomar el nombre del pueblo en vano es una verdadera zamba a la impunidad. Ayer, en los desmanes impulsados en las afueras del Senado, volcaron y quemaron un vehículo de Cadena 3. Pero el auto, identificado con el nombre y el logo de ese medio de comunicación, no era propiedad de la empresa, sino del periodista Orlando Morales, papá de dos niños, de 11 y 9 años. Era su herramienta de trabajo. Los que atentaron contra la democracia en nombre de defender a los trabajadores, finalmente, se encargaron de arruinar a un trabajador.
Manipulación de estadísticas oficiales
Este elogio de la caradurez se conecta con el segundo hecho que convergió en el revelador instante de todo cuanto el kirchnerismo ha sido y será. Ayer también se conoció que la Argentina perdió en segunda instancia, ante la Justicia británica, el juicio por 1.500 millones de dólares en la causa conocida como “bono PBI”. El expediente se refiere a la manipulación de las estadísticas oficiales sobre el crecimiento de la economía durante el segundo gobierno de Fernández de Kirchner.
La madeja comienza a ovillarse en 2005: para atraer bonistas al megacanje de deuda que concretó Néstor Kirchner, se lanzó el “bono PBI”, instrumento financiero que el país pagaba a los bonistas cuando el crecimiento de la economía era superior al 3,2%. En 2013, sin embargo, el Gobierno informó que, de repente, el país no había alcanzado ese índice.
Lo de “de repente” se debe a que el Indec, en febrero de ese mismísimo año, había anunciado que el país había crecido un 4,9%, según la base de estimación que se usaba desde 1993. Pero el 27 de marzo de ese mismo 2013, el ministro de Economía, Axel Kicillof dio a conocer que “ahora” el PBI se calculaba con otra base, tomada del Censo Económico 2004. Y resultó que “ahora” el crecimiento había sido sólo del 3%. Dos décimas debajo del “gatillo” que disparaba el cupón de “PBI”.
Léase, el kirchnerismo no entendió que su “relato” sólo funcionaba para la política. Y, por cierto, sólo de vez en cuando: el Gobierno de Cristina enfrentó derrotas en las urnas en 2009, 2013 y 2015. Ella personalmente perdió los comicios senatoriales de 2017. Y luego, en el cuarto gobierno “K”, vio triunfar a la oposición en 2021 y 2023. Por el contrario, asumieron que el “relato” también servía para la administración económica y financiera del país. Creyeron que la impunidad con la que manejaron los asuntos públicos del país podía proyectarse a las relaciones internacionales. Que las cifras del PBI podían fraguarse igual que como se falseaban las del Indec y que nada iba a ocurrir. Intentar manipular la realidad para ajustarla al deseo es siempre un buen camino hacia la psicosis.
El instante que configuran los dos sucesos que atravesaron el miércoles, corriendo por cuerdas separadas, expone el desquicio kirchnerista: cuando son oposición, están dispuestos a hacer cualquier cosa para obturar a los que gobiernan. Y cuando son oficialismo, hacen cualquier cosa porque han probado que sólo saben desgobernar. A no olvidar que de la autora de la “comprobación empírica de ideas que no funcionan y funcionarios que tampoco funcionan” es también el éxito de la expropiación de YPF. A Repsol le pagaron 5.000 millones de dólares por el 51% de las acciones, cuando el 100% de la petrolera valía esa plata. Luego, se perdió un juicio contra los accionistas minoritarios, poseedores del 30%, a los que hay que indemnizar con 16.000 millones de dólares. O sea, habrá que pagar el triple del valor de la compañía por tan sólo un tercio de sus acciones.
Eso sí: todo era en nombre de la justicia social y la redistribución de la riqueza. En 2019 recibieron un país con un 35,5% de pobreza. Cuando entregaron el poder en 2023, la pobreza era ya del 41,1%.
Si esas son las “ideas que funcionan”, que funcione el Congreso les debe parecer cosa de gorilas…
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