12 Junio 2024
Sede del Indec
La Corte de Apelaciones de Inglaterra y Gales rechazó, este miércoles, la apelación de la Argentina contra el fallo que la obligaba a pagar a bonistas por la manipulación de datos del Indec durante el kirchnerismo, en la causa conocida como "Cupón PBI".
Ahora el Estado Nacional deberá pagar 1.300 millones de euros por el conflicto judicial, en el cual se quedó sin instancias para volver a apelar a menos que la Corte Suprema británica tome el caso, pero esto sería una posibilidad lejana ya que podría comprometer los intereses de ese país.
El juicio, iniciado en 2019, en principio obligaba a pagar casi U$S1.500 millones a cuatro fondos de cobertura por la manipulación de datos que realizó en 2013 quien era por entonces el secretario de Comercio y responsable del Indec, Guillermo Moreno, para evitar los pagos a bonistas por los llamados "Cupones PBI".
Los cupones PBI se emitieron en 2005 como parte de la reestructuración de la deuda defaulteada en 2002 y debían pagar rendimientos a los bonistas cada vez que la Argentina alcanzase un crecimiento de su Producto Bruto del 3,3% anual.
En aquel momento se buscó seducir a los inversores con una participación en las eventuales mejoras de la actividad económica y, al mismo tiempo, mantenerlo año a año sujeto a la capacidad de pago del Estado. Sin embargo, a partir de la segunda presidencia de Cristina Kirchner, comenzó un conflicto en torno a los pagos debido a que los datos del PBI publicados por el Indec comenzaron a ser manipulados, lo que desvirtuó el sentido de los cupones.
En el último trimestre del 2013, se cambió la fórmula de cálculo del PBI y el crecimiento anual de ese entonces cerró en 3,2%, un 0,1% por debajo del 3,3% que obligaba al pago. Así, ya no hubo nuevos desembolsos por ese concepto.
Esos pagos no concretados fueron los que generaron la demanda, que en abril del año pasado la Argentina perdió, por lo que apeló a principios del 2024. Pero ahora sufrió un nuevo revés.
“Hay que ver cómo reacciona la Argentina, que depositó 320 millones de euros como garantía para poder apelar, que hoy perdió. La estrategia legal argentina debe cambiar para no seguir perdiendo estos casos”, dijo a TN el analista Sebastian Maril, de Latin Advirsors, que sigue al detalle los casos judiciales por la deuda argentina.
“El fallo de 2023 desconecta el crecimiento económico real de los bonos y vincula injustamente los títulos a una medida obsoleta del producto bruto interno de 1993″, dijeron en su oportunidad los abogados del gobierno de Javier Milei. Cabe recordar que también señalaron que ante un pago forzoso en una recesión podría poner en peligro “la capacidad de la República para pagar tanto la deuda atada al PBI como la deuda convencional”.
Esos fondos puestos en garantía ahora se descontarán del monto total, 1300 millones más intereses, para pagar a los beneficiarios de la sentencia.
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