Una representatividad real de los candidatos que ganen en elecciones; un régimen que tienda a exigir a los partidos una mayor acreditación de afiliados; la incorporación de un registro único de afiliados para anular casos de inscripciones múltiples. Y la incorporación a las normas vigentes de las circunscripciones electorales uninominales a los efectos de las elecciones a concejales municipales. Esas son algunas de las propuestas, en materia electoral, formuladas por la Fundación Federalismo y Libertad, en una suerte de “Ley Bases” a la tucumana, que fuera anticipada por las autoridades de esa entidad en oportunidad del Foro Económico del NOA realizado a fines de abril en esta ciudad. Esas iniciativas fueron elevadas al gobernador Osvaldo Jaldo que, con su asistencia a aquel foro, del que también participó el ministro del Interior Guillermo Francos, rompió la tradición de ausencias de mandatarios a ese encuentro que convoca al sector públicos, a las empresas privadas y a la sociedad civil. El compendio de propuestas contempla, además, una reforma tributaria integral que, entre otras cuestiones, insta al gobierno a impulsarla para que se reduzca la presión impositiva de manera significativa eliminando el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en conjunto con una reforma de la coparticipación de impuestos. Esto, según Federalismo y Libertad, puede impactar en una reducción profunda del gasto público que libere la iniciativa privada e impulse la inversión con el fin de estimular la generación de trabajo.
También se sugiere avanzar con la coparticipación provincial, con el fin de darle más autonomía a los municipios y a las comunas rurales. “La propuesta plantea la creación de un municipio cabecera por departamento, acompañada del traspaso del impuesto inmobiliario y automotor desde la provincia hacia los municipios”, puntualiza el documento al que accedió LA GACETA. Este cambio, según los que participaron de su elaboración, tiene como objetivo fomentar la competencia fiscal entre los municipios otorgándoles mayor autonomía en la gestión de sus recursos. En consonancia con esta medida se contempla la eliminación de las comunas rurales, que pasarían a estar bajo la tutela directa del municipio correspondiente. Además, al transferir los impuestos a los municipios disminuiría la coparticipación que actualmente existe entre la provincia y los municipios.
La Fundación Federalismo y Libertad (FyL) es una entidad privada sin fines de lucro independiente de todo grupo político, religioso, empresarial y gubernamental, que promueve los valores de una sociedad libre y democrática, arranca el documento enviado al gobernador. “Por un lado, se incluyen proyectos de ley para realizar los cambios más urgentes y posibles. Por otro, se sientan las bases hacia futuras propuestas económicas, políticas e institucionales”, señala el trabajo de 26 páginas, que fue expuesto por los consejeros y economistas Gustavo Wallberg y Clemente Babot; Celina Moisá, coordinadora “Tucumán Futuro”; Bernabé Salas Arón, coordinador de Políticas Públicas de FyL; Valentina Ferre (Voluntaria FyL); Manuel Guisone, director de Operaciones de FyL; Ignacio Terán, director ejecutivo de la fundación y Nahuel Ríos, Investigación-Políticas Públicas.
Junto con la reforma impositiva surge la necesidad de reducir el tamaño del Estado, para que sea más austero y eficiente en sus gastos, indica la fundación. En este aspecto, se solicita al gobierno avanzar con reformas estatales como privatizaciones parciales y/o totales y concibiendo la fusión de algunos organismos.
Reforma política
Cambios a la ley de partidos políticos
Federalismo y Libertad sugiere reformar los artículos Artículo 9º, 13, 33 y 34 de la Ley 5.454 de partidos políticos. En primer lugar, los artículos reformados 9º y 13 elevan el porcentaje mínimo para acreditar afiliación a un partido político de 4‰ a 8‰. En segundo lugar, el 33 con la reforma propuesta anula la afiliación anterior a
un partido político cuando un ciudadano se afilia a uno nuevo incluso si los partidos corresponden a diferentes niveles como municipal, provincial o nacional. Por último, la reforma del artículo 34 agrega un Registro Único de Afiliados en la Junta Electoral que funcionará a los efectos de las anulaciones automáticas previstas en el artículo 33.
Transparencia
La información abierta del Estado
La fundación propone al Ejecutivo provincial que se adhiera a la Ley Nacional de Acceso a la Información Pública (27.275) y a la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (25.188). Asimismo, insta a modernizar las web ministeriales siguiendo los criterios de www.argentina.gob.ar/economia, incluyendo un espacio destinado a “Transparencia” donde se muestre datos abiertos de autoridades, ejecución presupuestaria, compras y contrataciones y Declaración Jurada de funcionarios. También vale para la web de la Legislatura, con la inclusión de una sección de “Ejecución Presupuestaria y Transparencia” con actualización mensual o trimestral.
Reforma tributaria
Disminución de la carga impositiva
De acuerdo al Consenso Fiscal 2017 se plante reducir las alícuotas del Impuesto sobre los Ingresos Brutos. También se propone eliminar Sellos sobre resúmenes de tarjetas de crédito y Salud Pública. La eliminación de retenciones y percepciones se presenta como una medida crucial para revitalizar la economía provincial. En caso de que esta acción no pueda implementarse de manera integral se sugiere priorizar la eliminación de las retenciones y percepciones bancarias. Asimismo, se impulsan modificaciones en el régimen de la coparticipación de la provincia a las municipalidades y comunas, algo fundamental para fortalecer su autonomía.
Achicamiento del Estado
Menos reparticiones y más privatizaciones
La Fundación plantea dos tipos de reformas en el organigrama del Poder Ejecutivo provincial: la privatización de organismos susceptibles de tal tratamiento y la eliminación y/o fusión de reparticiones que podrían considerarse duplicadas o innecesarias para un buen funcionamiento del Estado. “Entre los organismos sugeridos para privatizar podemos mencionar a la SAT-SAPEM, Canal 10 (la provincia
vende su parte de la sociedad), Caja Popular (en lugar de esta se crea un ente regulador del juego que dependa del Ministerio de Economía) y el Instituto de Previsión y Seguridad Social (sus afiliados pueden elegir prepagas según sus posibilidades), entre otros.