Por Luis María Ruiz
09 Junio 2024
CASA DE GOBIERNO. El informe de la ACIJ analizó los recursos y gastos de las áreas el Ejecutivo. LA GACETA / FOTO DE Analía Jaramillo
¿En qué se gastan los fondos públicos de Tucumán? Un informe elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) busca responder esa pregunta a través del análisis de los presupuestos 2023 y 2024. Y de la mano de una serie de observaciones y advertencias con relación al gasto estatal, se apuntó que la “motosierra” de la gestión de Osvaldo Jaldo tuvo un impacto superior al 33% en los recursos provinciales.
El trabajo -de 57 páginas- fue publicado esta semana por la organización sin fines de lucro, que desde 2002 efectúa estos aportes en pos del “fortalecimiento de la democracia en Argentina”, según su sitio web.
El documento, de autoría Marcelo Alejandro Giullitti Oliva -con la revisión de Sebastián Pilo-, consiste en el análisis comparativo del cálculo de fondos y gastos del Poder Ejecutivo (PE) de Tucumán según su jurisdicción y el destino de los fondos. “A través del presupuesto, el Estado puede garantizar una prestación eficaz, adecuada y suficiente de los servicios públicos tendientes a garantizar los derechos de las personas que habitan en su territorio o, por el contrario, implementar medidas que conduzcan a la vulneración de derechos y el incumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos”, se consignó en la introducción.
En cifras
El trabajo de la ACIJ acumuló toda la información disponible sobre las previsiones financieras del PE en el actual ejercicio y en el anterior. Luego, se formuló un pase de las cifras a valores reales -es decir, no sobre la base de las cifras nominales-, tomando como referencia la inflación acumulada, que alcanzó un 214,6% en 2023, según el Indec.
De este modo, para el Presupuesto 2023 -el último de la gestión de Juan Manzur- se estimó en un total de $1.586.163 millones ($1,5 billones); mientras que para el de 2024 -el primero de Jaldo- se fijó un monto de $1.052.158 millones ($1 billón).
El informe detalla que, en ciertas áreas, “esta disminución en términos reales es más acentuada”. Por caso, se mencionó el Ministerio de Desarrollo Social (con una disminución real del 48%), el Instituto de la Vivienda (43%) y el Ministerio de Educación (27%).
Por finalidad
En cuanto a la composición del gasto por jurisdicción, el documento elaborado por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia detalló que en ambos ejercicios (2023 y 2024) las tres áreas con mayor volumen de recursos resultaron el Ministerio de Educación, el Sistema Provincial de Salud y el Ministerio de Seguridad, acumulando entre las tres más del 60% del presupuesto.
“La composición del gasto también revela una preponderancia notable en el rubro de gastos en personal, con un 60% aproximadamente del gasto público en jurisdicciones afectado a este grupo, seguido por las transferencias, con aproximadamente el 20%, y los bienes de uso, con aproximadamente el 10%”, se remarcó en las conclusiones.
Por último, el estudio aportó tres recomendaciones. La primera, con el foco en la transparencia y la necesidad de datos abiertos; la segunda, sobre evitar el desfinanciamiento de áreas vinculadas a políticas sociales; y la tercera, sobre la importancia de promover instancias y mecanismos de participación ciudadana para el diseño presupuestario.
› Punto de vista
Con impacto directo en áreas críticas
La investigación reveló algunas cuestiones preocupantes: en primer lugar, una importante reducción presupuestaria que impacta de manera directa en áreas críticas para la satisfacción de derechos fundamentales, como educación, salud, vivienda y desarrollo social. El ajuste en muchas de esas áreas resultó aún mayor que el ajuste general del presupuesto. Sumado a la falta de información respecto a qué se destinan los fondos, las reducciones presupuestarias en áreas esenciales pueden comprometer el acceso de la población a derechos básicos y profundizar las desigualdades. En segundo lugar, el trabajo reveló que más de la mitad del presupuesto se destina a gastos de personal, mientras que los asuntos más relevantes que el Estado debe proveer a la ciudadanía -como obras públicas y ayudas sociales, asistencia al sector privado, becas y otras transferencias- representan juntos menos de un tercio del presupuesto. Finalmente, nos preocupa significativamente la opacidad respecto a la información presupuestaria. Es prácticamente imposible conocer las planillas que se adjuntan al proyecto de ley del presupuesto, y el formato de los archivos que el PE envía a la Legislatura dificulta el procesamiento de estos datos. La falta de transparencia obstaculiza la posibilidad de participación ciudadana en el presupuesto provincial, e impide un control efectivo de la ciudadanía sobre el uso de los fondos públicos.
Marcelo Giullitti Oliva
Abogado - consultor de la ACIJ
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