06 Junio 2024
Sandra Pettovello FOTO TOMADA DE LETRAP.COM.AR
El Ministerio de Capital Humano presentó a la Justicia este jueves, a última hora, un plan de reparto de los alimentos acopiados en los galpones de Villa Martelli, provincia de Buenos Aires, y Tafí Viejo, Tucumán. Este plan le había sido exigido al Gobierno por el juez federal Sebastián Casanello, en un fallo que Capital Humano apeló, pero que fue confirmado este miércoles la Cámara Federal.
El Gobierno informó que los alimentos más próximos a vencer serán distribuidos a través de Conin y el resto, en las escuelas más vulnerables, de acuerdo con parámetros que le presentó al juez.
En el fallo de la Cámara del miércoles, uno de los camaristas, Eduardo Farah, le había ordenado al Gobierno que entregara el plan de reparto dentro de las 24 horas, porque de lo contrario incurriría en desobediencia. Casanello, además, intimó al Gobierno a que le entregaras los expedientes correspondientes a las compras de la comida acopiada en los galpones.
Hace diez días, Casanello firmó una medida cautelar que incluía tres órdenes al Gobierno: que presentara el plan de reparto, que informara el stock completo de los alimentos acumulados y que aportara los expedientes de cada una de las compras.
Este último punto fue cumplido solo en parte por el Gobierno, que pidió sucesivas prórrogas, pero hasta ahora no los terminó de entregar, informaron fuentes con acceso al expediente. Por eso, Casanello volvió a ordenarle este miércoles que cumpliera y los entregara dentro de las 24 horas. Se trata de documentación clave para la causa, que tiene como objeto determinar si hubo un delito de parte de los funcionarios públicos acusados de haber violado sus deberes en cuanto al reparto de esa comida. Eso fue lo que denunció Juan Grabois, promotor de esta causa, y lo que buscan saber la fiscal Paloma Ochoa y el juez Casanello.
En los expedientes que está reclamando el juez deben figurar las normas y las razones que justificaron la compra de los alimentos y también el destino para el que se adquirieron. Por eso, es una prueba clave para los investigadores.
En cuanto al plan de reparto, el Gobierno se había negado a entregarlo argumentando que la exigencia implicaba una “intromisión” del Poder Judicial dentro de la esfera de actuación del Poder Ejecutivo Nacional. Alegó que es al Ministerio de Capital Humano al que le compete la ejecución de la política de seguridad alimentaria. Leila Gianni, representante de Pettovello en esta causa, acusó además a Casanello de ser un “juez militante” y dijo, frente a los magistrados de la Cámara Federal, que “ningún juez” le iba a decir al Gobierno cuál debía ser su política alimentaria.
Ante la confirmación de la Cámara Federal de la decisión del juez, Capital Humano informó este jueves a primera hora que presentaría todo lo requerido. Firmaron el fallo de la Cámara los jueces Martín Irurzun, Farah y Roberto Boico.
El voto del juez Farah fue terminante. El camarista advirtió que si Pettovello no cumplía con lo ordenado “en el plazo de 24 horas de notificada de este pronunciamiento [en referencia al fallo de la Cámara que confirmó la cautelar de Casanello], su conducta configurará el delito de desobediencia a una orden judicial (art. 239 del Código Penal), más allá de comunicar, a la ciudadanía, la traición a los postulados del sistema republicano”.
Farah le había dicho además a Casanello que si el Gobierno desconocía el fallo de la Cámara, él debería “asumir la obligación de formular la correspondiente denuncia criminal”. Y que tendría que exhibir “una mayor injerencia”, apelando al auxilio de la fuerza pública para “acceder a la custodia de la mercadería y para su inmediata disposición a través de las entidades que mejor y más rápido sirvan para que los alimentos lleguen a los más necesitados”.
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