La causa Adhemar navega en un mar de dudas procesales

La causa Adhemar navega en un mar de dudas procesales

Ya han pasado dos años desde que se inició la causa; los acusados no fueron enjuiciados y los ahorristas siguen peleando por su dinero.

UN FOTO HISTÓRICA. Gendarmes custodian a Edgard Bacchiani luego de haberlo detenido en una de sus propiedades en abril de 2022. UN FOTO HISTÓRICA. Gendarmes custodian a Edgard Bacchiani luego de haberlo detenido en una de sus propiedades en abril de 2022.

“La convicción de la empresa que dirijo siempre tuvo un solo fin que fue mejorar la condición de la calidad de vida de las personas”. Esas fueron las palabras que salieron de la boca de Edgar Bacchiani cuando se presentó de manera espontánea ante la Justicia a aclarar la situación de su empresa Adhemar Capital. Semanas después, el 22 de abril de 2022, el CEO de la firma fue detenido por personal de Gendarmería Nacional en Catamarca, base de las operaciones de una firma que habría cometido millonarias estafas con la compra y venta de criptomonedas. Han pasado más de dos años desde que se iniciara el caso y no hay ninguna solución. Hay tres causas abiertas que no terminan de cerrarse y lo que es peor, miles de ahorristas que siguen buscando la forma de recuperar el dinero que aportaron.´

Según la investigación, el autodenominado “Trader God” (El “Dios de las Transacciones”) comenzó a operar en el año 2018 en la vecina provincia. Fue captando ahorristas para que aportaran capital (especialmente en dólares) a cambio de suculentos intereses que iban del 7% al 20%. El negocio fue expandiéndose y, después de haberse afianzado en tierras catamarqueñas, abrió sucursales en Yerba Buena (Tucumán) y en el Cerro de Las Rosas (Córdoba). Aunque no tenía oficinas, en el expediente quedó probado que también realizó operaciones en Salta, Jujuy, Buenos Aires, La Rioja, Mendoza y San Luis, entre otras provincias.

EN YERBA BUENA. La sucursal que Adhemar Capital abrió en Tucumán. EN YERBA BUENA. La sucursal que Adhemar Capital abrió en Tucumán.

El sueño comenzó a destruirse en octubre de 2021, cuando el actual gobernador catamarqueño Raúl Jalil pidió a la Comisión Nacional de Valores y al Banco Central de la República Argentina informes sobre Adhemar y otras empresas que se estaban dedicando al negocio de la compra de criptomonedas. Al haber un informe desfavorable, los nervios de los inversores se transformaron en el retiro compulsivo de capitales.

En enero de 2022 comenzaron los problemas y Bacchiani ideó un plan que ofrecía pagar más intereses para que los ahorristas no retiraran los fondos o captar nuevos capitales. El sistema con el que pretendió buscar oxígeno terminó asfixiándolo. Dos meses después entró en cesación de pagos. “Así terminó de consolidar la estafa más grande de la historia en todo el NOA y una de las más importantes del país”, resumió el abogado Alfredo Aydar, que representa a más de 900 damnificados.

La investigación

El juez federal de Catamarca Alejandro Contreras, en base a un informe realizado por Gendarmería y a la cataratas de denuncias, comenzó con la investigación. Al tomar conocimiento que Adhemar Capital operaba en varias provincias, decidió acumular todas las causas. Los funcionarios judiciales aceptaron el planteo, todos menos la fiscala Valeria Rossi que decidió avanzar con la investigación lo que generó un enfrentamiento jurisdiccional. 

El magistrado decidió investigar a 18 personas y tomar medidas que sorprendió a propios y extraños. Entre otras, autorizar a Bacchiani a abandonar el calabozo para ir a su casa y realizar los trámites necesarios para que comenzara a devolver el dinero que él dijo tener en su poder. Los capitales nunca aparecieron y tampoco se concretaron los planes de devolución del dinero.

Contreras decidió imputar a Bacchiani y a otras 11 personas entre los que aparecen sus socios y allegados (ver aparte el listado) de los delitos de haber realizado operaciones financieras sin autorización, de defraudación, lavado de activos y de asociación ilícita. Declaró la falta de méritos a seis de ellos, entre los que se encuentran los tucumanos Lihue Banegas y Lucas Barrera Oro.

Si bien nunca trascendieron los montos de la defraudación, el magistrado trabó embargo a los acusados por $3.450 millones para que respondieran por el daño causado. Actualmente se espera que la Cámara Federal de Apelaciones resuelva algunos planteos para que finalmente se pueda solicitar la elevación a juicio de la causa. Bacchiani, el hombre que pensaba cambiar el NOA con las criptomonedas, inició su tercer año consecutivo encerrado en un calabozo y sigue sosteniendo que no lo dejan reintegrar el dinero.

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