IMPUTADOS. Herrera y Andrade fueron condenados a cuatro años de prisión domiciliaria y efectiva, respectivamente, tras reconocer la venta de droga.
“La verdad es que trabajaba en el Sistema Provincial de Salud hasta que fui cesanteado. Esta fue mi salida laboral para afrontar las necesidades de mi hija. Estoy arrepentido por el error que cometí. Por eso acepto esta condena”, aseguró Miguel “Liro” Andrade. Ayer, por medio de un juicio abreviado, Andrade recibió una condena a cuatro años de prisión, tras reconocer que tenía drogas con fines de comercialización. El condenado fue uno de los eslabones de una causa mediática.
En noviembre de 2020, en un informe presentado en “Panorama Tucumano” y en LA GACETA, se contó sobre una línea narco que se encontraba paralizada. En 2016 la Delegación Tucumán de la División Antidrogas de la Policía Federal, con autorización de la Justicia Federal, había comenzado a investigar un grupo que proveía drogas a diferentes redes de narcomenudeo de la Capital y de ciudades del interior de la provincia.
Según la pesquisa, el grupo podría haber traído marihuana de Corrientes y cocaína de Orán, y habría utilizado como centro de acopio y distribución de esas sustancias el Departamento de Operativos Móvil del Siprosa, que está ubicado a metros del barrio Juan XXIII (“La Bombilla”).
La investigación, dirigida por el fiscal Carlos Brito, se estancó. Después de que se realizara una pesquisa de casi dos años, el investigador solicitó en 2018 una serie de allanamientos. Según la información a la que tuvo acceso LA GACETA, estaba planificado realizar más de una treintena de allanamientos, movimiento sin precedentes en la historia de la provincia.
Sin embargo, el ex juez federal Daniel Bejas no sólo rechazó el planteo, sino que consideró que la investigación no estaba bien desarrollada y que debería hacerse de nuevo, lo que nunca sucedió.
En la investigación surgieron varios nombres, la gran mayoría empleados del Siprosa que también habrían tenido vínculos con ATSA, uno de los gremios del personal de la salud. Entre ellos aparecían Andrade, Darío “Hombre Lobo” Cardozo (también fue detenido y procesado por una causa de narcomenudeo) y Rubén “Leke” Suárez.
Por esa razón el ex legislador Ricardo Ascárate solicitó que se iniciara una investigación. El ahora ministro de Salud Luis Medina Ruiz corroboró la sospecha y confirmó que Cardozo y Andrade formaban parte de la planta permanente del Siprosa. Habían presentando certificados de antecedentes impolutos cuando ambos habían afrontado diferentes procesos penales. Pero al confirmar que eran “truchos” fueron cesanteados.
La detención
Por una investigación realizada por la Dirección General de Drogas Peligrosas (Digedrop) el 23 de noviembre se realizó un allanamiento en el barrio Juan XXIII. Allí arrestaron a Andrade y a Gabriela Herrera, pareja de “Liro”. En total, según, se explicó en una audiencia realizada ayer, la Policía secuestró 48 gramos de marihuana, $78.800 en efectivo y varios elementos que sirvieron para probar la comercialización de sustancias. “Toda esta droga, Su Señoría, claramente se encontraba destinada precisamente a la venta”, dijo el auxiliar Carlos Berarducci, que siguió las instrucciones del fiscal José Sanjuán.
En la investigación fue clave la declaración que realizó un testigo de identidad reservada que vendía la droga que le entregaba Andrade. “Me propuso que yo moviera para él o sea que vendiera para él. Una vez terminado lo que me entregara, él pasaría por mi casa y retiraría la plata y después me daría mi parte. Yo iba a su casa o él venía a la mía a retirar el efectivo. Mayormente él se encuentra por las noches, sabe sentarse fuera de la casa a observar el panorama, que no haya nada raro. No le vende a gente desconocida, sólo a conocidos”, declaró el joven, que también afrontó una pesquisa por narcomenudeo.
Al analizar el celular de Andrade, los investigadores encontraron mensajes como “deciles que pasen 5g”; “ahí en la zapatilla Adidas están los 30 gramos”; “tengo que vender”; y “que arme faso”, entre otros. También se extrajeron fotografías donde se observan cogollos de marihuana.
Berarducci durante la audiencia dijo que los acusados habían aceptado ser condenados a cuatro años de prisión. En el caso de Andrade será de cumplimiento efectivo y Herrera, con la modalidad de arresto domiciliario, ya que debe atender a sus dos hijos menores. El juez Guido Buldurini aceptó el acuerdo.
