31 Mayo 2024
CASA DE GOBIERNO / IMAGEN DE ARCHIVO
Las medidas para ajustar el gasto público en Tucumán suman una nueva herramienta. Se trata de la ley que prohíbe el cobro de dos haberes en simultáneo en el ámbito del Estado, por lo que los funcionarios y empleados que ya accedieron al sector pasivo deberán escoger entre su sueldo o su jubilación. ¿Cómo impacta esta norma?
El 30 de abril entró en vigencia la Ley 9.763, sancionada por la Legislatura a partir de un proyecto remitido por el gobernador, Osvaldo Jaldo, con la firma del ministro de Economía y Producción, Daniel Abad.
Este instrumento dispone que “ninguna persona podrá desempeñarse ni ser designada en más de un cargo o empleo público remunerado en el Estado Provincial”, salvo los casos previstos en la Constitución provincial, como la docencia y la investigación.
En otro apartado, añade que quienes perciban haberes por su retiro de cualquier régimen, sea nacional, provincial o municipal, “cesarán en el ejercicio de sus funciones o empleo público en un plazo de 30 días a contar desde la vigencia de la ley”, con excepción de quienes ocupen un cargo “que derive del voto popular”. Así, esta norma comenzó a estar operativo en Tucumán.
De todos modos, en el artículo siguiente se aclara que la autoridad con competencia para concretar una designación “podrá disponer excepciones” respecto al punto anterior “por razones de servicio debidamente justificadas”. En tal caso, añade el texto, se deberá optar “entre la percepción de su remuneración por el desempeño del cargo o la correspondiente a sus haberes previsionales”.
El último párrafo, que no formaba parte del proyecto original y fue agregado durante el tratamiento parlamentario, advierte que las disposiciones de esta normativa no serán aplicables para los jueces de la Corte Suprema de Justicia ni de tribunales inferiores; ni el ministro público fiscal, el ministerio de la Defensa ni los vocales del Tribunal de Cuentas.
Así, el efecto de esta legislación se observará especialmente en el ámbito de los ejecutivos y de los cuerpos parlamentarios de nivel provincial y municipal.
En los despachos
Las autoridades de cada órgano del Estado comenzaron a recibir los avisos de los funcionarios alcanzados por esta ley.
En el ámbito del Poder Ejecutivo, según señalaron fuentes de la Casa de Gobierno, el recién ratificado interventor del Ente Regulador de Servicios Públicos de Tucumán (Ersept), José Ricardo Ascárate, habría optado por percibir sólo su sueldo como funcionario. De esta manera, el experimentado ex legislador habría resignado su jubilación. Resta ver qué resuelve el gobernador Jaldo respecto a otros funcionarios, como el del secretario de Hacienda, Fernando Solórzano.
En la Legislatura hay varios casos vinculados a la interna entre manzuristas y jaldistas. La lista incluye al prosecretario administrativo, Oscar Fioritto; al director de Relaciones Institucionales, Ramón Vicente Nicastro; a los ex ministros Eduardo Garvich y José Alberto Cúneo Vergés, a la ex secretaria general de la Gobernación, Silvia Laura Pérez, al ex funcionario del Siprosa, José Gandur y al ex defensor del Pueblo Fernando Said Juri Debbo. En el entorno del vicegobernador Miguel Acevedo dan por ratificados hasta el momento a Fioritto, a Nicastro y a Cúneo Vergés.
La Ley 9.763 también tendrá repercusiones en el ámbito municipal. Fuentes de la sede de 9 de Julio y Lavalle indicaron que este régimen alcanzará a los ex policías con prestación de servicios en el área de Tránsito de la Capital; entre ellos, los comisarios retirados Fabián Salvatore y Ricardo Horacio Fresneda. De hecho, en la equipo de la intendenta Rossana Chahla se menciona que dichas funciones serán asumidas por la directora administrativa de esa repartición, Viviana Tirone.
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