Dos policías integrarían una banda “polirrubro”

Son seis por ahora los detenidos de la banda “polirrubro” que fueron imputados por asociación ilícita y a quienes se les dictó la prisión preventiva, pero el número podría crecer en las próximas horas porque las medidas judiciales continúan en varias provincias. El primero en caer fue el policía César Maximiliano Pacheco, en noviembre, quien fue señalado como uno de los líderes de la agrupación, pero ayer se les dictó también la máxima cautelar a Enrique Alfredo Mendoza, Jorge Abel Carrizo, Gustavo Nicolás Ávila, Uriel Ledesma y al policía Santiago Maximiliano Pesoa. Todos ellos, según la acusación, habrían cumplido tareas dentro de la banda que robaba vehículos que luego eran utilizados para realizar “escruches”, luego modificaban los autos y motos, falsificaban su documentación y finalmente vendían los rodados en nuestro país y en Bolivia.

La punta del ovillo

En la audiencia de ayer se revelaron varios puntos de cómo funcionaba la organización, a la que se llegó luego de una larga investigación conjunta entre el personal de la Fiscalía de Robos y Hurtos I, a cargo de Diego López Ávila, y de la dirección de Investigaciones y otras divisiones policiales a cargo del comisario Miguel Carabajal. La organización parecía ir borrando sus rastros, hasta que en dos hechos comenzaron a surgir algunos indicios que empezaron a delatarla. El primero fue un escruche ocurrido en Yerba Buena, en el que los ladrones se llevaron -entre otras cosas- un celular y una camioneta VW Amarok. El rastreo del teléfono llevó a la Policía hasta una finca de Leales, donde hallaron la camioneta sin sus cubiertas. Según explicó la auxiliar fiscal Fernanda Antoni Piossek, en ese lugar no encontraron responsables, pero sí información que terminó siendo la punta del ovillo de esta investigación.

Así surgió, entre otros datos, que podían haber usado un Citroën C3 para cometer el ilícito. En ese auto fue detenido Pacheco cuando circulaba por Yerba Buena. El policía le exhibió a sus colegas documentación falsa del vehículo y terminó preso por encubrimiento, alegando que le habían vendido un auto sin saber que los papeles estaban adulterados, pero el análisis de su celular lo terminó comprometiendo mucho más.

El segundo hecho que expuso a algunos miembros fue el asalto a un adolescente de 14 años. Según la denuncia, dos motochorros rodearon al menor en Las Heras al 3.000, lo encañonaron y le pegaron un culatazo para robarle una motocicleta Crypton 110 cc. Testigos informaron que los autores podrían haber sido Ávila y Ledesma, también indicaron dónde residirían. En principio parecería ser solo un caso más de robo agravado, pero cuando “los celulares hablaron”, y se encontró vínculos telefónicos entre Pachecho y Ávila, se terminó considerando este hecho como una operación más de las tantas que cometía esta banda.

La estructura

Antoni Piossek detalló que la banda operó entre mayo de 2023 y noviembre del mismo año. “Esta Fiscalía entiende que Pacheco y Mendoza, jefes de la organización, se asociaron con la finalidad de conseguir ganancias mediante actividades delictivas. Se apoderaron de automóviles y motocicletas que eran robados, o que tenían irregularidades, también obtenían armas de fuego sin autorización. También se encargaban de modificar el exterior de los vehículos: los pintaban y les cambiaban las patentes para evitar que se los reconociera. Luego utilizaban esos vehículos para cometer robos y finalmente los vendían”, explicó la auxiliar fiscal, que solicitó imputar a Mendoza en calidad de jefe de la organización, como ya lo había pedido para Pacheco hace un mes. En caso de ser condenados, podrían recibir una pena de hasta 20 años de prisión.

En segundo orden, detalló, estaban Ávila y Ledesma, quienes se habrían dedicado a robar motos, luego se las entregaban a los jefes, que les pagaban un precio pactado.

Como tercer paso, Pacheco le consultaba a Pesoa, que trabajaba en la división del 911, si los vehículos tenían pedido de secuestro para venderlos inmediatamente o disponer de ellos por un tiempo. Pesoa le informaba el estado de los rodados y habría recibido pagos por esa información. El defensor Matías Díaz Molina planteó que: “Pesoa no era parte de la organización y nunca supo que estaba colaborando con una asociación ilícita. No actuó con dolo al proporcionarle esos datos a Pacheco”. Sin embargo hay otras pruebas que vincularían a ambos policías.

Por último estaba Carrizo, quien vendía los autos que le entregaban Mendoza y Pacheco con documentación y patentes adulteradas. Las defensoras Victoria Maza Salomón y Carolina Homet reconocieron que Carrizo vendía vehículos, como también colchones, pero se opusieron a que fuera acusado como parte de la organización. “Mendoza era solo uno de sus proveedores, de hecho la vez que Carrizo detectó que le habían vendido un auto sin documentación presentó una denuncia por estafa en el Centro Judicial de Monteros. Por falta de tiempo, no pudimos presentar esa prueba para esta primera audiencia, pero se puede constatar”, explicó Maza Salomón.

Pablo Cuezzo, que defendió a Mendoza, Ávila y Ledesma, cuestionó que no habría pruebas suficientes para vincular a los sospechosos en una asociación ilícita. Reclamó principalmente por el caso de Ledesma, dado que a diferencia de los otros, no se encontró nada de relevancia en su casa cuando la allanaron.

Quedaron detenidos

La Fiscalía pidió cuatro meses de prisión preventiva. Antoni Piossek explicó que resta detener a otros acusados que están prófugos. Planteó que en libertad los cinco nuevos imputados podrían entorpecer la pesquisa, dado que la banda habría actuado en varias ciudades y tendría nexos con personas de varias provincias (Buenos Aires sobre todo) y Bolivia.

Los defensores pidieron medidas de menor intensidad y, en algunos casos ofrecieron el pago de cauciones, pero esos planteos fueron rechazados. La jueza Alejandra Balcazar ordenó la preventiva para los cinco por el plazo de dos meses. Todas las defensas impugnaron el fallo.