Por Carlos Fernando Chamorro
Durante los últimos seis años, en Nicaragua hemos vivido bajo un estado policial de facto que eliminó todas las libertades democráticas. No hay libertad de reunión o asociación, y también han prohibido la libertad religiosa. En 2021 canceló la posibilidad de celebrar elecciones libres, y desde 2022 incrementó su implacable persecución contra la sociedad civil, cerrando más de 4.000 asociaciones y organizaciones no gubernamentales, incluyendo universidades privadas, asociaciones empresariales, y organizaciones religiosas.
Las cárceles han vuelto a llenarse. Hoy hay más de 140 presos políticos, y más de 100 detenidos bajo arresto domiciliario de facto. Ante esta escalada totalitaria, la prensa independiente en el exilio representa la última reserva de todas las libertades.
En Nicaragua no están permitidos los corresponsales extranjeros, y tampoco existen fuentes independientes, a las que se puedan atribuir datos, informaciones, o análisis de la realidad nacional. Todas las fuentes, sin excepción, demandan el anonimato como una condición para hablar con la prensa, por temor a represalias oficiales.
Esta doble criminalización de la libertad de prensa y la libertad de expresión, con el propósito de silenciar a los periodistas, a las fuentes informativas y la libertad de opinión, representa la última etapa de un largo proceso de demolición del estado de derecho en los últimos 15 años.
Uno nunca está preparado para dejar su patria y salir al exilio. A finales de 2018 y otra vez a mediados de 2021, me tocó enfrentar la agonía de ese dilema: ser detenido ilegalmente y silenciado en la cárcel, o salir al exilio con mi esposa, cruzando la frontera de Costa Rica por puntos ciegos, para preservar mi libertad y poder seguir ejerciendo el periodismo. Ahora, toda mi redacción y prácticamente toda la prensa independiente de Nicaragua está en el exilio.
*Fragmento del discurso de aceptación de la Pluma de oro de Wan-Ifra en Copenhague.