Por Gustavo Rodríguez
30 Mayo 2024
LUJOSO LOCAL. Edgard Bacchini inauguró un local de su empresa en la avenida Solano Vera, en Yerba Buena. LA GACETA / FOTO DE ANTONIO FERRONI (archivo)
Tucumán no fue ajeno a este tipo de maniobras. En los últimos años hubo dos empresas que aparecieron en el mercado ofreciendo suculentas ganancias a cambio de que aportaran capitales. Los inversionistas no sólo quedaron maravillados con los resultados que conseguían, sino que se transformaron en los mejores publicistas para que otros aportaran sus ahorros. El sueño se hizo añicos a los pocos meses. Las dos firmas quebraron y no pudieron cumplir con sus compromisos. Menos del 10% pudo recuperar su dinero y hasta el día de hoy continúan esperando una respuesta por parte de las autoridades.
La primera de ella fue conocida como Intensive Live Tucumán. Se trataba de una firma supuestamente radicada en los Estados Unidos y con sedes en distintos países de Latinoamérica dedicada al transporte de pasajeros premium.
Los inversionistas podían convertirse en socios de la empresa con una inversión mínima de U$S 300 y ofrecían una rentabilidad del 20% mensuales, aunque esos porcentajes se incrementaban si el aporte era mayor. Esa era la fachada de una supuesta estafa piramidal que cautivó a miles de tucumanos. Algunos hablan de 10.000 otros de 15.000, pero como es normal en este tipo de casos, muchos prefirieron no realizar las denuncias. En principio, el monto de la defraudación sería de U$S 15 millones.
La causa, después de zanjar la cuestión de competencia, terminó en manos de la justicia federal y poco se sabe el estado en el que se encuentra el expediente. Fueron denunciados por estafa, lavado de activos y de formar una asociación ilícita Agustín Carlos Ajimastro y Esteban Adolfo Monrroy.
Made in Catamarca
El bonaerense Edgard Bacchiani se instaló en Catamarca y durante años ideó un sistema que revolucionó esa provincia. Creo la empresa Adhemar Capital, que se dedicaba a las transacciones con criptomonedas. Con el correr de los años, se afianzó y decidió expandirse. Abrió oficinas en Yerba Buena y Córdoba y captó ahorros en La Rioja, Buenos Aires, Salta, Jujuy, Neuquén y Río Negro, entre otros.
El negocio era el mismo de todos. Recibía pesos y dólares y pagaba suculentos intereses. El final también fue el mismo que tuvieron estas firmas. Después de confirmarse que no tenía autorización para operar, comenzó a demorar los pagos y por último, cerró sorpresivamente las puertas de sus sucursales.
El caso Adhemar pasará a la historia no sólo por el mecanismo de engaño que habría ideado, sino por los intríngulis judiciales que provocó. Un conflicto que hasta fue ventilado en las revistas del corazón. En la investigación fue mencionado Roberto García Moritán, el marido de Carolina “Pampita” Ardohain. Según la Unidad de Información Financiera, Bacchiani, antes de que cayera su negocio, hizo millonarias transferencias a sus cuentas. El ex legislador y empresario negó esa posibilidad.
Lo único cierto es que el caso Adhemar originó que se manejen tres expedientes de manera paralela. Ellos son:
1- La Justicia Federal fue la primera que comenzó a investigarlo por asociación ilícita, lavado de activos, estafa y por haber realizados operaciones financieras sin autorización. Ahí fueron a parar las causas iniciadas por tucumanos.
2- La justicia ordinaria de Córdoba, a pesar de la oposición de los catamarqueños y de la justicia federal, avanzó y pidió que sea enjuiciado por 50 causas de estafas.
3- El fuero civil de Catamarca decretó la quiebra de Adhemar. Comenzó a pagar a sus acreedores y luego dejó de hacerlo de manera sorpresiva.
“Digamos que hay una diferencia entre las estafas que cometieron Leonardo Cositorto y Bacchiani”, se apuró en aclarar el abogado Alfredo Aydar que asiste a los tucumanos damnificados por las dos empresas. “Generación Zoe era más bien una cuestión sentimental, pero lo de Adhemar fue una cuestión mucho más grave en los que terminaron involucrados los poderes políticos catamarqueño, tucumano y riojano”, añadió el profesional.
Aydar también fue claro a la hora de definir por qué avanzó en Córdoba y no en Tucumán. “Allí está acusado de un delito que contempla una pena máxima de seis años. Es muy poco para una persona que habría cometido una defraudación de hasta lo que se pudo saber U$S 200 millones”, finalizó.
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