VIDEO. Movilización en contra de los ajustes en discapacidad

“La discapacidad no es un negocio”, “no al recorte en discapacidad” y “todos tenemos los mismos derechos” son algunos de los lemas que pintaron plaza Independencia ayer. Prestadores terapéuticos y educativos de Tucumán y familias se reunieron para manifestar su rechazo a un decreto presidencial que podría dejar sin prestaciones a miles de personas con discapacitados.

El decreto desregularía el Sistema Único de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad. Con esto, los valores arancelarios de los prestadores podrían fijarse de forma independiente; estas prestaciones fueron establecidas por ley, hace 25 años, y se conformó un nomenclador que fija un valor único para cada una. Ahora, todo podría cambiar. Según explicó a LG Play Josefina Bidegorry, presidenta de la Cámara de Instituciones Terapéuticas y Educativas de Discapacidad de Tucumán, “el decreto propone la desregulación del nomenclador, lo que quiere decir que se elimina la igualdad de acceso a los tratamientos a personas con discapacidad. Hoy por hoy -indicó- el arancel es único a nivel nacional; no es algo que ni prestadores o padres tengamos que salir a pelear con las obras sociales o con las prepagas. Si este decreto sale, el arancel quedaría en manos de las obras sociales. Ellos podrían establecer los aranceles a pagar, y esto generaría pacientes de primera, de segunda y de tercera categoría”.

Actualmente, los aranceles son uniformes y son establecidos por un directorio que incluye representantes de la sociedad civil, prestadores y organismos del Estado. Según indicó la representante, con el decreto los prestadores terapéuticos podrían no cubrir sus costos. “Nuestros servicios no aumentan; nuestro miedo es que las obras sociales regulen para abajo -advirtió-; en caso de que esto avance, es probable que muchas instituciones tengan que cerrar sus puertas, porque no van a poder sostener los costos. Hablamos de instituciones terapéuticas y educativas, de estimulación temprana, de apoyo a la integración escolar, de educación especial, de centros de día, de hogares y también de centros de formación laboral”.

La movilización también incluyó a transportistas, como Diego Ibáñez, presidente de una asociación que los nuclea. “El decreto pone en riesgo las prestaciones básicas garantizadas por el Estado. Si se firma, las tarifas se desregularán y variarán entre obras sociales, creando una disparidad que muchas familias no podrán cubrir”, señaló.

En la Cámara calculan que la desregulación afectaría a 10.000 familias, a 500 transportistas y a más de 4.000 profesionales. En el país, los números crecen, por eso ayer también hubo reuniones en toda la Argentina. En Buenos Aires, los manifestantes se nuclearon frente a la quinta presidencial de Olivos para dejar un petitorio al Presidente.