Protestaron en las puertas de Casa de Gobierno por los ajustes en discapacidad

Protestaron en las puertas de Casa de Gobierno por los ajustes en discapacidad

"Esta medida podría llevar al cierre de muchas instituciones que no podrán sostener sus costos", afirmaron.

29 Mayo 2024

Diferentes prestadores terapéuticos y educativos de Tucumán se congregaron esta mañana frente a la Casa de Gobierno para manifestar su rechazo a un proyecto de decreto que consideran perjudicial para las personas con discapacidad. La manifestación, que se replicó en varias provincias, fue organizada por la Cámara de Instituciones Terapéuticas y Educativas de Discapacidad de Tucumán.

Josefina Bidegorri, presidenta de la Cámara, explicó los alcances y peligros del decreto. "Este decreto, presentado a principios de mayo, está a la espera de la firma del Presidente y del jefe de Gabinete. Lo que propone es la desregulación del nomenclador, lo que eliminaría la igualdad de acceso a los tratamientos para personas con discapacidad", comentó Bidgorri. 

Actualmente, los aranceles son uniformes a nivel nacional y son establecidos por un directorio que incluye representantes de la sociedad civil, prestadores y organismos del Estado. "Si el decreto se aprueba, las obras sociales podrán fijar sus propios aranceles, lo que generará desigualdades en el acceso a servicios de calidad", añadió.

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Posibles cierres

Bidgorri señaló que esto podría llevar al cierre de muchas instituciones que no podrán sostener sus costos, afectando servicios esenciales como estimulación temprana, integración escolar, educación especial, centros de día y terapéuticos, hogares y formación laboral.

La protesta en Tucumán contó con una reunión con Daniel García, del Ministerio de Gobierno, quien se comprometió a intervenir con los diputados provinciales para apoyar el petitorio contra el decreto. "Hemos recibido siempre el apoyo del gobierno provincial en nuestras movilizaciones, y esperamos que esta vez no sea la excepción", expresó Bidgorri.

La movilización también incluyó a transportistas, como Diego Ibáñez, presidente de una asociación que los nuclea. "El decreto pone en riesgo las prestaciones básicas garantizadas por el Estado. Si se firma, las tarifas se desregularán y variarán entre obras sociales, creando una disparidad que muchas familias no podrán cubrir", señaló.

Sobre la protesta

La manifestación en Tucumán, al igual que en otras partes del país, tenía como fin visibilizar el impacto negativo que este decreto tendría en más de 10.000 familias, 500 transportistas y más de 4.000 profesionales, solo en la provincia. Los manifestantes esperan que su reclamo llegue a las autoridades nacionales y se evite la firma del decreto.

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