29 Mayo 2024
La Legislatura abordará mañana en sesión la ratificación del Decreto de Necesidad y Urgencia que designa a José Ricardo Ascárate como interventor del Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersept) hasta octubre de 2027. Se trata de una medida que sorprendió a todo el arco político e institucional de la provincia, ya que aún rige una intervención dispuesta en marzo en ese organismo y que debía finalizar en julio. Pero además, supone la ratificación de una materia que todos los gobiernos esquivan abordar: la normalización de los entes autárquicos.
En Tucumán, la situación es generalizada. La Caja Popular de Ahorros, el Subsidio de Salud, el Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual (Ipacym), el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (Ipvdu) y el Instituto Provincial de Lucha contra el Alcoholismo (IPLA) son algunos ejemplos.
El Subsidio de Salud, creado en 1969, es el adelantado. Sus autoridades fueron suspendidas en 1990 por el decreto 1.217, que establecía que en seis meses se debía integrarse el nuevo directorio a través de comicios, para elegir a los representantes de los empleados y de los jubilados, pero estos nunca se llevaron a cabo. El 16 de marzo de 1973, mediante la ley N° 3910, el entonces gobernador Oscar Sarrulle transforma la Dirección Provincial de Cooperativas en Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual, intervenido desde 1998. El Ipvdu fue creado como entidad autárquica en diciembre de 1969 mediante la ley N° 3619; debe ser conducido por un presidente designado por el Poder Ejecutivo, con acuerdo del Poder Legislativo, y dura cuatro años en el cargo; desde 1991 se suceden los interventores. El IPLA, nacido en 1994 y vuelto a crear en 2002 mediante la ley N° 7243, se halla intervenido. En 2007, la Legislatura sancionó una norma que prescribía la normalización de las entidades estatales intervenidas, pero el entonces gobernador José Alperovich la vetó.
Año tras año y gestión tras gestión se suceden las promesas de normalización, pero eso nunca ocurre. De los planteos políticos se llegó a una presentación judicial que aún está abierta. Desde mediados de 2023, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán debe resolver si confirma o no la sentencia dictada en noviembre de 2020 por la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo, mediante la cual se había ordenado al Poder Ejecutivo finalizar -en un plazo de 60 días- con las intervenciones dispuestas en la conducción de tres entes autárquicos provinciales.
A partir de la acción de amparo promovida hace nueve años por el ex legislador Alberto Colombres Garmendia (PRO-JxC), los jueces Carlos Giovanniello y Ebe López Piossek (con la disidencia de María Florencia Casas) habían instado a la administración de Juan Manzur a “normalizar” el Ipsst, el Ipvdu y el IPLA. Este fallo fue recurrido por el Gobierno provincial, por lo que estos organismos continúan sin la “designación regular de autoridades”, como había resuelto la Sala II.
Así, a esa larga lista de entes sin normalizar, el mandatario Osvaldo Jaldo sumó ahora al Ersept. Según Ascárate, en este tiempo volverá a dotar al organismo de un perfil técnico, alejado de la política. Se trata, nada más ni nada menos, que del ente que debe fiscalizar la prestación de servicios esenciales, como el agua y la luz.
Esos argumentos no convencieron a los referentes de la oposición, indignados por la extensión de la intervención. Conveniencia, comodidad e intereses políticos son algunas de las causas por la que tantos organismos continúan intervenidos. Es mucho más sencillo para un gobernante lidiar con una sola persona -por lo general, de su confianza- que consensuar políticas para estas reparticiones autárquicas con un directorio. Esto permite ejercer un control directo y de ese modo, evitar también posibles conflictos y desobediencias. Sin embargo, nada de eso justifica la aceptación de una medida que debería ser excepcional.
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