Por Martín Soto
29 Mayo 2024
El ruido institucional y político que provocó el veto parcial del gobernador Osvaldo Jaldo a la ley -impulsada por el oficialismo- que otorgaba prerrogativas a auxiliares fiscales y a jueces penales todavía resuena en la Legislatura, en la Casa de Gobierno y en el Palacio de Justicia. La determinación caló hondo en el bloque Justicialista, donde hay legisladores que quedaron ofuscados por el desenlace. Pero el vicegobernador Miguel Acevedo anticipó a LA GACETA que la Cámara no insistirá con la norma.
“El Poder Legislativo no va a insistir (con la sanción de la ley). Preferimos convocar a una mesa de trabajo para llegar a la mejor solución, sacando algo consolidado”, expresó Acevedo a este diario. Añadió que trabajarán para brindar las mejores herramientas para la Justicia, y que precisamente ese fue el espíritu que movilizó a los legisladores que impulsaron la iniciativa.
La Constitución de Tucumán señala en su artículo 71 que el Poder Ejecutivo deberá promulgar en un plazo de 10 días hábiles las leyes sancionadas por la Legislatura. Durante dicho plazo podrá oponerle su veto, que podrá ser total o parcial en forma fundada. En su artículo siguiente fija que, producido el veto parcial, la Legislatura deberá pronunciarse y aceptar o no el veto parcial. “Devuelto el proyecto por el Poder Ejecutivo, con veto total o parcial (...), si la Legislatura insiste en su sanción con dos tercios de votos de sus miembros presentes, el proyecto es ley y el Poder Ejecutivo está obligado a promulgarlo. En caso contrario no podrá repetirse en las sesiones de ese año”, establece el artículo 74.
“Sin chisporroteos”
El vicegobernador evitó polemizar sobre lo sucedido y remarcó que es potestad del Poder Ejecutivo oponer un veto (total o parcial) a una ley sancionada. “Lo que destaco de esto es que hay un funcionamiento pleno de los tres poderes. Vamos a seguir trabajando juntos, sin chisporroteos”, declaró. Acotó que ya brindó su postura sobre el tema al presidente de la bancada, Roque Tobías Álvarez.
Precisamente, hoy al mediodía está prevista una reunión del bloque oficialista para limar asperezas. La intención es despejar cualquier duda que haya quedado entre los parlamentarios y calmar las aguas de cara a la sesión de mañana. “En todos los bloques se cuecen habas”, comentó un legislador oficialista por el oeste. Manifestó que lo importante es trabajar para ver cómo se solucionan las cuestiones planteadas por la Justicia porque hay una falla. “Sí hace falta estos privilegios a los auxiliares fiscales es porque hacen falta fiscales”, reflexionó. Consideró que el tema tomó un voltaje elevado porque fue tensionado por un sector de la oposición.
Registro taquigráfico
El proyecto para realizar modificaciones a las leyes vinculadas a la administración de justicia ( 9.119 y 6.238) ingresó con las firmas de Mario Leito, Sergio Mansilla (presidente subrogante) y Gerónimo Vargas Aignasse. Fue remitida a las comisiones de Asuntos Constitucionales e Institucionales, Seguridad y Justicia y Legislación General. Obtuvo dictamen favorable del último comité, el cual es presidido por Vargas Aignasse. La iniciativa, que se votó a mano alzada, fue aprobada por unanimidad en general. En la votación en particular, hubo rechazo parcial del segundo artículo. Se dejó constancia de los votos negativos de Raquel Nievas, Silvia Elías de Pérez, José Seleme, Manuel Courel, José Cano y Ernesto Gómez Gómez Rossi, según consta en la versión taquigráfica.
En la transcripción del debate parlamentario también consta que Álvarez había advertido en el recinto que el proyecto que se estaba tratando por pedido de los jueces ante los legisladores “puede ser motivo de una revisión. “Y tal vez lo sea, porque luego de ver las potestades y facultades que van a tener los auxiliares de fiscales y posiblemente lo primero sea una cuestión de forma, no hay más auxiliares de fiscales, hablemos en todo caso de fiscales subrogantes, tal vez”, dijo. Y añadió en otro momento: “no sé si estamos duplicando hoy la cantidad de fiscales, es así de simple. Porque no puede ser auxiliar alguien que tenga todas las facultades, todas las potestades de avanzar en lo mismo que tiene el titular”.
Cortocircuito
El gobernador Jaldo justificó el lunes el veto parcial de la ley. Aseguró que las medidas “eran anticonstitucionales y no respondían a leyes vigentes”. “Somos los más interesados en cubrir las vacantes del Poder Judicial (PJ) y lo hemos demostrado con hechos concretos. Hay que seguir fortaleciendo el Poder Judicial, pero dentro de los marcos constitucionales y legales”, enfatizó.
El principal defensor de la iniciativa en el recinto fue el legislador Vargas Aignasse, quien consideró en las últimas horas que los argumentos del veto parcial están alejados de la realidad. “No puede ser inconstitucional un fiscal auxiliar con facultades delegadas y ser constitucional un defensor oficial con facultades delegadas. No puede dársele facultades a quien defiende al delincuente y negarlas al que lo va a investigar”, cuestionó.
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