28 Mayo 2024
La Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto hoy, por unanimidad, las absoluciones del empresario Cristóbal López y su socio Fabián de Sousa en una causa donde fueron acusados de retener $ 8000 millones en impuestos a los combustibles y utilizar ese dinero para capitalizar su grupo económico Indalo, en lugar de entregarlo al Estado. Ahora se deberá dictar un nuevo fallo.
Un tribunal oral federal había absuelto a López y De Sousa, condenando solo al extitular de la AFIP, Ricardo Echegaray, a cuatro años y ocho meses de prisión. En el juicio oral, concluido en diciembre de 2021, los jueces Fernando Machado Pelloni y Javier Ríos votaron por la absolución de los empresarios, mientras que el juez Andrés Basso votó en disidencia por la condena de todos. La Cámara de Casación confirmó el 23 de octubre de 2023 la absolución de López y De Sousa, ordenando además recalcular la pena impuesta a Echegaray, al considerar que el cómputo estaba incorrecto.
El fallo de la Cámara de Casación, emitido por los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone, concluyó que la petrolera de López y De Sousa se benefició de una autorización ilegítima otorgada por Echegaray, lo que causó un perjuicio al Estado. Sin embargo, confirmaron la absolución de los empresarios aplicando el beneficio de la duda, al entender que las pruebas eran insuficientes para condenarlos.
El fiscal Mario Villar presentó un recurso extraordinario contra esa decisión, pero la Casación no lo concedió. La fiscalía insistió con un recurso de queja directo ante la Corte Suprema, que accedió a tomar el caso y hoy dejó sin efecto las absoluciones. El fallo unánime lleva la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
La condena contra Echegaray, dictada el 16 de diciembre de 2021 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de la Capital Federal, incluyó una inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública. El delito por el que se lo condenó fue administración fraudulenta, agravado por haber sido cometido en perjuicio de la administración pública.
En la causa se juzgó el otorgamiento de planes de regularización de deudas impositivas por falta de pago del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL). De Souza y López fueron juzgados como partícipes necesarios del delito, acusados de financiar la expansión de su grupo económico mediante préstamos "intercompany" equivalentes al dinero que dejaban de pagar al fisco gracias a los planes de regularización concedidos por Echegaray.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3, sin embargo, concluyó que no se probó que la intervención de De Souza y López fuera más que solicitar facilidades de pago, por lo que, por mayoría, los absolvió. Además, la fiscalía solicitó la reparación integral del perjuicio ocasionado, lo cual fue denegado por el tribunal.
El procurador general interino, Eduardo Casal, señaló que el tribunal valoró de manera aislada el pedido de López y De Sousa de un plan de pagos y que, en contexto, había múltiples indicios que probaban la acusación. No se tuvo en cuenta que el financiamiento del grupo económico de López y De Souza vía diferimiento del pago de impuestos fue central en su estrategia financiera.
La Corte, en su sentencia, remitió al dictamen de la Procuración y dejó sin efecto, en parte, la sentencia apelada, en cuanto rechazó el recurso de casación presentado por el fiscal Villar contra la absolución de De Souza y López.
En septiembre de 2013 y marzo de 2016, el diario La Nación reveló que López y De Sousa habían utilizado los miles de millones de pesos que debían girar a la AFIP en concepto del impuesto a la transferencia del combustible (ITC) para comprar empresas y financiar sus operaciones, lo que llevó a la apertura de la investigación penal, la detención de los dueños del Grupo Indalo y la condena de Echegaray.
López y De Sousa construyeron un imperio de 170 empresas. Paralelamente a la investigación penal, la petrolera Oil Combustibles, la nave insignia del Grupo Indalo, entró en concurso de acreedores. En dicho expediente, la Cámara de Apelaciones concluyó en 2020 y 2021 que la gestión de López y De Sousa al frente de la petrolera fue "ruinosa" y "fraudulenta" desde 2011, año en que la adquirieron.
El fiscal Mario Villar presentó un recurso extraordinario contra esa decisión, pero la Casación no se lo concedió; es decir, no le habilitó el camino a la Corte. La fiscalía insistió con un recurso de queja directo ante la Corte Suprema, que accedió a tomar el caso y hoy dejó sin efecto las absoluciones.
El fallo de la Corte es unánime y lleva la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
La condena contra Echegaray fue dictada el 16 de diciembre de 2021 por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de la Capital Federal. Incluyó contra el funcionario una inhabilitación especial perpetua para ejercer la función pública. El delitos por el que se lo condenó fue administración fraudulenta, agravado por haber sido cometido en perjuicio de la administración pública.
En la causa se juzgó el otorgamiento de planes de regularización de deudas impositivas por falta de pago oportuno de las liquidaciones correspondientes al Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL).
De Souza y López fueron juzgados como partícipes necesarios del delito. En la acusación se sostuvo que los empresarios, contando con la anuencia de AFIP, financiaron la expansión de su grupo económico mediante préstamos “intercompany” por montos equivalentes al dinero que dejaban de abonar al fisco en concepto de ICL, impuesto cuyo pago diferían sistemáticamente gracias a los planes de regularización concedidos por el funcionario competente.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de la Capital Federal, sin embargo, dijo que no se probó que la intervención de De Souza y López fuera otra cosa más que pedir a las autoridades facilidades de pago. Por eso, por mayoría, los absolvió. Además, la fiscalía solicitó que se ordenara la reparación integral del perjuicio ocasionado por el delito, lo que fue denegado por el tribunal interviniente.
En su dictamen, el procurador general interino, Eduardo Casal, que oficia de fiscal ante la Corte, señaló que el tribunal valoró de manera aislada el pedido de López y De Sousa de un plan de pagos y que puestos en contexto, había múltiples indicios que probaban la acusación. No se tuvo en cuenta -dijo el procurador Casal- que “el hecho de que el financiamiento del grupo económico de López y De Souza vía diferimiento del pago de impuestos fue central en su estrategia financiera”.
En su sentencia, la Corte remitió al dictamen de la Procuración y dejó sin efecto, en parte, la sentencia apelada, en cuanto había rechazado el recurso de casación presentado por el fiscal Villar contra la absolución de De Souza y López.
El origen
La Nación reveló en septiembre de 2013 y marzo de 2016 que López y De Sousa habían apalancado la expansión del Grupo Indalo en los miles de millones de pesos que debieron girar a la AFIP en concepto del impuesto a la transferencia del combustible (ITC), pero que utilizaron para comprar empresas y financiar sus operaciones.
Aquella revelación periodística provocó la apertura de la investigación penal que meses después llevó a la detención de los dueños del Grupo Indalo y a la condena, años después, de Echegaray.
López y De Sousa construyeron un imperio de 170 empresas. En simultáneo con la apertura de la investigación penal, la nave insignia del Grupo Indalo, la petrolera Oil Combustibles, entró en concurso de acreedores. Dentro de ese expediente -que todavía se tramita en el fuero en lo Comercial-, la Cámara de Apelaciones emitió dos resoluciones a finales de 2020 y a principios de 2021 en las que concluyó que el proceder de López y De Sousa al frente de esa petrolera fue “ruinoso” y “fraudulento” desde 2011; es decir, desde el momento mismo en que la adquirieron.
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