28 Mayo 2024
OPERATIVOS DE PREVENCIÓN. Se desplegaron grupos de agentes para disuadir las peleas callejeras. Foto de archivo LA GACETA / Por Inés Quinteros Orio
El gobernador Osvaldo Jaldo dispuso la modificación del decreto 1290/1, que había sido dictado para aplicar medidas ante las peleas callejeras protagonizadas por estudiantes que habían generado conmoción en la provincia.
El nuevo instrumento (que lleva el número 1.533/1) fue publicado en la edición de hoy del Boletín Oficial de la Provincia, y establece cambios en la letra de los tres artículos centrales de la norma.
En los considerando, el mandatario remarcó que, a través del decreto 1290/1, se había puesto el foco en acciones tendientes a la “prevención, disuasión e intervención frente a los graves hechos de agresiones y alteración del orden público entre jóvenes alumnos de distintos establecimientos educativos de la Provincia”.
El titular del Poder Ejecutivo consideró que estas medidas “han sido eficaces para preservar y resguardar la seguridad pública”, así como para “evitar el peligro de muerte o lesiones entre los participantes y otras personas”. Y añadió que, a dos semanas de la puesta en vigencia del texto, “se considera necesaria su adecuación a la actual situación”.
Los cambios
El decreto 1.533/1 fue rubricado también por los ministros Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad) y Susana Montaldo (Educación).
La normativa anterior, a través del artículo 1°, instruía a la Policía de Tucumán “a adoptar las medidas preventivas de seguridad que fueren necesarias” ante las peleas callejeras, “con facultades para aprehender a los partícipes, instigadores y promotores de la perturbación del orden público y ponerlos a disposición del Poder Judicial”. El nuevo texto modifica la expresión “aprehender” por “trasladar”.
El texto original, en el artículo 2°, instaba a “los establecimientos educativos -de gestión pública y gestión privada- a los que pertenezcan los alumnos involucrados a adoptar las medidas disciplinarias de expulsión, pudiendo la Provincia de Tucumán, en caso de tratarse de instituciones que reciban subsidios y aportes del Estado, disponer la quita de los mismos”. Además, se advertía que dichos alumnos “no podrán ser admitidos en ningún otro establecimiento durante el presente ciclo lectivo”. El nuevo decreto renueva toda la redacción de este apartado, e instruye a escuelas y colegios a “adoptar las medidas disciplinarias respecto a sus alumnos involucrados en los actos de vandalismo, agresiones o afectación del orden público”. “En caso de resultar condenados en sede judicial, las sanciones podrán llegar a la expulsión”, señala la norma vigente.
El artículo 3° del decreto anterior, finalmente, llamaba a padres y tutores de los alumnos “a involucrarse directamente en el asunto” de la violencia callejera; y advertía que el PE podía “adoptar sanciones disciplinarias en caso que resultaren agentes públicos provinciales, municipales y comunales; sin perjuicio de la responsabilidad civil que les corresponda”. Ahora, este párrafo fue reescrito. “Los padres y/o tutores de alumnos que participen en actos de vandalismo y agresiones en la vía pública deberán responder ante las autoridades administrativas y judiciales que correspondan, sin perjuicio de su responsabilidad solidaria por los daños que ocasionen según lo dispuesto en el artículo 1.754 del Código Civil y Comercial de la Nación", señala el decreto vigente. La normativa de fondo a la que se alude establece que “los padres son solidariamente responsables por los daños causados por los hijos que se encuentran bajo su responsabilidad parental y que habitan con ellos, sin perjuicio de la responsabilidad personal y concurrente que pueda caber a los hijos”.
Por último, el decreto 1.533/1 establece que su validez “regirá a partir de la fecha de su publicación”, por lo que ya se encuentra operativo.
Tres claves
1) A principios de mayo, se viralizaron videos de adolescentes protagonizando batallas campales en la vía pública, a la salida de la escuela.
2) El Gobierno provincial reaccionó con un decreto que disponía medidas drásticas, incluyendo la aprehensión de los jóvenes.
3) Si bien recibió apoyo del oficialismo, opositores y distintas entidades cuestionaron ciertos puntos de la norma, que ahora fue modificada.
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