Ante la anomia estatal crecen las usurpaciones

La falta de viviendas, por un lado, y la escasez de terrenos aptos para el desarrollo urbano, por otro, son problemas de escala mundial, pero que en territorios pequeños, densamente poblados y con un importante crecimiento demográfico, como es el caso de la provincia de Tucumán, adquieren una gravedad mayúscula, sobre todo si se observan las proyecciones de cara un futuro no tan lejano.

A este cuadro se le suma otro factor, también de índole global, que es la tendencia en aumento de las migraciones desde los sectores rurales a las áreas urbanas, por varias razones: se buscan mejores oportunidades, mejor calidad de vida, mejor acceso a la educación, al empleo y a los servicios básicos, además de que la automatización de las actividades agroganaderas han ido restando puestos de trabajo en el campo.

Estos fenómenos migratorios, más el natural crecimiento vegetativo de la población, hacen que la demanda de tierras y de casas en las ciudades vaya a contramano de una oferta en constante contracción.

El resultante de esta sensible insuficiencia -no olvidemos que se trata del hogar donde deben vivir cientos de miles de familias y donde deben desarrollarse las futuras generaciones- está provocando distintos tipos de transgresiones, usurpaciones de tierras públicas y privadas, loteos clandestinos, violaciones a las leyes, destrucción del medio ambiente, radicación en espacios no aptos para habitar o de alto riesgo, e incluso poniendo en riesgo la vida y la integridad de muchas personas, tanto de los nuevos ocupantes irregulares como de los antiguos residentes consolidados.

Observamos en Tucumán numerosos y alarmantes ejemplos en esta dirección, como ya dijimos, que no sólo comprometen el presente, sino que plantean un futuro próximo de preocupante gravedad.

Viviendas que se erigen en áreas protegidas, como es el caso de las casas que se siguen expandiendo en el Parque Sierra de San Javier, destruyendo los bosques nativos y su fauna; los asentamientos precarios que avanzan peligrosamente sobre los márgenes de los ríos a lo largo de la provincia; las usurpaciones de tierras desocupadas estatales y particulares, muchas veces impulsadas y amparadas por la política electoralista; la ampliación anárquica de los barrios populares que ya conviven en el hacinamiento, el caos y la carencia de servicios; y la apropiación de sectores públicos destinados a otros fines, y con ello su sentencia de muerte, como son los espacios verdes o los terrenos ferroviarios, por citar dos ejemplos.

La anomia estatal para ordenar este descalabro urbano y social de consecuencias impredecibles es un gran incentivo para las transgresiones, tanto para quien por sus urgencias y miserias asume riesgos extremos, como para el delincuente que aprovecha la falta de controles para hacer negocios con la necesidad ajena.

Un ejemplo muy céntrico es el del riesgoso asentamiento precario en Marco Avellaneda, entre avenida Sarmiento e Italia, junto a las vías del ferrocarril Mitre, con edificaciones, cada vez más consolidadas, que van desde los propios rieles del tren hasta el cordón de una vereda que ya no existe, con inseguras conexiones clandestinas de todo tipo. Se trata de familias enteras, con niños que utilizan peligrosamente parte de la calzada como si fuera una acera, en medio de un intenso tránsito, poniendo en riesgo no sólo sus vidas sino también la de los conductores. Hace apenas una década en ese sector había dos casillas, hoy ya es un barrio.

Esta situación se repite en toda la provincia y no se percibe que el gobierno provincial ni los municipios y comunas estén prestándole la debida atención ni se muestren a la altura de este gravísimo problema.