Prometía viviendas del IPV a cambio de dinero

Condenaron a una mujer a dos años y ocho meses de condicional por estafar a 15 personas prometiéndoles adjudicarles una propiedad perteneciente al Instituto Provincial de la Vivienda a cambio de altas sumas de dinero. La imputada deberá abonar $4.000.000 como reparación económica que será distribuida entre las víctimas.

Según explicó la auxiliar de fiscal María Paula Bellomio, la imputada Norma Patricia Venchiarutti (56 años), “se aprovechó de la necesidad habitacional de las víctimas” y entre los años 2019 y 2022 engañó a 15 personas prometiéndoles ingresarles una carpeta dentro del Instituto Provincial de la Vivienda asegurándoles que en poco tiempo les entregarían una propiedad en Lomas de Tafí. Por dicho trámite les cobraba a sus “clientes” altas sumas de dinero, por lo que llegó a recolectar una cifra millonaria en pesos e inclusive pagos en dólares.

Venchiarutti utilizó distintos métodos para captar a sus víctimas. Algunas llegaban hacia ella por recomendación de otros clientes -que tiempo después también se vieron afectados-, y otras la conocían porque iban a comprar al drugstore de la imputada y ella aprovechaba para dar a conocer su negocio.

Según reconstruyeron los investigadores, la mujer utilizó diferentes versiones para convencer a los damnificados. En algunos casos les decía que trabajaba o que tenía contactos en el IPV o en el Ministerio de Desarrollo Social para conseguirles la adjudicación de una vivienda. En otros casos les dijo que su hija tenía una vivienda en Lomas de Tafí y que estaba por mudarse a Córdoba por lo que necesitaba vender la propiedad para ayudarla económicamente.

Para reforzar su credibilidad, contactaba a las víctimas con una persona que se hacía pasar por su abogado bajo el nombre de Juan Carlos Varela (quien también está siendo investigado). Ellas se reunían con él, les explicaba cómo serían los pasos a seguir y en algunas oportunidades ambos llevaban a los interesados al barrio para conocer la fachada de su futura vivienda. Una vez que las víctimas le abonaban el dinero, Venchiarutti les entregaba un pagaré y documentos falsos firmados por una supuesta escribanía y les decía que su trámite estaba en proceso. Con el tiempo dejaba de responder a los mensajes y llamadas telefónicas y desaparecía.

Múltiples víctimas

Los damnificados al darse cuenta de que habían sido engañados comenzaron a escracharla a través de las redes sociales. Fue así que descubrieron que eran varias las personas que habían caído en su trampa, por lo que empezaron a contactarse entre ellos y a armar grupos de WhatsApp para juntar más denuncias en su contra.

Los miembros de la Fiscalía de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, coordinados por la instructora Justina Delaporte y siguiendo las instrucciones del fiscal Mariano Fernández, analizaron las denuncias, la evidencia documental y las declaraciones aportadas por las víctimas y llegaron a la conclusión de que Venchiarutti generó un daño patrimonial de más de $4.000.000, y que en la mayoría de los casos las víctimas tuvieron que solicitar un préstamo para pagar el servicio. “Ellos pensaban que era real y que en algún momento se daría la situación”, dijo la representante del Ministerio Público Fiscal.

Según mencionó la auxiliar de fiscal, en 2019 Venchiarutti le pidió a L.J.K $200.000 en tres pagos. Meses después logró que C.P.E le abonara durante tres años un total de $300.000. A C.A.V le causó un daño de $550.000 y U$D 1.000. La víctima S.J.J en 2021 le pagó $50.000 y U$D1.100; P.A.A $300.000 y V.V.E $600.000. En 2022 L.I.M le entregó a la imputada $300.000; V.R.R $196.900 y U$D 1.400; N.M.A y S.P.F le dieron $600.000 cada una; V.L.R $300.000; L.R $200.000; L.J.E $500.000. C.M.L le dio entre 2019 y 2020 $250.000 y U$D 1.000. Finalmente G.V.E en 2019 le entregó U$D 3.000, equivalentes a $300.000 en ese momento.

El caso comenzó a ser investigado por la Fiscalía de Delitos Complejos de Mariana Rivadeneira. Tras la creación de la Fiscalía de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, el legajo pasó a manos de la Unidad Fiscal que conduce de Fernández en febrero. En el marco de la investigación se realizaron dos allanamientos en el domicilio de la imputada, ubicado en Alberdi al 100..

El primero fue en noviembre de 2022, donde la División de Delitos Telemáticos secuestró un pagaré por el monto de $600.000 firmado por Venchiarutti; 12 decretos de adjudicación de unidad habitacional; dos actas de entrega de adjudicación de vivienda; siete formularios del IPVDU; electrodomésticos y recibos de transferencias bancarias y de extracción de dinero de cajeros automáticos.

El segundo allanamiento fue practicado el 9 de abril de 2024. Allí el personal policial secuestró celulares y aprehendió a Venchiaruti.

Además, la Fiscalía informó que la mujer no poseía bienes a su nombre. “Es importante recalcar esto porque generalmente son personas que se presentan a terceros como personas que tienen recursos económicos o un apoyo para llevar adelante este tipo de maniobras, cuando en realidad no tienen ese sustento económico y así engañan a las víctimas”, sostuvo Bellomio.

La auxiliar fiscal imputó a Venchiarutti por el delito de estafas reiteradas en 15 oportunidades y presentó un convenio de juicio abreviado al cual arribaron junto a la acusada y su defensor oficial Rodrigo Nieva. El acuerdo planteaba que la mujer recibiría una pena de dos años y ocho meses de prisión de ejecución condicional y entregaría una reparación económica de $4.000.000 en total, que luego la Fiscalía distribuirá de manera proporcional al perjuicio sufrido por cada una de las víctimas.

Luego de que la representante del MPF expusiera en qué consistía el abreviado, cuatro de las víctimas manifestaron no estar de acuerdo con el planteo y dijeron que preferían que la causa se resuelva mediante un debate oral.

La jueza Fanny Siriani explicó que eran mayor cantidad las víctimas que prestaban conformidad y que las evidencias presentadas eran suficientes para probar los hechos por el cual se acusaba a Venchiarutti. Fue así que la magistrada resolvió homologar el convenio de juicio abreviado, luego de que la imputada reconociera su responsabilidad penal.

La magistrada aceptó la condena y el resarcimiento económico propuesto, pero aclaró que la sentencia no quedaría firme así las víctimas que no compartían el acuerdo puedan impugnar el fallo, si así lo desean, en los próximos días.