Anatomía de una ley sin padre y su impacto en la ecuación del poder

Es inédito que una ley aprobada por mayoría no tenga padre. Curiosamente, eso es lo que ocurre con el proyecto que equipara funciones y atribuciones de los auxiliares fiscales con las de los fiscales titulares. La iniciativa, sancionada con los votos del oficialismo, del alfarismo y del bussismo hace más de una semana, hoy se encuentra huérfana y con serias posibilidades de ser vetada. Porque, de manera insólita, nadie levanta la mano para decir “yo fui” y hacerse cargo de la paternidad.

Aunque se trata de un tema de administración de justicia, lo aprobado puede tener un impacto directo en el día a día de los tribunales tucumanos. Según el texto, en caso de que sea promulgado el polémico artículo los auxiliares fiscales podrán realizar todos los actos que autoriza a los fiscales el Código Procesal Penal de Tucumán vigente. Cuando se debatió en el recinto, legisladores radicales advirtieron que los auxiliares son empleados del Ministerio Público Fiscal, designados mediante la lapicera de Edmundo Jiménez y que no pasan el proceso de selección del Consejo Asesor de la Magistratura (CAM). Incluso, tampoco se sabe cuántos son porque se trata de nombramientos internos. Con esos fundamentos, desde su aprobación los opositores piden al gobernador Osvaldo Jaldo que vete el proyecto.

En idéntico sentido se pronunció el Colegio de Abogados de la Capital a través de su presidente, Rodolfo Gilli. “Estas modificaciones permiten la designación de personal del Ministerio Público Fiscal de carácter auxiliar, confiriéndole facultades propias de un fiscal titular que goza de sus funciones en el marco de la Constitución Provincial y las leyes, que además asignan un mecanismo de selección y designación mediante concurso de antecedentes y oposición ante el CAM”, alertó en una nota dirigida a Jaldo.

Pocos saben qué votaron

A 10 días de la sanción en el recinto, la sensación es que pocos saben realmente lo que votaron ese día y por qué lo hicieron. Siguiendo el rastro formal del expediente, los firmantes del proyecto que llegó con dictamen favorable de la Comisión de Legislación General fueron los oficialistas Mario Leito, Sergio Mansilla y Gerónimo Vargas Aignasse. De hecho, este último fue quien defendió la iniciativa.

Sin embargo, en la Cámara corre la versión de que era un pedido de la Casa de Gobierno y del Ministerio Público Fiscal, en el Palacio Gubernamental aseguran que nadie habló antes con ellos y en la Corte Suprema de Justicia sostienen que permanecieron ajenos a esa discusión.

Es decir, en la cúpula de los tres poderes del Estado desconocen –o se ocultan mutuamente- quién pidió esa ley y eso desparrama desconcierto hacia abajo. Principalmente, porque legisladores que levantaron la mano están siendo objetos de un escarnio público y temen quedar expuestos por un asunto del que ningún “jefe” se hace responsable. En la Cámara aseguran haber escuchado al vicegobernador Miguel Acevedo decir que no sabe de dónde surgió la idea, aunque otros parlamentarios están convencidos de que pasó directamente de las manos del presidente de la Cámara al propio Leito para su impulso. En el entorno del gobernador, en tanto, se jactan de que Jaldo tiene las manos libres para vetarla porque nadie le consultó antes cómo vería una norma de esas características. Y finalmente alrededor del titular de la Corte, Daniel Leiva, dudan de que haya movido un dedo para apuntalar una propuesta que beneficiaría a Edmundo Jiménez.

Precisamente, todas las miradas se posaron sobre el titular del Ministerio Público Fiscal, porque en el mundillo político recuerdan que los sondeos por este proyecto comenzaron desde las oficinas de avenida Sarmiento al 400 ya en la gestión anterior.

Más allá de los reparos respecto de una eventual inconstitucionalidad o de los argumentos en favor de aliviar los atiborrados despachos de los fiscales, lo cierto es que detrás de esta discusión hay una puja de poder. Según la Carta Magna y las leyes reglamentarias, en Tucumán los fiscales, jueces y defensores deben rendir concursos en el Consejo Asesor de la Magistratura y elevar al gobernador una terna con los mejores puntajes de los postulantes a cubrir un cargo vacante. El mandatario, a su vez, debe optar por uno de esos nombres y remitirlo a la Legislatura, que finalmente da o no acuerdo para su designación. De la misma manera, también la Legislatura tiene relevancia a la hora de la destitución de un magistrado o de un fiscal, que sólo pueden ser removidos mediante un Jury de Enjuiciamiento integrado por parlamentarios.

Así las cosas, lo que da vueltas por la cabeza de algunos oficialistas es que estas modificaciones aprobadas, en caso de promulgarse, le quitarían poder e injerencia a la política en la confección y en el diseño de la Justicia, además de pulverizar el CAM y el sentido de los concursos. Como contrapartida, ¿quién podría concentrar ese poder? De nuevo, todas las miradas indiscretas señalan al ex ministro de Gobierno de José Alperovich. Según el texto, los auxiliares ganarían facultades y funciones que hoy corresponden a los fiscales que pasan por el tamiz del CAM y de los poderes Ejecutivo y Legislativo. El asunto es que esos auxiliares son empleados designados por Edmundo Jiménez y removidos, eventualmente, por él. Es decir, aunque sean personas de confianza de los fiscales y muchos sean propuestos por ellos, en definitiva dependen de una sola persona. Y por sus manos podrían pasar investigaciones que incomoden al poder. O no.

“Están sobredimensionando el tema”, se escudó un oficialista que acompañó el proyecto. Efectivamente, en el peronismo están molestos porque entienden que el radicalismo hurga en este proyecto pero se distrae con una controvertida decisión de Jaldo que involucra a uno de ellos. Esto, en alusión a la extensión de la intervención del ente de control de los servicios públicos de luz y de agua hasta la finalización del mandato, y que a cargo del Ersept quede el ex legislador José Ricardo Ascárate.

En definitiva, el razonamiento es simple: ¿Por qué alguien cedería el poder que tiene y se lo daría a otro? En la Casa de Gobierno y en la Legislatura están sorprendidos por el avance de la iniciativa e incluso por su aprobación, al punto que ese misterio fue tema de conversación en los despachos gubernamentales en los últimos días. También, parte de las charlas informales entre legisladores y Acevedo durante un asado realizado ayer en la casa que el legislador alfarista Rolando “Tano” Alfaro tiene en Raco.

Hay quienes relacionan este tema, además, con la reunión que el jueves mantuvieron a solas el gobernador, el vicegobernador y Mansilla, presidente subrogante de la Cámara y uno de los firmantes del proyecto. Mientras tanto, el texto aprobado es husmeado en los escritorios de la Fiscalía de Estado que encabeza Gilda Pedicone de Valls y en la Secretaría General de la Gobernación que lidera Federico Nazur, a quienes Jaldo les encargó el análisis. El miércoles vence el plazo para que el titular del Poder Ejecutivo tome una decisión. Si decide el veto, expondrá a los legisladores propios y aliados que levantaron la mano -aseguran- convencidos de que era un asunto acordado en lo más alto del poder. Pero, además, ratificará el enfrentamiento político con el jefe de los fiscales penales. Estos cruces institucionales tuvieron su pico máximo con la puesta en vigencia de la ley de narcomenudeo en la provincia y también sumó otros episodios más recientes, como en la previa del juicio al presunto narco Miguel “Miguelón” Figueroa. A punto de naufragar por amenazas contra fiscales y jueces, el mandatario decidió interceder para ofrecer garantías de seguridad a los magistrados. Si finalmente la promulga, algo que por estas horas pierde fuerzas, corre el riesgo de que lluevan planteos de inconstitucionalidad y la posibilidad de que se impugnen procedimientos llevados adelante por los auxiliares. Pero, fundamentalmente, compartirá poder. Y eso sí sería una situación inédita en su manera de hacer política.