Por Gustavo Rodríguez
24 Mayo 2024
UN JUICIO HISTÓRICO. De los 47 acusados por los trágicos episodios, solo 42 terminarán escuchando la sentencia, ya que cinco fallecieron. La Gaceta / foto de Analía Jaramillo
Más de la mitad de los imputados suspiraron aliviados cuando escucharon que el Ministerio Público no los acusaría de ningún delito. Pero el Estado, que asumió la querella en el juicio por la sedición policial que derivó en los trágicos saqueos de diciembre 2013, solicitó a un tribunal que los 42 procesados recibieran penas.
Entre el 8 y el 13 de diciembre, el Gran San Miguel de Tucumán quedó envuelto en el caos por la huelga protagonizada por los empleados policiales. Centenares de tucumanos salieron a las calles para quedarse con todo lo que se encontraban a su paso, mientras otros montaban barricadas y guardias para proteger sus bienes.
Los fiscales Adriana Giannoni (ya jubilada) y Diego López Ávila realizaron una investigación para acusar a 47 personas de haber cometido diferentes ilícitos durante esos trágicos días. Después de casi 11 años de espera, se inició el debate de un juicio extenso y cargado de cruces entre las partes, los testigos y hasta los mismos enjuiciados.
CUANDO REINÓ EL CAOS. Centenares de tucumanos salieron a saquear los supermercados.
Los auxiliares Gerardo Arch y Rafael Heredia Carreño, dirigidos por el fiscal Daniel Marranzino, y la querella coincidieron en señalar que no había elementos para sostener la acusación de privación ilegítima de la libertad (en la mayoría de los casos) y de incumplimiento a los deberes de funcionarios públicos. Sólo pidieron responder por el delito de sedición agravada por ser miembros de una fuerza de seguridad y por haber utilizado sus armas de fuego.
EL CABECILLA. Los acusadores pidieron que Diego Herrera sea penado. La Gaceta / foto de Analía Jaramillo
La diferencia se presentó en a quiénes les atribuían esos cargos. Los representantes del Ministerio Público decidieron acusar a 19 de los imputados, mientras que la querella representada por Soledad Lozano y Santiago Xamena decidieron pedir que todos sean condenados. En el viejo código procesal, no acusar a una persona significa que el tribunal no puede hacer otra cosa más que absolver.
Las diferencias
Una de las diferencias más importantes fue la postura que tomaron con la situación del ex jefe de Policía Jorge Racedo, el único funcionario de peso que se sentó en el banquillo de los acusados. Los representantes del MPF alegaron que no había pruebas suficientes para reprocharle alguna actitud. “En las audiencias no surgió ningún tipo de prueba en la que se pudiera encontrar otro ilícito que no sea por el que llegó imputado”, dijeron los representantes del Ministerio Público.
“Fue acusado de incumplimiento a los deberes de funcionario público, pero en el debate quedó demostrado que colaboró y que actuó para frenar la protesta. Y si no hizo más, fue porque la Justicia intervino y rechazó el desalojo que había solicitado la fiscala Adriana Reinoso Cuello”, sostuvieron los acusadores.
EN DUDA. La fiscalía no acusó al ex jefe de Policía Jorge Racedo.
Los querellantes compartieron el criterio de los representantes del MPF sobre el delito de incumplimiento de sus deberes como funcionarios públicos, pero consideraron que con su conducta debía ser condenado por ser copartícipe del delito de sedición policial, por lo que solicitaron que se le dicte una pena de seis años de cumplimiento efectivo.
Dos grupos
Los acusadores coincidieron en dividir a los sediciosos en dos grupos. Por un lado, los cabecillas y, por el otro, los que tuvieron algún tipo de participación. Para los auxiliares, fueron cinco los líderes de la protesta (pidieron penas de seis años) y para los representantes del Estado, 10 (solicitaron penas de entre 10 y 15 años).
“Todavía seguimos sin entender cuáles son las intenciones de la querella. En el caso de mi asistido Eugenio Alejandro Mamaní y Flavia Bedmar estuvieron detenidos un año y medio. La fiscalía le retira la acusación y ellos pretenden que reciban duras condenas sin ningún fundamento”, explicó Ernesto Baaclini.
Los representantes del Ministerio Público entendieron que de los otros imputados, al menos 14 tuvieron algún tipo de participación, por lo que pidieron penas de tres años de cumplimiento condicional. Los 22 restantes no recibieron acusación alguna. En tanto que la querella pidió penas para los otros 31. Solicitaron seis años para siete y para los otros 24, tres años que cumplirán sin ir a la cárcel.
“La estrategia de la querella es clara. Como son representantes del Estado pretenden que se dé un mensaje claro y que todos reciban un castigo”, explicó la defensora Julieta Jorrat. “Es entendible que se intente que esos episodios no se repitan nunca más, pero debe probarse que hay culpables”, añadió.
De los 42 procesados que esperan sentencia, 23 siguen perteneciendo a la fuerza porque las normas establecen que no pueden ser desplazados hasta que la Justicia resuelva su situación. Los representantes del Gobierno solicitaron que se les impida cumplir funciones o ocupar cargos públicos, por lo que deberían quedar fuera de la fuerza. El MPF también hizo la misma solicitud, pero para ocho. La prohibición oscila entre los seis y 30 años de duración.
La línea política
A lo largo del debate, que se extendió durante ocho meses, varias partes explicaron que además de los policías, había responsables políticos en la tragedia que sufrió el pueblo tucumano. Señalaron al ex gobernador José Jorge Alperovich, a todos los funcionarios del área de seguridad de ese entonces y a otros efectivos. Los acusadores por el momento no solicitaron que se los investigue. Pero las defensas, que comenzarán a alegar a partir del martes, sí lo harían.
“Por supuesto que aquí no estuvieron sentadas varias personas que nunca fueron investigadas. Una de ellas es la dirigente Stella Maris Córdoba que prestó una sede para que los acusados se reunieran varias veces y el día que comenzó todo”, sentenció Jorrat. “Faltaron muchos otros”, añadió.
Al debate aún le quedan al menos tres semanas de audiencias. Luego de escuchar a los defensores y a los imputados, el tribunal integrado por Gustavo Romagnoli, Fabián Fradejas y Luis Moralez Lezica dará a conocer el fallo.
Las muertes y una confesión de parte
“El acta de acuerdo que firmaron con el gobierno cuando finalizó el conflicto fue una confesión de parte. No sólo reconocieron cuáles fueron los motivos de la huelga, sino que además se comprometieron a deponer su actitud si se cumplían con su exigencia. Más claro imposible”, dijeron los representantes del Ministerio Público Fiscal Gerardo Arch y Rafael Heredia Carreño. Había dos tipos de cabecillas: los que formaban parte de la fuerza y los que habían sido exonerados, que según surgió en el juicio fueron los más agitadores. De esos sólo Diego Herrera llegó a juicio, ya que los otros dos, Ángel Chaile y Miguel Ángel Toledo fallecieron antes. Pasó lo mismo con Julio Acosta y Mario Hernández. En tanto que el acusado Daniel Narváez murió cuando estaba siendo enjuiciado.
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