El Colegio de Abogados también quiere que se veten las nuevas atribuciones de los auxiliares fiscales

La polémica por las nuevas funciones que se les otorgaron a los auxiliares fiscales a partir de la modificación de una ley relacionada con la administración de Justicia está lejos de apaciguarse. Es que la norma, a pesar de haber sido aprobada en general, recibió duros cuestionamientos en particular. Y si bien tuvo el apoyo de la bancada oficialista y de algunos opositores, otros, como uno de los bloques de la UCR, decidieron pintarse la cara y, en pie de guerra, le pidieron al gobernador Osvaldo Jaldo que directamente vete la modificación. Quien ahora se sumó a ese pedido fue nada menos que el presidente del Colegio de Abogados de la Capital, Rodolfo Gilli, en representación de toda la institución.

La modificación, en síntesis, consistió en que a partir de la nueva norma los auxiliares fiscales podrán realizar todos los actos que autoriza a los fiscales el Código Procesal Penal de Tucumán vigente. Pero los opositores objetan justamente que los auxiliares no pasan el proceso de selección del Consejo Asesor de la Magistratura y que son elegidos discrecionalmente por el propio Ministro Público Fiscal Edmundo Jiménez.

Las modificaciones votadas por la Legislatura deben ser ahora promulgadas por el gobernador Jaldo y luego publicadas en el Boletín Oficial.

Pero antes de eso, el que se expresó ahora fue el presidente del Colegio de Abogados, quien le envió una nota al gobernador. “Por resolución del Consejo Directivo tengo el alto honor de dirigirme a vuestra excelencia a fin de solicitarle tenga a bien ejercer la facultad constitucional de veto en relación al proyecto de ley sancionado por la Honorable Legislatura en sesión de fecha 15 de mayo de 2024, que modifica la ley 9.119 y sus modificaciones y la ley 6.283 y sus modificaciones”, dice la nota. 

Y agrega: “esta Institución ve con mucha preocupación la falta de un análisis razonado de la ley y por esa razón solicita el veto, ya que estas modificaciones permiten la designación de personal del Ministerio Público Fiscal de carácter auxiliar, confiriéndole facultades propias de un fiscal titular que goza de sus funciones en el marco de la Constitución Provincial y las leyes, que además asignan un mecanismo de selección y designación mediante concurso de antecedentes y oposición ante el CAM”. 

Y la nota culmina: “apelamos en esta oportunidad a la sensatez y a la capacidad de reflexión de vuestra excelencia a los fines de que con el veto solicitado pueda corregir esta situación que poco tiene que ver con el ejercicio democrático que debe primar en nuestra sociedad”.