La UCR le pidió a la Oficina Anticorrupción que investigue el viaje de Javier Milei a España

El viaje del presidente Javier Milei a España dejó dos fuertes polémicas: en primer lugar la crisis diplomática que se desató luego de que acusara de "corrupción" a la esposa del primer mandatario español, Pedro Sánchez, y por otro lado, fue muy cuestionado por los fines de la visita a Europa. El libertario voló en el avión presidencial, aunque fue señalado que el objetivo de su paso por Madrid fue privado y no tuvo que ver con la agenda pública.

Fue por ellos que la diputada de la Unión Cívica Radical, Karina Banfi le pidió a la Oficina Anticorrupción, que investigue y que presente un informe sobre este viaje. "Quiero saber si el viaje del Presidente a España para participar de un acto partidario incumple la ley de ética pública. Poder entender el límite entre actos públicos y privados es una manera de no ser casta", expresó en su cuenta de X (antes Twitter).

Además, agregó que presentó un pedido de "acceso a la información para conocer los detalles del viaje a España". Insistió sobre la pregunta de si hubo agenda oficial y sumó: "¿El Secretario de Culto era parte de la comitiva? Gastos. ¿Quién los pagó? Tenemos la libertad de saber sobre los actos de gobierno y cómo se usan los recursos", remarcó la legisladora.

Piden un informe a la Oficina Anticorrupción sobre el viaje de Milei a España

En el escrito que presentó ante la Oficina Anticorrupción, dependiente del Ejecutivo, Banfi pidió un informe que detalle "si el viaje realizado por el Presidente a Madrid, España está de acuerdo a las normas de ética pública vigentes". Sobre la motivación para presentar esta solicitud, fundamentó que es la "obligación" de la OA, según el inciso 1 del decreto 102/99, "evaluar la posibilidad de que existan hechos de incompatibilidad en el ejercicio de la función".

En ese sentido, detalló: "Según la información disponible, las principales actividades del Presidente fueron la participación en el evento político partidario "Europa Viva 24" organizado por la agrupación española Vox y la presentación de su libro organizada por la empresa que lo edita, Grupo Planeta, a lo que se agrega una reunión con empresarios sobre la que no constan detalles acerca de su relevancia y objeto. Según la misma información disponible, el traslado a España se realizó en el avión presidencial ARG-01. Hasta el momento, no se cuenta con información sobre si los gastos de estadía del Presidente y de su comitiva fueron cubiertos también con presupuesto público o por quienes invitaron al Presidente a las actividades que motivaron el viaje".

Más adelante, repasó la legislación que estaría incumpliendo el Presidente en caso de que su viaje efectivamente hubiera sido con fines meramente privados. "La Ley de Ética Pública 25.188, en su artículo 2, establece que los funcionarios deben: 'Desempeñarse con la observancia y respeto de los principios y pautas éticas establecidas en la presente ley: honestidad, probidad, rectitud, buena fe y austeridad republicana; velar en todos sus actos por los intereses del Estado, orientados a la satisfacción del bienestar general, privilegiando de esa manera el interés público sobre el particular; abstenerse de usar las instalaciones y servicios del Estado para su beneficio particular o para el de sus familiares, allegados o personas ajenas a la función oficial, a fin de avalar o promover algún producto, servicio o empresa".

Bajo estos fundamentos, Banfi presentó el pedido de información a la OA y agregó que "la consulta aplica tanto al viaje del Presidente de la Nación como a la participación de otros funcionarios que formaron parte de las actividades mencionadas o de la comitiva presidencial, tales como el Secretario de Culto, Sr. Francisco Sánchez, o la Secretaria General de la Presidencia, Sra. Karina Milei".

Por último, cerró al escrito al remarcar que es "esencial para la ciudadanía y las instituciones tener claridad respecto al objeto de los viajes oficiales del Presidente, especialmente cuando involucran el uso de recursos públicos. La transparencia en la asignación y uso de estos, fortalece la confianza en las instituciones democráticas y permite una evaluación informada de la gestión pública, un pilar fundamental de cualquier democracia", finalizó.