Baja de la edad de imputabilidad: qué hay detrás del endurecimiento de las leyes

La discusión se renueva año tras año desde hace más de una década. Pero nunca antes un Gobierno, como el de Javier Milei, se había animado a tanto. Sus funcionarios anunciaron que presentarán un proyecto para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, aunque algunos sostienen que podrían ser a 13 o a 12 años. Lo cierto es que la polémica terminará de estallar cuando la iniciativa tome estado parlamentario.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, desde hace más de un mes elaboran un borrador. En principio, además de bajar la edad de imputabilidad, solicitarían la creación de juzgados de menores. Estos pasarían a intervenir en los expedientes, que actualmente son analizados únicamente por jueces de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA). También impulsarían la creación de “espacios especiales” para menores en cárceles comunes o nuevos edificios de atención a los adolescentes. En Tucumán, legisladores y funcionarios salieron a apoyarla, a pesar de que aún no se conocen detalles de la iniciativa.

La sensación…

En tiempos del kirchnerismo se acuñó la expresión “sensación de inseguridad” para justificar lo injustificable: el crecimiento de los índices de inseguridad. El mileísmo parece que lo usa para imponer la mano dura a través del dictado de leyes. Una de ellas es la baja de la imputabilidad. Escasean los datos concretos para entender el por qué de este cambio.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene un organismo llamado Base General de Datos de Niños, Niñas y Adolescentes, que se encarga de hacer informes estadísticos sobre los adolescentes que tienen conflictos con la ley. En el reporte dado a conocer a fines de marzo dieron cuenta de que en el ámbito de la Justicia nacional, en 2023 hubo 1.767 menores involucrados en hechos delictivos, lo que representa un incremento de 7,5% con respecto a 2022. Menos del 29% eran reincidentes. Los datos reflejan lo que sucede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que, según el último censo, tiene unos tres millones de habitantes.

En Tucumán no existen estadísticas tan precisas, sólo meras estimaciones. Por ejemplo, hace más de un año que no hay un adolescente involucrado en un homicidio. Según un informe de la Policía, entre el 1 de noviembre de 2023 y el 30 de marzo de 2024 detuvieron por causas procesales unas a 2.600 personas y menos del 4% eran menores, la mayoría de ellos por delitos contra la propiedad.

Especialistas sostienen que en nuestra provincia la situación es diferente porque el Estado tejió una red para el tratamiento de las adicciones junto a la Iglesia y a numerosas ONG. El Ministerio Público Fiscal abrió casas para recuperar a chicos, amplió la atención de las primeras infancias en los Cepla y anunció la ampliación de programas de contención como es “Un pase a la gloria”.

La legisladora Carolina Vargas Aignasse aclaró que con bajar la edad de imputabilidad no alcanza, sino que se deben activar otras medidas, como la implementación de la Ley de Educación Emocional en las escuelas, norma que fue promulgada en 2023. Una ley con la que se pretende atender la problemática de los adolescentes en el ámbito educativo. Los resultados de todas estas iniciativas no son inmediatos, sino que forman parte de largos procesos. Indudablemente es mucho más sencillo ocultar un problema en un calabozo que tratar de solucionarlo.

De armas llevar…

“(Javier) Milei mirá tu plataforma. Artículo 17: desregulación y liberación de armas… A las mamás y a los papás les digo que si se liberan las armas van a estar en las manos de Los Monos. Las armas van a terminar masacrando a los chicos de las escuelas. Esa es la realidad…”, dijo Bullrich en uno de los debates presidenciales, cuando era candidata por Juntos por el Cambio. “Este Gobierno tiene la convicción de promover y facilitar el acceso legal y legítimo a la tenencia de armas de fuego”, aseguró la ahora ministra de Seguridad al fundamentar el proyecto de ley con el que el PE nacional pretende darles la oportunidad a los ciudadanos de blanquear las armas cortas y largas que tienen en su poder de manera ilegal. La pregunta a responder no es qué le pasó a Bullrich para cambiar tan rápidamente de opinión, sino qué puede pasar si esta iniciativa prospera.

Según las estadísticas dadas a conocer por el Gobierno, hay unas 800.000 personas autorizadas a portar armas que, por diferentes cuestiones, no renovaron el permiso. Si se aprueba esta norma podrán regularizar su situación y permitiría a los que las adquirieron en el mercado negro hacer exactamente lo mismo. Es imposible determinar cuántos son los argentinos que se encuentran en estas condiciones.

Días atrás, cuando fue entrevistado en “Buen día”, el programa de LG Play, el ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa había advertido de una baja de los delitos en la provincia, y además ponderó la disminución de los robos violentos por la cantidad de armas que secuestró la Policía. ¿Qué dirá ahora? En Tucumán, en lo que va del año, se registraron 25 homicidios, de los cuales 15 (el 60%) fueron perpetrados con disparos. Este es un tema que debería ser analizado en una provincia en la que es común que una discusión de tránsito termine en una pelea.

Hecha la ley…

La baja de la edad de imputabilidad y el blanqueo de la tenencia de armas forman parte de la avanzada del endurecimiento de leyes que propone la Nación. Esas iniciativas se están expandiendo en las legislaturas provinciales, que sancionan normas que suelen tener poca vida, porque corren riesgo de ser declaradas inconstitucionales rápidamente.

En la última sesión se aprobó una modificación del código procesal penal. A las personas que cometan un robo en la vía pública -y si la víctima pertenezca a grupos considerados vulnerables (menores de 14 años, mujeres embarazadas, mayores de 70 años, personas incapaces o aquellas que no pueden valerse por sí mismas)-, los fiscales deberán solicitar que se le dicte prisión preventiva como medida cautelar urgente.

Las prisiones preventivas no deben ser aplicadas por el delito, sino por otras cuestiones que tienen que ver con el entorpecimiento de la investigación y el peligro de fuga de los detenidos. Sólo los legisladores Silvia Elías de Pérez y José Seleme se opusieron al dictado de esta norma; sus pares la aprobaron a pesar de que pueda ser inaplicable por cuestiones legales.

Según una importante cantidad de encuestas, la seguridad es una de las cuestiones que más interesa a los argentinos. Nuestros dirigentes lo saben y actúan en consecuencia. Pareciera que no piensan en el futuro, sino en lo inmediato.