Por Bárbara Nieva
21 Mayo 2024
MULTAS. El proyecto que analiza el Concejo establece sanciones para los comercios que entreguen bolsas.
Empresarios plantearon sus reparos al proyecto mediante el cual el Concejo Deliberante pretende prohibir el uso de bolsas plásticas en los comercios de la Capital. Además, los encargados de las fábricas plantean que el avance de la medida afectaría sustancialmente a los más de 2.000 trabajadores que directa o indirectamente dependen del rubro.
El mes pasado, el edil oficialista Emiliano Vargas Aignasse celebró el dictamen favorable de la comisión de Medio Ambiente para su proyecto, que impone la prohibición de la utilización de envases de polietileno o polipropileno y/o reciclables en el expendio o transportación de mercaderías en supermercados, shoppings y distribuidoras.
La propuesta aún no fue debatida en comisión parlamentaria -que es la que define los temas que serán llevados al recinto- y sugiere que se impongan multas a los mercados que falten a la norma. Estas sanciones, según la iniciativa, irían entre $51.000 hasta $850.000, pudiendo multiplicarse según el caso.
También la intendenta Rossana Chahla había presentado en el Concejo Deliberante un planteo similar, pero finalmente fue tomado el escrito de Vargas Aignasse porque era el que estaba más avanzado en el debate en comisiones.
El argumento del sector empresarial, y sobre todo el que se encarga de la producción de bolsas de plástico en Tafí Viejo, es que primero se necesita avanzar en la concientización y educación ambiental de la ciudadanía. De lo contrario, “todo seguirá igual”.
El concejal radical taficeño, Augusto Zuccarelli, se encargó de ser el puente de diálogo entre la administración central capitalina y los trabajadores de las fábricas. En comunicación con LA GACETA, anticipó que los fundamentos del sector “se habrían tenido en cuenta”.
“Ya existe una ordenanza en San Miguel de Tucumán que prohíbe el uso de bolsas plásticas, pero permite la comercialización de las que son oxibiodegradables. Eso deja la puerta abierta para las bolsas amigables con el medio ambiente que se descomponen por sí solas según factores climáticos y no causan daños”, dijo, defendiendo la actual ordenanza.
En cambio, el edil aseguró que si prohíben el uso de dicho objeto comercial de manera total, “afectaría notablemente a las empresas, que deberán despedir a muchos empleados”. “Deja sin razón de ser a la empresa y a muchas familias sin sustento en tiempos de grave crisis como los que estamos viviendo. Es desacertado”, defendió Zuccarelli.
Pérdida de trabajo
En el municipio vecino, dos fábricas pioneras en la producción de este material son “Plásticos La Rioja” y “Saife Plásticos”. Entre los empleados de esas empresas y de otras más pequeñas, incluyendo a los trabajadores que indirectamente dependen de la actividad, el concejal contabiliza “unas 2.000 personas que sufrirían las consecuencias”.
“Más que legislar y ahondar sobre las ordenanzas, hay que apuntar a concientizar y generar acciones concretas para el cuidado del medio ambiente. Por ejemplo, promover en los colegios la actividad del reciclaje y la reutilización del plástico para modificar la conducta. Si no, podemos seguir sancionando leyes que no se cumplen y todo seguirá igual”, enfatizó.
Por su parte, Federico González Carbajal, gerente comercial de “Plásticos La Rioja”, consideró que hay alternativas que pueden revisarse antes de considerar una medida con tal grado de prohibición. “Todos los trabajadores de Tucumán que producimos bolsas y los comerciantes que las utilizan estamos abiertos al diálogo para buscar una política ambiental sustentable en la Provincia y en los municipios”, dijo.
Insistió en que “la bolsa plástica no es un mal”, pero que hacen falta políticas de estado que fomenten la actividad de reciclado y que defiendan el cuidado medio ambiental. “Se intentaron diferentes puntos pero, por ejemplo, hay plásticos biodegradables que tienen ventajas a corto plazo, como la compostabilidad. El tema es que para que eso funcione se requieren centros de compostaje”, comenzó explicando.
González Carbajal siguió: “Si tiro esa bolsa en cualquier lado, tendrá el mismo impacto que una bolsa normal, porque no se va a degradar y perdemos su principal beneficio, que es su reciclabilidad. Hoy el mundo se encamina a las ‘tres R’, que son reducir, reutilizar y reciclar”.
Políticas ambientales consensuadas
El empresario mencionó como alternativas la división domiciliaria de residuos, el fomento en el Estado de la manipulación y el tratamiento del plástico, la promoción de la economía circular y también la utilización de bolsas oxibiodegradables, que poseen un aditivo para que el material se desintegre en 12 meses luego de entrar en contacto con oxígeno o con la luz solar.
“Siempre estamos dispuestos al diálogo, porque estamos a favor de las políticas ambientales, pero también queremos conservar los puestos de trabajo y que las medidas sean consensuadas”, repitió González Carbajal, que además observó una “caída estrepitosa del consumo de bolsas” en los últimos diez años.
“Nosotros abastecemos a las grandes cadenas de supermercados y tenemos alcance nacional. Y mientras que en 2012 producíamos alrededor de 30 millones de bolsas por mes, hoy ese número bajó a 10 millones; también la empresa tenía 250 empleados y hoy hay 150”, comparó.
En tanto, Yanet Saife, de Saife Plásticos, reconoció que la medida afectaría a muchas fuentes de trabajo en Tucumán. “La idea nuestra no pasa por prohibir, sino por reutilizar. Hay que concientizar a la gente y educarla, pero acá no se hace”, remarcó.
La empresaria señaló que el plástico está presente en gran parte de la cadena comercial. “Además de que las bolsas de cartón son más caras, hay plásticos que no se pueden quitar. ¿Dónde se van a envasar todos los alimentos? Todo tiene plástico hoy en día”, cuestionó.
Saife propuso que, en cambio, la Capital exija que las bolsas que se utilicen sean oxibiodegradables. “El tema es que hay contaminación por desconocimiento o porque la gente es sucia. Por eso hace falta concientización y educación; ahí está la base. La contaminación es algo cultural”, subrayó.
Aplicaciones y taxis: ediles analizan una propuesta
El concejal José María Franco Franco adelantó que en la comisión de Transporte se abordó la problemática de los autos de alquiler mediante aplicaciones, como Uber. “Se habló sobre los controles del Sutrappa para actualizar una ordenanza creada hace más de 20 años. Hace falta una recomposición. No podemos quedarnos en el pasado y permitir el transporte ilegal, porque la ordenanza está desactualizada, no solo para Uber sino otras que sean una opción para los choferes de taxis, siempre usando el transporte legal”, dijo.
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