Por Micaela Pinna Otero
20 Mayo 2024
IMPUTADO. El sargento primero Daniel Chavarría habría causado daños patrimoniales por $70 millones.
El Ministerio Público Fiscal está investigando a un empleado policial por estafa y administración fraudulenta. Según la acusación, fuera de su horario de servicio él trabajaba cobrando los alquileres de los stands en un paseo de compras ubicado en la zona de El Bajo. Aprovechando la confianza del propietario de ese sector y de los comerciantes, les habría cobrado meses de alquiler por adelantado a 22 feriantes y habría vendido stands y terrenos de su empleador sin rendirle cuentas, causándole un millonario perjuicio económico.
El caso está en manos de la Fiscalía de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo de Mariano Fernández. El auxiliar de fiscal Rodrigo Gustavo Bilbao explicó que el sospechoso, Edgardo Daniel Chavarría, es sargento primero y realiza tareas administrativas en la Dirección de Seguridad Vial de la Policía de Tucumán.
La víctima R.D conoció a Chavarría hace aproximadamente 10 años, mientras prestaba servicio adicional de manera privada. R.D. lo contrató para que realizara tareas de vigilancia en dos barrios privados ubicados en Los Nogales y tiempo después, la víctima le delegó a Chavarría la cobranza de los cánones locativos a los feriantes.
Chavarría se encargaba de recaudar semanalmente el dinero correspondiente al alquiler de los puestos de venta y los sábados se acercaba a la oficina de R.D. para rendir cuentas. Sin embargo, dejó de presentarse durante la segunda semana de enero, generando un perjuicio económico de $800.000, aproximadamente. Días más tarde R.D optó por desvincularlo tras advertir numerosas irregularidades.
Al notificar a los feriantes que Chavarría ya no trabajaría más allí y que no estaba autorizado a seguir cobrando los cánones de los alquileres semanales, los comerciantes se aproximaron a R.D. para exhibir los recibos de pago, en los cuales constaba que Chavarría les había cobrado el alquiler de los locales por adelantado.
“Chavarría, abusando de la confianza que le había otorgado R.D, y simulando poseer facultades de administración que no poseía, engañó aproximadamente a 22 locatarios de la feria cobrando el precio de alquileres por adelantado de los puestos, dinero que no fue nunca rendido, y entregando falsos recibos a los locatarios”, sostuvo Bilbao.
Según expuso el auxiliar de fiscal, al damnificado H.G Chavarría le cobró nueve meses de alquiler adelantado por $500.000; a N.J cinco meses por $200.000; a J.M $330.000 por seis meses. M.V y V.R le pagaron seis meses por $500.000; Y.C $550.000 por un año, mientras que S.G y A.J abonaron por el mismo plazo $500.000 y $700.000, respectivamente.
Ante esta situación, los feriantes reclamaron a los propietarios por su dinero, motivo por el cual R.D, junto a su socio, tuvieron que absorber la deuda y simular que dichos alquileres ya les habían sido abonados, decisión que les causó un gran daño económico.
Ventas ilegales
Chavarría, además de ser acusado de cobrar los alquileres por adelantado y no rendir cuentas a su superior, también habría vendido un local comercial de un proyecto de ampliación del paseo de compras por una suma de $1,6 millón, aproximadamente. “No tenía otorgada la facultad para realizar esta venta. Era un proyecto que estaba en desarrollo y estafó a estas personas con sumas millonarias”, sostuvo el representante del MPF.
En febrero R.D, se enteró de que Chavarría también había vendido tres terrenos -ubicados en diferentes barrios privados de Los Nogales- entregando boletos de compraventa simulados bajo el nombre de la víctima. Una de las transacciones se habría concretado en junio de 2023.
“Chavarría, a través de un boleto de compraventa, vendió dos terrenos por la suma equivalente a $6 millones simulando ser cesionario de los derechos sobre los inmuebles siendo el supuesto cedente R.D”, informó Bilbao. Empleando el mismo mecanismo, vendió otro bien por $5,5 millones.
Por todos estos hechos, el MPF imputó provisoriamente a Chavarría de ser el autor de los delitos de administración fraudulenta, estafa por abuso de confianza y estelionato.
Para reforzar su teoría del caso, Bilbao mencionó que entre las evidencias presentadas hay capturas de pantalla de los chats que mantuvo R.D con Chavarría, donde el imputado asumió haber cobrado los alquileres y prometió buscar una solución. También adelantó que tienen fotografías de los recibos que fueron otorgados por Chavarría a los distintos feriantes en los que figuran los meses y el monto que se adelantó y la firma del imputado.
Bilbao solicitó que Chavarría fuera sometido a cuatro meses de prisión preventiva para resguardar la investigación y poder practicar las pericias y producción de evidencias restantes sin riesgo de que el imputado entorpezca el proceso o escape.
Además, informó que el acusado, por orden del Juzgado Federal Nº2 de Salta, se encuentra cumpliendo una suspensión de juicio a prueba por la adulteración de una cédula automotor.
El abogado querellante Ernesto García Biagosch concordó con lo planteado por el Ministerio Público y se refirió respecto del daño a resarcir. “Hoy tenemos determinado $70 millones como daño patrimonial, sin contar con la particularidad de que no sabemos cuál es el daño que provocó Chavarría. No sabemos si este es el número exacto de víctimas y si es la cantidad de ventas falsas que realizó; la cuantía del daño aún puede extenderse. Además se dañó la reputación de mi cliente, lo cual es inconmensurable”, manifestó.
La abogada defensora Clara Suárez Amado se opuso a la formulación de cargos y a la medida de coerción. La representante legal ofreció una caución real de $800.000 con la condición de que Chavarría quede bajo arresto domiciliario.
Finalmente, el juez Eduardo González, resolvió hacer lugar a lo planteado por el MPF, pero en lugar de cuatro meses otorgó 45 días de prisión preventiva para Chavarría.
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