“Rompevidrios” tucumanos atacaron en 12 provincias

“Rompevidrios” tucumanos atacaron en 12 provincias

Son más de 30 los comprovincianos acusados de cometer este tipo de delito en el país.

CÓRDOBA. Una de las imágenes que fueron utilizadas en la investigación contra “rompevidrios” tucumanos. CÓRDOBA. Una de las imágenes que fueron utilizadas en la investigación contra “rompevidrios” tucumanos.

Los ataques de “rompevidrios” tucumanos están haciendo transpirar a las fuerzas policiales de medio país. Más de 30 comprovincianos fueron detenidos, procesados o condenados y hasta dos fueron abatidos por cometer esta modalidad delictiva en Mendoza, Salta, Córdoba, Chaco, Corrientes, Santiago del Estero, Misiones, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Neuquén y Catamarca. Esto estableció LA GACETA al analizar las causas que se abrieron, pero podrían ser más. No hay dudas: la provincia está exportando delincuentes que detonan los índices de inseguridad en otras jurisdicciones.

La historia nos cuenta que este “fenómeno” de tucumanos cometiendo ilícitos en otras provincias no es excepcional. Se repite desde hace décadas. Segundo David Peralta nació en Monteros en 1897, pero se hizo famoso a nivel nacional como “Mate Cosido”, el bandolero que, según las versiones de la época, entre 1920 y 1940 robaba las empresas internacionales afincadas en Chaco para darle el dinero a los pobres. Su figura inspiró un clásico del rock nacional creado por el músico León Gieco: “Bandidos rurales”.

El clan “Los Gardelitos”, especialistas en el “punguismo”, hicieron de las suyas durante décadas en diferentes provincias. Hasta fueron contratados por la Policía Federal para que vaciaran los bolsillos del personal del Servicio Secreto de Estados Unidos por haberse negado a que los argentinos colaboraran en la custodia cuando el presidente de Estados Unidos Dwight Eisenhower visitó el país en 1960.

La causa conocida como “La industria del escruche” también dejó al descubierto esta especie de intercambio. Los integrantes del clan Caro formaban una banda liderada por Miguel “La Gata” Lizárraga que cometió robos en Tucumán, Mendoza, Córdoba, Salta, Catamarca y Buenos Aires. Hoy están tras las rejas y en estos días pretenden que un tribunal de impugnación anule el fallo por el que recibieron duras condenas. En el caso de Lizárraga, fue la primera al cabo de casi cuatro décadas vinculado a delitos contra la propiedad.

Modalidad de los "rompevidrios"

El ataque de un “rompevidrios” es un sistema “mejorado” de las llamadas salideras bancarias. Es un hecho similar a la carrera de postas. Los delincuentes eligen a la víctima, la persiguen hasta que en un descuido rompen el vidrio de una ventanilla del vehículo en el que se moviliza para apoderarse de sus pertenencias. Es un método bien aceitado y que necesita la participación de varias involucrados. Nada está librado al azar (se informa por separado).

Los tucumanos conocieron el accionar de estos grupos al analizar el crimen de la comerciante de Ana Dominé, registrado en septiembre de 2020. Los autores integraban una banda que se especializaba en esta modalidad delictiva. Cuatro de ellos fueron condenados a prisión perpetua, dos recibieron una pena de 10 años y hubo un absuelto. Pero este hecho, como se dice en la jerga tumbera, “terminó mal”.

Justamente, los “rompevidrios” se inclinan por esta modalidad por una razón: en caso de ser detenidos recibirán una pena menor, ya que no utilizan armas de fuego para amenazar a las víctimas. En caso de no contar con antecedentes, hasta pueden recibir una pena de cumplimiento condicional.

Al analizar los casos, LA GACETA pudo establecer que los tucumanos actúan de dos maneras distintas en otras provincias. Por un lado, están los que son convocados por delincuentes locales para formar parte de una banda. Es lo que sucedió en Mendoza. Comprovincianos fueron procesados por haber cometido una decena de ataques entre diciembre y abril, en los que se apoderaron de más de $52 millones. En Córdoba pasó lo mismo, aunque no trascendieron los montos que robaron. En ambas provincias, además de robo, los acusaron de formar una asociación ilícita, imputación más grave por la que recibiría una pena mayor.

Después están los “independientes”; es decir, delincuentes que van a probar suerte. Concretan una serie de ataques y después regresan a la provincia a gastar lo que consiguieron ilegalmente. Los pesquisas sostienen que es imposible que no cuenten con algún apoyo local que les facilite el trabajo marcándole lugares donde atacar y vías de escape.

EN ROSARIO. Sergio Villarreal fue abatido por un custodio. EN ROSARIO. Sergio Villarreal fue abatido por un custodio.

Sea cual fuere la modalidad, el intercambio geográfico siempre juega a favor de los delincuentes. “Frenamos estos ataques porque desde hace años que tenemos personal de mucha experiencia que recorre la city tucumana buscando a estas personas. Si vemos a uno, inmediatamente reaccionamos”, explicaron los comisarios Gabriel Heredia y Miguel Carabajal. “El problema está cuando viene, por ejemplo, un cordobés. Puede pasar a nuestro lado y no sabremos quién es. Eso les sucede a los colegas de otras provincias”, añadieron.

Ser desconocidos también juega a favor de los “rompevidrios”. “Pueden quedar registrados en las cámaras de seguridad, pero es imposible identificarlos porque no los tenemos registrados. El intercambio de información con fuerzas de otras provincias es permanente por este problema”, explicó Heredia.

Perfiles

Al analizar el listado de los tucumanos sorprendidos por cometer este tipo de ilícitos se pueden encontrar varios factores comunes. Uno de ellos es que las edades oscilan entre los 19 y 45 años. Son hábiles conductores de motos como las Honda Falcon y cualquier modelo KTM, ya que no tienen impedimento legal para circular. También utilizan camionetas o autos de alta gama que están a nombre de sus familiares como vehículos de apoyo.

Un investigador rosarino le dijo a LA GACETA que en esa ciudad quedaron sorprendidos con el accionar. Catalogó a los “rompevidrios” como intrépidos y “jugados”.

Dos comprovincianos cayeron abatidos por los custodios de las personas que trasladaban importantes sumas de dinero. Cristian “Loquillo” Valdez murió en noviembre pasado cuando fue ultimado de un certero balazo en Córdoba. También en ese mes, pero en Rosario, cayó fulminado de un balazo Sergio Miguel Villarroel (25).

¿Expulsados?

La otra característica es que más de la mitad de los detenidos fueron condenados en nuestra provincia en los últimos tres años; es decir, penados por el nuevo Código Procesal Penal.

Carlos Ponce (32), después de haber sido mencionado en diferentes causas por robo desde 2018, recibió la primera condena por ese delito en noviembre de 2021. En un juicio abreviado le aplicaron una pena de tres años (condicional). La Policía supo nuevamente de él cinco meses después, al recibier un oficio de Santiago del Estero pidiendo sus antecedentes por haber quedado involucrado en un hecho. El mes pasado fue detenido en Córdoba, acusado de integrar “La banda de los tucumanos”.

“No hay mayores explicaciones. Además del trabajo de prevención que realizamos, la Justicia nos acompaña en las investigaciones y dictan las penas mucho más rápido. Así es muy difícil que sigan actuando en Tucumán”, explicó el jefe de Policía Joaquín Girveau.

El penalista Patricio Char coincidió. “El sistema moderno que tiene Tucumán ya es conocido por los delincuentes. Genera que busquen otros puntos geográficos para cometer sus atracos. Saben que en la provincia no hay más puerta giratoria”, sostuvo.

Su colega José del Río puso en el debate otra cuestión. “Si bien es cierto que ahora un asaltante puede ser condenado en tiempo récord, hay otras cuestiones que los hacen buscar otros destinos. Uno de ellos es que atacando en otros lugares es más difícil que lo investiguen. El otro: pueden conseguir botines más cuantiosos que en Tucumán”, analizó.

El abogado Augusto Avellaneda coincidió en parte con ambos. Por un lado, destacó que tanto en Córdoba como en Rosario la actividad económica es mucho mayor que la de Tucumán, por lo que pueden conseguir mejores botines. El profesional también aclaró que un delincuente que recibe una pena condicional debe esperar el paso de unos ocho a 10 años para volver acceder a una sentencia de ese tipo. “En otras provincias, los funcionarios judiciales son más flexibles. No les importa que hayan tenido una sentencia de esas características para que se las vuelvan a dar. Aquí no. No hay una segunda pena condicional. Esa es otra ventaja importante”, advirtió.

Antecedentes: ¿quiénes son los tucumanos acusados de cometer estos robos?

Hay de todo en la nómina de tucumanos involucrados en estos delitos a la que pudo acceder LA GACETA. Por ejemplo, nombres de personas que tienen antecedentes en nuestra provincia, pero que nunca alcanzaron trascendencia. Otros que sí; y también están los integrantes de familias conocidas por su relación con causas penales.

El caso más emblemático es el de Braian “El Hijo de Zenón” Leguizamón. Días después de cumplir 18 años fue acusado de haber participado en el crimen de Ana Dominé, pero terminó absuelto por el beneficio de la duda en diciembre de 2021. Cinco meses después fue detenido junto a un cómplice cordobés tras haber participado en un ataque en pleno centro, delito por el que recibió una condena de tres años (condicional). Lo último que se sabe de él es que fue procesado en Mendoza por un robo de estas características. 

El joven de 20 años es hijo de Vicente Zenón Leguizamón, que tiene varias condenas por delitos contra la propiedad, entre ellas una condicional en la causa “La industria del escruche”. Actualmente está mencionado en expedientes por ataques de “rompevidrios” perpetrados en Buenos Aires.

En Santiago del Estero hay un padre e hijo que son intensamente buscados desde hace meses por las autoridades. Sergio Tripolone (condenado por el crimen de un empleado de la Dirección Provincial de Vialidad) y Rodrigo Tripolone (penado por un “escruche”) están acusados de dirigir una banda de comprovincianos que cometió varios robos con esta modalidad y de supuestamente utilizan el dinero para comprar y vender vehículos de manera ilegal.

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