Hubo cambios en la ley de armas: ¿será más fácil tener una?

"Este Gobierno tiene la convicción de promover y facilitar el acceso legal y legítimo a la tenencia de armas de fuego". Con este comunicado del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, la administración de Javier Milei parece comenzar a cumplir con una de sus promesas de campaña: defender la libre portación de cualquier tipo de revólveres, pistolas y escopetas.

El anuncio tiene que ver con un proyecto de ley que Bullrich y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse enviaron al Congreso para regularizar la tenencia de armas de fuego, en un país en el que según los datos oficiales hay más de 800.000 con tenencia irregular. Según el anuncio oficial, se implementarán trámites ágiles y sencillos que favorezcan el registro de usuarios irregulares. Por ejemplo se establecerá un plazo de un año para que todo el que tenga un arma de forma no autorizada (porque su licencia está vencida o porque no la había registrado previamente) pueda regularizar su situación, eximido de cuestionamientos legales. 

En este caso, quien no esté en condiciones de hacerlo, porque no cumple con los requisitos exigibles por la ley vigente, deberán transferir el material a otras personas autorizadas o entregarlas en el marco del plan de desarme voluntario, que se pretende relanzar. Sobre los motivos para presentar este proyecto, el Gobierno destacó que "tener un registro de armas transparente, completo y con procesos modernos permitirá que los argentinos que quieran tener armas en sus casas puedan hacerlo de manera legal, mientras continúa el combate a fondo contra los delincuentes que, con armas ilegales, ponen en riesgo la vida de todos los argentinos".

También se propone prorrogar el Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego por cuatro años, que consiste en ofrecerlas de manera anónima para su posterior destrucción, sin que ello conlleve consecuencias legales para quien lo hiciere. 

En ese sentido, la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), se continuará eliminando procedimientos para facilitar la tenencia legítima. Si el interesado renueva su Credencial de Legítimo Usuario dentro de los 90 días previos al vencimiento, no tendrá que acreditar nuevamente la idoneidad en su manejo. Esto, a pesar de que parece un beneficio, fue objetado por algunos miembros de distintas asociaciones de Legítimos Usuarios del país, quienes llegaron a considerarlo “peligroso”.

La ANMaC, un ente descentralizado del ministerio de Justicia y Derechos Humanos, lleva adelante políticas de desarme de la sociedad civil y tiene la misión de registrar, fiscalizar y controlar toda actividad vinculada con armas de fuego, explosivos y otros materiales controlados. Si bien esto no supone una liberación en el acceso a las armas al estilo americano, en redes sociales, algunos usuarios recordaron los dichos de Bullrich en el debate presidencial de 2023 sugiriendo que la actual ministra cambió su posición.

Raúl Panero, presidente de la Federación de Legítimos Usuarios de Armas de Argentina consideró en principio positiva la nueva resolución de la Anmac. “Vemos que con la gestión del doctor Juan Pablo Alan (al frente del organismo) hay una predisposición positiva hacia los Legítimos Usuarios (LU), algo que no fue así en los últimos 20 años años, en los que lamentablemente sufrimos un sinfín de problemas, de burocratización de los trámites, y de dificultades para poder legalizar la situación de las armas, lo que contribuyó a que pululen armas ilegales”, dijo. Y agregó: “Con respecto a la posibilidad de los LU que tienen una asidua concurrencia a los tiros federales no necesiten renovar la prueba de idoneidad lo vemos como muy positivo ya que desburocratiza. Pero al mismo tiempo estamos buscando las soluciones que van a requerir los Tiros Federales ya que ellos cobran por los exámenes de idoneidad un pequeño estipendio que en estas circunstancia, si no se requiere más el certificado para la renovación, en medio de una crisis gravosa que venimos teniendo evidentemente es una baja para un ingreso importantísimo. Agradecemos la predisposición de la Anmac y trataremos de fortalecer aún más nuestras entidades de tiro”, cerró.

Jorge Miranda, presidente de la Asociación de Legítimos Usuarios de Tucumán dijo que valoran la predisposición que tiene la Anmac a favor de los legítimos usuarios y de estas medidas que alivian el bolsillo de los LU. “Pero entendemos que la Agencia no tuvo una mirada más amplia ya que les pega un golpe al bolsillo de las entidades de tiro, que dependen del ingreso de cuotas, de los aportes de los socios y de lo que recibe en concepto de derechos de tiro para las idoneidades”, dijo. “Ese dinero que va a dejar de entrar va a ocasionar un perjuicio económico. Como individuos aplaudimos que sea más barato, pero como pertenecientes a una comunidad de usuarios de armas, nos perjudica, es dañino. El colectivo de usuarios de armas está compuesto por usuarios, el tiro federal, los instructores y las empresas y comerciantes del rubro. Si uno de ellos se ausenta toda la mesa se cae, ya que le faltaría una pata. Creemos que las entidades de tiro son vitales. Así no se podría competir, hacer deporte, instruir, por lo que creemos que la Anmac debería analizar la situación y tratar de compensar a las entidades de tiro”, analizó. Y afirmó que “eliminar el exámen de idoneidad para todos cada cinco años es una medida que baja el nivel de los usuarios que no son practicantes habituales ya que las habilidades y conocimientos se diluyen con el transcurso del tiempo y un LU que no vé su arma ni la usa ni entrena durante cinco más años, el día que la tome será un operador poco seguro y se amplía exponencialmente el riesgo de accidentes”.

Claudia Córdoba, presidente de la Asociación de Legítimos Usuarios de Santa Fe, afirmó que “concordamos que la resolución de Anmac desburocratiza y abarata en ciertos aspectos todo el trámite administrativo que implica acceder a la CLU, pero sobre todo en la renovación”. “Eso siempre y cuando hablamos de usuarios activos, practicando, compitiendo, cazando. Pero ¿qué pasa con los que no son activos, que compraron una arma por cuestiones de seguridad ciudadana, por miedo, que hicieron un curso, que sacaron la CLU, que guardaron su arma en su casa luego de ese trámite y que nunca más fueron a entidades de tiro o fueron muy poco a ejercitarse, a tener un manejo seguro del arma? Eso es la principal preocupación que tenemos en cuanto a esto, ya que siempre hablamos de la seguridad en el manejo del arma más allá de la idoneidad, de la precisión y de la seguridad, antes que nada la seguridad. ¿Qué pasará con esos LU no activos que van a renovar y que no tienen una idoneidad para el manejo del arma? La prueba de idoneidad, si la suprimimos, es un riesgo, sobre todo en personas que no tienen un ejercicio permanente”, opinó.

Marcelo  Benavidez, de Villa General Belgrano, Córdoba, instructor de Tiro aseguró que siempre es bienvenido que se faciliten trámites y se abaraten los costos. “Pero con respecto al certificado de idoneidad, creo que no se pensó muy bien las consecuencias, en cómo podría tener es afectar a los clubes, a los tiros federales. Por experiencia te puedo decir que muchas veces los miembros de las fuerzas de seguridad tienen muchas veces menos instrucción que los legítimos usuarios”, dijo. “Es una buena idea pero con problemas. Hay que mantenerse actualizado y para eso están los instructores”, remarcó. Finalmente, Laura Tripodi, de la Asociación de Legítimos Usuarios de Buenos Aires, afirmó que “obtener el certificado de idoneidad es ágil, no representa demora, pero la importancia de los certificados cada cinco años es que repasamos las medidas de seguridad, las leyes que nos involucran, al Código Penal, por si cometemos algún tipo de falta, pero también la idoneidad ayuda a quienes no tienen una práctica frecuente, no hacen tiro recreativo o deportivo”. “Si no es por las prácticas el mismo cuerpo se olvida por naturaleza, uno se va olvidando, y eso puede ser complicado”, relató.

El 70% del padrón total de usuarios registrados tiene sus licencias vencidas

Según surge del informe de gestión bianual 2022-2023 de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC), sucesora del viejo Registro Nacional de Armas (Renar), al 31 de diciembre de 2022 había 1.088.512 legítimos usuarios (LU) de armas de todas las categorías, desde usuarios individuales hasta integrantes de fuerzas armadas y de seguridad, empresas de seguridad privadas, coleccionistas y empresas del sector (armerías y fabricantes). De la depuración de padrones surge que para el 31 de julio de 2023 había 810.668 usuarios con permisos vencidos e incluidos en procesos de regularización. De ese número, 239.683 LU que estaban vencidos y no tenían armas registradas a su nombre fueron dados de baja. Otros 570.985 con armas registradas y licencias perimidas fueron inhabilitados preventivamente hasta tanto regularicen su situación.