El Ministerio Público de la Defensa decidió modificar las atribuciones que la Legislatura le había dado a dos defensorías creadas en 2020 para que se dediquen al narcomenudeo, y a partir de ahora serán directamente penales, atendiendo la cantidad de causas que se reciben.
La ley 9315 creaba en el Centro Judicial Capital, dos Fiscalías de Lucha Contra el Narcomenudeo, dos Defensorías Oficiales Especializadas en Narcomenudeo y dos juzgados de Penales de Lucha Contra el Narcomenudeo. Sin embargo, en una resolución firmada el 16 de abril por el titular del Ministerio Público de la Defensa, Washington Navarro Dávila, consideraron adecuada la puesta en funcionamiento de dos defensorías oficiales, pero penales.
“Esta medida permitirá al Ministerio Pupilar y de la Defensa, a través de sus unidades, promover el acceso a justicia de las personas en situación de vulnerabilidad, y dar la debida atención a sus necesidades, al tiempo de responder a la creciente demanda de intervención de la defensa pública. Esto último se desprende de los informes (,,,) entre los cuales se destaca el elevado volumen de legajos radicados en la Oficina de Asistencia a Privados de Libertad, en la cual se registran los procesos de condenados (pena efectiva y condicional), como así también, las suspensiones de juicio a prueba, conservando en ambos casos, los defensores oficiales penales la asistencia técnica de los usuarios”, dijo Navarro. Y agregó: “El esquema de trabajo proyectado por este Ministerio Pupilar y de la Defensa para el ámbito penal, tiene por finalidad aprovechar al máximo los recursos humanos existentes, procurando que su distribución se realice en forma estratégica, como así también, lograr una atención especializada en diversas materias”.