Legislatura: sin acuerdo, el Instituto del Limón queda en suspenso

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo (PE) para crear el Instituto para el Crecimiento y Fomento del Limón (IFL) tendrá que esperar. Ante la falta de acuerdo entre los productores y en pos de sancionar la mejor ley posible, el vicegobernador Miguel Acevedo resolvió que la iniciativa que también declara de interés público a la producción sustentable de limón y sus derivados finalmente quede afuera del temario de la sesión legislativa que fue convocada desde las 8.30.

El palacio espejado de Muñecas 951 fue ayer la caja de resonancia donde retumbaron las diferentes posturas sobre el tema. Las autoridades recibieron a productores integrantes de la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (Acnoa) y la Federación Argentina de Citrus para escuchar las voces de los protagonistas, luego de la controversia que se desató entre los que están de acuerdo con la intervención del Estado y quienes no. Legisladores que participaron de la reunión que se extendió por tres horas en el octavo piso confiaron a este diario que percibieron una interna muy grande en el sector citrícola y que acuden a las autoridades porque llevan años sin ponerse de acuerdo. Se supo también que, previamente, el ministro de Economía, Daniel Abad, se reunió con Acevedo y algunos parlamentarios para dialogar sobre la iniciativa que fue pedida en Casa de Gobierno por un sector.

“Ojalá podamos llegar a un acuerdo para sancionar la mejor ley posible en virtud de que estamos hablando de una de las principales actividades de la provincia”, expresó el vicegobernador. Resaltó también que se dio pluralidad a la reunión a fin de tomar una decisión que sea la mejor posible para todos. Fue por eso que no sólo estuvieron los presidentes de las comisiones involucradas, Carlos Gallia (Hacienda y Presupuesto) y Leopoldo Rodríguez (Economía y Producción), sino también los jefes de las distintas bancadas políticas.

Consenso necesario

La iniciativa busca establecer un marco normativo que establezca las bases necesarias para mejorar la situación actual de la actividad limonera en la provincia, ante una crisis internacional que ha causado repercusiones negativas en el sector privado, la provincia y la recaudación tributaria. Además, ha disminuido la superficie plantada con limoneros y se incrementaron las hectáreas abandonadas.

El presidente del bloque Justicialista, Roque Tobías Álvarez, remarcó que el limón genera unos 50.000 puestos de trabajo y que los poderes Ejecutivo y Legislativo deben cuidar las fuentes laborales para evitar problemas sociales. El legislador Gerónimo Vargas Aignasse, en tanto, pidió apertura y prudencia para abordar la crisis. “Antes de debatir el proyecto es menester escuchar a todos los actores de esta actividad”, dijo. Y añadió: “claramente hay una crisis mundial por sobre inversiones en limonicultura que afecta notablemente el negocio de fruta fresca y derivados industriales que debe ser abordada con una política pública debidamente consensuada y que no sea un traje a medida de algún sector minoritario”.

El legislador Walter Berarducci (Compromiso Tucumán) coincidió con que la crisis del sector es por superproducción. Advirtió que al ser una problemática internacional una ley provincial seguramente no la vaya a modificar, pero entendió que la preocupación del Ejecutivo son las 50.000 fuentes de trabajo. Ricardo Bussi (Fuerza Republicana), por su parte, mantuvo su postura en contra de una posible regulación por parte del Estado. “Es generar mayores costos, es absurdo. Están tratando de regular la competencia y eso no se regula”, dijo.

Abad, en tanto, explicó que el proyecto que firmó junto al gobernador Osvaldo Jaldo fue solicitado por Acnoa. “Nos pidieron una herramienta que trate de articular con el sector citrícola un problema de superproducción que viene acarreando desde el 2017”, dijo.

“Acompañamos al sector privado, no nos metemos en el área, los que tienen convenios que ganen dinero. No se trata de una intervención por parte del Estado, sino de una herramienta con la que se pueda ordenar al sector para encausarlo, nuevamente, en un camino de crecimiento y rentabilidad y no de sometimiento de los fuertes sobre los débiles”, dijo Abad.

Una docena de iniciativas: se debaten el proyecto para sumar civiles a la policía y la emergencia en el transporte

Una docena de temas vinculados mayormente a cuestiones de seguridad se pondrán a consideración en un nuevo debate. Con la posibilidad de que Sergio Mansilla (presidente subrogante) presida la sesión por un viaje del gobernador Osvaldo Jaldo, los legisladores debatirán sobre la iniciativa enviada por el Ejecutivo para que personal civil pueda desarrollar tareas administrativas en la Policía para que los uniformados presten servicios en las calles. Otro de los proyectos que busca la luz es aquel que envió la Casa de Gobierno en busca de terminar con el mercado ilegal de cables y medidores, penando a quienes adquieran materiales obtenidos por “robo rapiña”. También por iniciativa del oficialismo, otro de los temas a tratarse hoy será la prórroga por dos años de la declaración de la emergencia en el servicio público de pasajeros en toda la provincia. Esta herramienta permite a la Provincia asistir económicamente al sector con el fin de que se garantice la prestación del servicio y el mantenimiento de las fuentes de trabajo. Llega al recinto también la iniciativa del oficialista Gerónimo Vargas Aignasse para que se modifique el Código Procesal Penal, para que se imponga la prisión preventiva para los delincuentes que cometan un robo en la vía pública y cuyas víctimas sean menores de edad, adultos mayores, una mujer embarazada o una persona incapaz.