Otro clavo para el martillo

De reflejos rapidísimos, el gobernador, Osvaldo Jaldo, en medio del estupor de la sociedad por la batalla campal de estudiantes del martes en la esquina de Crisóstomo Álvarez y Chacabuco, llamó a conferencia de prensa el jueves y anunció que los alumnos que protagonicen peleas callejeras serían aprehendidos y que, llegado el caso, serían expulsados de los colegios y no serían admitidos en otro establecimiento este año. También dijo que sus padres, si fueran empleados públicos, podrían ser cesanteados; y, además, que a los colegios adonde asisten, si recibieran aportes del Estado, se les podría quitar esos subsidios.

Contundente y seguro, fue más allá de cualquier suspicacia legal y puso el imperativo categórico diciendo que se quiere prevenir hechos luctuosos, como la tragedia de Matías Albornoz Piccinetti, un alumno que murió al tratar de evitar una pelea callejera en el centro en 2017. El equipo del Gobernador defendió, con mayor o menor vehemencia, la decisión, que además parece haber sido bien recibida por la sociedad, a juzgar por la encuesta de LAGACETA.com de ese día, en la que el 87% estuvo de acuerdo con que “debe haber un castigo para evitar males mayores”.

La ministra de Educación, Susana Montaldo, dijo que “seguramente serán llevados a un lugar específico para chicos, pero en definitiva al lugar de detención lo determinarán la Justicia y Seguridad”. La fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls, minimizó el énfasis del Gobernador cuando se le preguntó si se estaban violando normas con respecto a menores de edad: “Prevenir una desgracia es lo que se buscó al hacer este decreto”, dijo. Y añadió: “No estuvo en el ánimo de nadie y me atribuyo todas las precauciones para no transgredir normas de envergadura constitucionales como están señalando, ni códigos penales ni civiles, ni vamos a pasar los márgenes que tiene la policía para actuar. Somos totalmente conscientes de eso, por eso si ven el decreto van a ver que se habló sobre aprehensiones y sobre no perturbar la paz y el orden”. El mismo Jaldo también fue pragmático cuando se le consultó sobre las consecuencias legales de detener a menores de edad y dijo que de eso se encargaría la Justicia. El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, dijo que “es un problema de todos, de los padres, de los educadores y de la sociedad” y que los chicos necesitan límites y que eso “es un acto de amor”:

Efectivo, pero superficial

El anuncio del Gobernador generó, por un lado, advertencias de abogados penalistas, que dijeron que se trata de medidas apresuradas y posiblemente ilegales y lo mismo planteó la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de la Nación. Por otra parte, esto puso a Jaldo en la mira del país. “Jaldo quiere dejar sin escuela a los adolescentes que inicien peleas”, tituló “Página 12”.

Las medidas incluyen la requisa de mochilas de los chicos en las escuelas, como se hizo el jueves.

¿Tendrá efecto? Superficial, seguro. La rapidez de reflejos del Gobernador responde a la acción paternalista de imponer orden primero y discutir después. Así se hizo el año pasado cuando arreciaron las llamadas de amenazas de bomba que llegaron a paralizar la actividad de los colegios. Ante la tímida actitud de la Policía y de la Justicia, que aplicaban el criterio de que se trataba de travesuras de adolescentes, se presionó para que se detuviera a quienes se pudiese detener y así cayeron detenidos padres y hasta responsables de instituciones desde las que se hicieron las llamadas.

Para fin de año, se había superado la crisis de las llamadas y este año comenzó sin las amenazas telefónicas y hasta ahora se mantiene en un nivel discreto.

Jaldo ahora vuelve a aplicar la teoría del martillo de Manslow, que dice que “si la única herramienta que tienes es un martillo, puedes tratar cualquier cosa como si fuera un clavo”. Y probablemente dé resultados, como fueron las detenciones de padres el año pasado.

Se cortó de cuajo la punta del iceberg pero nadie sabe si los impulsos que llevaban al juego de las amenazas telefónicas no se trasladaron a otras actividades como las convocatorias a peleas. Nada se sabe de las causas de las amenazas. Incluso se ignoró lo que había hecho un colegio - el Instituto San José de Calasanz- que había descubierto en mayo 2023 quiénes eran los alumnos involucrados y los había hecho hacer un curso con Bomberos. Poco después, aunque el caso estaba resuelto en ese colegio, igual se detuvo en junio a la madre de uno de los chicos.

Por otra parte, desde la tragedia de 2017, no queda claro si se han establecido adecuados códigos de convivencia estudiantil. En el caso de la “batalla campal” del martes los dos colegios, que mantenían relaciones y sabían de la “pica” que había entre los chicos, habían tomado medidas pero se vieron desbordados, igual que la única agente de policía que había ese día en Crisóstomo Álvarez al 600.

“Hay que trabajar con el acuerdo de convivencia”, dijo el director del Instituto Privado Tucumán. Un abogado, Juan Sebastián Bauque, fue muy crítico: “Tenemos que ver para qué está el gabinete psicopedagógico, que entiendo que debe llamar a los padres de los chicos violentos y que tienen antecedentes. Buscar el origen del problema”.

¿Qué hay por debajo?

¿Debían saber más profundamente de la “pica”? ¿Por dónde irá la inquietud de los estudiantes cuando ya no se hagan convocatorias a peleas? El año pasado fueron las amenazas. El anterior fueron los alumnos armados -ahora hubo dos casos en un colegio de Alderetes- y el año anterior, un juego de un programa de TV que supuestamente inducía a suicidios.

Mientras tanto, hay otras inquietudes que van por debajo de la superficie. Está claro que la “violencia juvenil” responde a una violencia más estructural en una sociedad crispada. ¿Cuántos episodios de furia paterna se cuentan en los colegios? ¿Y casos de adicciones al juego, a las drogas, al porro? ¿Cuán preparados están los establecimientos para ello? ¿Cuánto saben de lo que pasa en las redes sociales los adultos?

En la película “Bowling for Columbine”, de 2002, que narra la masacre de 1999 en una escuela en la que dos adolescentes ametrallaron y mataron a 12 estudiantes y a un docente, el cineasta Michael Moore se pregunta por las causas de la violencia en una sociedad como la de EEUU, donde las armas abundan. Cuenta que se atribuyó la violencia a las armas -los colegios revisaron el ingreso de los estudiantes en todo EEUU después de la masacre-; a los juegos como el Mortal Kombat y a la música de Marilyn Manson, entre otras cosas. Pasado el tiempo, la actividad volvió a ser “normal” en las instituciones de EEUU; se siguió vendiendo armas y volvió a haber tiroteos y muertes. Michael Moore entrevistó en ese entonces a Marilyn Manson y le preguntó qué les diría a los estudiantes después de la masacre de Columbine. El músico contestó: “no les diría nada. Escucharía lo que tienen que decir”.