Los derechos laborales los paga el trabajador

Una bandera para justificar cualquier protesta sindical es que los derechos laborales implican redistribución de la riqueza y justicia social y sólo se consiguen arrancados a la patronal. Es parte de los planteos de la CGT contra el gobierno, al que acusa de retrocesos sociales. Pero es un error. En el fondo, todo se debe a la productividad del trabajador que a su vez depende de las inversiones empresarias.

En toda interacción económica hay techos y pisos. Por ejemplo, el consumidor tiene un precio tope y más arriba de él no pagará, y el oferente tiene un precio piso y por debajo de él no venderá. Si el techo del consumidor está debajo del piso del oferente no habrá intercambio. Si es el revés, sí. Cuánto del margen mencionado corresponde a cada uno depende de las condiciones del mercado. También se aplica a los salarios. Los empresarios tienen un techo a pagar, el valor de cuánto el trabajador aportaría a los ingresos de la empresa (si pagara más, entonces la firma perdería) y los trabajadores tienen un piso, el “salario de reserva” (menos que eso no compensaría el tiempo y el esfuerzo, en su evaluación).

Cualquier “derecho laboral” queda entre esos márgenes. Todo lo que el trabajador cueste al empresario no debe superar el valor que aporte y así el salario neto será calculado de manera que esa cifra más cualquier otro concepto (costo total) no supere el techo. Y por el lado del trabajador se buscará que lo neto a cobrar no sea menor que el salario de reserva más las prestaciones reales presentes (el futuro lejano no suele ser tenido en cuenta). No se trata de justicia o no. Simplemente, si los factores productivos cuestan más de lo que aportan no se los contrata. Nadie invierte para perder, así como nadie trabaja para perder.

Véase el aguinaldo. Para simplificar, supóngase que no haya inflación y sí aguinaldo, que implica trece sueldos por año. Si la productividad del trabajador fuera 13.000 pesos el salario no debería superar 1.000 pesos. Sin aguinaldo la productividad se pagaría en doce sueldos y el mensual podría llegar a los 1.083,33 pesos. Un 8,33 por ciento más. ¿Lo pagaría la empresa? Depende de las negociaciones, donde los sindicatos pueden tener un papel positivo llevando la cifra hasta el techo patronal.

El aguinaldo no es una “conquista social”. Es una falta de respeto al trabajador al no dejarle disponer libremente de su sueldo pues sólo puede usar una parte dos veces al año. No se le sacó al empleador sino que se distribuyó de manera distinta lo que igual hubiera pagado. Claro que con inflación muchos celebran cobrar dos veces al año la mitad del mejor sueldo del último semestre. Pero sin él podrían invertir la parte proporcional y retirarla a los seis meses. Según la variación salarial y la colocación podría ser más que el medio aguinaldo. Lo mismo vale para cualquier otra “contribución” patronal. En realidad es tal cuando hay sorpresas. Los primeros en cobrar aguinaldo ganaron porque se contemplaban doce sueldos, pero a partir de allí las negociaciones se hacen con base en trece. Igual pasa con obras sociales, jubilación, cuota sindical o vacaciones.

Ya que se mencionaron las cuotas sindicales, no se las toca en el proyecto que se discute en el Congreso. ¿Por qué? Tal vez porque con el sistema de monopolio sindical y no discriminación de derechos habría la tentación de no pagarlas porque cuando el gremio consiguiera un avance (real o imaginario) igual quien no pagó lo recibiría. En consecuencia, los gremios perderían fuerza. Ahora bien, si hubiera competencia sindical, acorde a la Constitución Nacional y a la OIT, tal vez la cuota sería menor. El problema de esta alternativa es que la acción gremial podría radicalizarse para competir en vez de contribuir a una convivencia sana. De todos modos, como hay sindicatos que ofrecen hotelería a sus afiliados pareciera que la cuota es superior a la necesaria para sostener la acción reivindicativa. Sería un avance (si es que no ocurre actualmente) discriminar la parte “club” de la gremial (obligatoria) y que cada uno pague el beneficio que pretenda. O bien, constituir un fondo para huelgas en vez de tener hoteles. Así los empresarios no deberían pagar los días no trabajados a quienes protestan contra ellos o, peor, protestan contra el gobierno que los empresarios no integran.

Al margen, pareciera que todo sale del empleado. No es así. El empresario aporta capital, fijo y financiero, y su esfuerzo gerencial, necesarios para que haya rendimiento laboral. Podría haber hecho otras aplicaciones y lo que hubiera ganado en ellas es su expectativa de ganancia (piso de negociación). Los costos incluyendo esa expectativa son aquel techo a pagar y equivalen a lo que los otros factores productivos aporten. Todos hacen su contribución y las negociaciones determinan cómo se reparte el valor agregado entre todos, con pisos y techos según cada uno.

Para terminar, ante los proyectos de reformas en la legislación laboral suelen esgrimirse los argumentos de los derechos adquiridos o de la progresividad de los derechos del trabajador. Ambas posturas no son absolutas. El término derecho adquirido puede encubrir privilegios y si es un error no importa cuán antiguo fuera, debe rectificarse. De la misma manera, la legislación laboral no es progresiva cuando destruye productividad pues en realidad atenta contra los trabajadores.

Todas las mejoras laborales se sostienen en mayor productividad y ella requiere mejores inversiones, físicas y en capital humano. Esas deberían ser las preocupaciones sindicales: que los empresarios modernicen sus empresas para que los trabajadores puedan agregar más valor y así cobrar más y que los trabajadores (o sus hijos) reciban mejor educación porque eso también los vuelve más productivos. Luchar por no cambiar las normas o peor, para que los gobiernos sigan con las políticas de los últimos 80 años, sólo empobrecerá más a los trabajadores.