“La defensora (Marisa Graham) y el defensor adjunto (Juan Facundo Hernández) de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (N.NyA) de la Nación y los defensores provinciales manifiestan su profunda preocupación por el decreto y las declaraciones del gobernador de la provincia de Tucumán, Osvaldo Jaldo, en relación con el tratamiento de situaciones de violencia entre adolescentes, en edad escolar, que vienen teniendo lugar en esta Provincia”, planteó en un documento la Defensoría de los Derechos de N.NyA de la Nación.
El escrito lamentó que “se instruyó a la Policía a detener a N.NyA en la vía pública y ponerlos a disposición del Poder Judicial, así como también a expulsar a los adolescentes de los establecimientos educativos a los que pertenecen, remarcando que tal sanción implicará la imposibilidad de incorporarse a ninguna otra escuela por el resto del año lectivo. El decreto, además, dispone la posibilidad de sanciones pecuniarias hacia las instituciones educativas de las que los adolescentes forman parte; así como medidas disciplinarias dirigidas a los padres de los adolescentes que resultaren ser empleados públicos. Particularmente alarmante resulta la afirmación de que, en virtud de videos que habrían circulado públicamente, hay N.NyA cuyos rostros han sido identificados y que estarían siendo buscados activamente por la Policía para proceder a su detención”. La Defensoría advirtió que podría caber una condena regional (CorteIDH) e internacional (Comité de los Derechos del Niño) al Estado argentino por las disposiciones del decreto. “Esto es, sanciones al país por cuanto se trata de medidas inconstitucionales y violatorias del derecho internacional de los derechos humanos, especialmente de los derechos de N.NyA”, planteó.