El vicepresidente segundo de la Legislatura, Alfredo Toscano, respaldó la decisión del gobernador, Osvaldo Jaldo, de dictar un decreto destinado a frenar las peleas callejeras de estudiantes en Tucumán. “Estos hechos violentos ponen en peligro la vida de los propios agresores y también la de terceros. Llegamos a esto porque nadie se hace cargo, está bien que al gobernador se le prendan todas las alarmas y que tome cartas en el asunto”, dijo el ex secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán.
“El Estado debe encargarse de garantizar el orden público. No dudo de que esta medida va a generar reacciones de parte de los puristas de lo políticamente correcto, pero lo cierto es que el Estado debe hacerse cargo de sancionar y de frenar este fenómeno recurrente y muy peligroso”, añadió.
El tema le dio pie para posicionarse a favor de que se baje la edad de imputabilidad. “La violencia y los hechos delictivos que protagonizan menores de edad han ido en ascenso. El Estado no puede mirar al costado. Por eso presenté un proyecto de declaración, para que la Legislatura proclame su total apoyo a modificar la legislación vigente con el objeto de bajar la edad de imputabilidad en el país”, dijo.
Remarcó que bajar la edad de imputabilidad no significa que el menor tenga la misma condena que los mayores de edad. “Significa que hay un menor que muestra una conducta y una personalidad que merece atención y sanción; es un menor que necesita cuidado, reeducación, trabajo y formación para reinsertarse en la sociedad como persona de bien”, afirmó.
Para argumentar en pro de bajar la edad de imputabilidad, Toscano dijo que las peleas callejeras de los últimos días vinieron a demostrar que en la Argentina debe darse una seria discusión sobre la responsabilidad que tienen los menores respecto de sus propias acciones. “En Europa, Italia, Bulgaria, España, Austria, Holanda y Alemania bajaron ese límite hasta los 14 años -Grecia y Francia, hasta los 13-. En América latina la edad de imputabilidad también fue bajando: en Panamá y Paraguay es de 14 años; en Nicaragua, Guatemala, Uruguay y República Dominicana, de 13; en El Salvador, Ecuador, México, Honduras, Venezuela y Costa Rica, de 12. En Argentina la seguimos manteniendo a los 16 años. Es insostenible”, reprochó.
De ese modo, Toscano se suma a la postura que días atrás había mostrado el legislador oficialista Gerónimo Vargas Aignasse. “Los jóvenes de hoy tienen un nivel de madurez y consciencia superior al de hace 25 o 30 años. Seguir con la idea de que un menor de 15 años no dimensiona el daño que ocasiona es un anacronismo sociológico que lleva al sistema penal a poner al Estado y a la sociedad en una situación de vulnerabilidad e impotencia punitiva que hoy raya con lo absurdo”, había dicho.