Peleas entre estudiantes: “Detener a adolescentes en comisarías podría acarrear males mayores”

Abogados penalistas de la provincia consideraron que el cumplimiento del decreto anunciado por el gobernador Osvaldo Jaldo sería avanzar sobre los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (N,N y A), y por lo tanto, sería proceder de manera ilegal. LA GACETA consultó a cuatro profesionales al respecto.

“De ninguna manera se puede aplicar detenciones, ni siquiera de manera parcial. La Convención Internacional considera que estamos tratando con menores, o con niños según sea el caso, y el país está adherido a esos tratados internacionales que no podemos incumplir. Se pueden discutir muchas cosas, pero aplicar esto hoy sería inconstitucional, más aún si ordenan lugares de detención para menores”, analizó Ricardo Fanlo. El profesional consideró que la mejor forma de actuar sería profundizar la prevención digital. “Están avanzando al descubrir los grupos de Whatsapp donde se gesta todo esto, creo que controlando eso y el uso de celulares en las escuelas se conseguirá frenar todo esto”, entendió.

Fanlo detalló que expulsar alumnos y privarlos de estudiar por un año también sería atentar contra sus derechos: “¿Qué pasa si de 100 chicos hay un inocente? Es como condenarlo a muerte, pero más allá de eso, no pueden privarlo de acceder a la educación”.

Juan Sebastián Bauque planteó: “creo que la solución siempre será la prevención, no actuar de manera apresurada como entiendo que está haciendo el gobernador. Dijo que se sancionará a los padres que trabajen en el Estado, pero además de ser algo ilegal eso sería injusto: ¿los padres que trabajen en el ámbito privado no tendrían consecuencias?”.

“Tenemos que ver para qué está el gabinete psicopedagógico, que entiendo que deben llamar a los padres de los chicos violentos y que tienen antecedentes. Buscar el origen del problema y la solución. Para eso está el ministerio de Educación y creo que está fallando, porque tiene a los profesionales que se pueden ocupar del tema y no lo está haciendo”, analizó Bauque.

“Más allá de entender que el gobernador se toma atribuciones que no le competen y que son desproporcionales, esto carece de legitimidad para hacer cumplir lo que en principio ordena”, sostuvo Aníbal Paz. El penalista argumentó: “como primera medida, hay una separación en la división de los poderes. Si bien el PE manda la fuerza policial, no puede el gobernador realizar manifestaciones en cuanto a las detenciones ya que eso emana solo y únicamente de un juez. Además alojar a un menor en una comisaría repleta, sin condiciones mínimas de salubridad , no se justifica. Eso podría acarrear a un mal mayor”.

Paz subrayó que más allá del debate sobre bajar la ley de imputabilidad, hasta que eso no se apruebe, todo menor de 18 años se somete al régimen penal juvenil el cual es distinto al régimen penal común.

En entrevista con LG Play, la penalista y directora de Andhes, Florencia Vallino, opinó en consonancia con sus colegas.