Diez de los 20 reos que fueron agredidos por policías mientras estaban alojados en la comisaría de Yerba Buena fueron trasladados a dependencias de distintos puntos de la provincia por orden del jefe de Policía. Los traslados causaron polémica dentro del Poder Judicial.
El martes 30 de abril 19 miembros de la fuerza policial fueron imputados por la fiscala Mariana Rivadeneira por los delitos de vejaciones y apremios ilegales, lesiones agravadas y encubrimiento, luego de que en la madrugada del 16 de enero de 2023 personal de Infantería ingresara a una de las celdas de la comisaría de Yerba Buena donde dormían 20 detenidos, los desnudaran y los golpearan con tongas, causándoles heridas en todo el cuerpo.
La jueza María Soledad Hernández dispuso una orden de restricción de 200 metros, por el plazo de seis meses, a favor de las víctimas. Además, le envió un oficio al jefe de Policía, Joaquín Girveau, para que esté al tanto de la situación y la tuviera en cuenta al momento de trasladar a los efectivos imputados.
Al enterarse de la medida, Girveau mostró su apoyo a los policías acusados y advirtió que no los reubicaría a ellos sino a los detenidos. El viernes 3, coordinó el traslado de 10 de las 20 víctimas que continuaban cumpliendo sus condenas en las dependencias de Yerba Buena y Marti Coll. Los detenidos fueron llevados a distintas comisarías de la provincia, entre ellas las de Aguilares, El Tala y Lastenia.
Según informó el comisionado civil de la Comisión Provincial de Prevención de Tortura, Fernando Korstanje, los internos se retiraron de la dependencia engañados de que salían a una revisión médica. “No fueron avisados para recoger sus pertenencias, su medicación y el abrigo de que dispusieran. La decisión del jefe de Policía respecto al traslado de estas personas no fue consultada con ellos, ni tampoco se informó a sus familiares y mucho menos el destino del nuevo alojamiento”, relató en su informe.
El querellante Carlos Garmendia envió un habeas corpus correctivo solicitando que Girveau informe el paradero de los detenidos trasladados y que todos ellos sean restituidos a sus lugares de alojamiento de origen. “Esta decisión arbitraria del jefe de Policía es un agravamiento ilegítimo, porque no es lo que había ordenado la jueza y porque no había necesidad de trasladar a nadie debido a que los policías imputados ya no prestaban servicio en la comisaría de Yerba Buena desde enero de 2023. Esto fue una venganza absoluta en contra de los presos. Acá no se discute si son culpables o no de los delitos que cometieron, sino que se investiga la tortura que sufrieron”, manifestó el abogado.
El jefe de Policía, por su parte, argumentó que ordenó el traslado ya que en las visitas de familiares se suele solicitar la colaboración de Infantería Norte para brindar seguridad durante dichas jornadas, motivo por el cual reubicó a los reos para evitar que los mismos tengan contacto con los imputados y así “evitar incurrir en desobediencia judicial”.
El habeas corpus fue rechazado por el juez Alejandro Javier Tomas, por lo que Garmendia impugnó la sentencia. “Ahora está en manos de la jueza Laura Casas, del Tribunal de Impugnación. Ella solicitó un nuevo informe y estamos a la espera de que de su resolución del habeas corpus”, explicó el querellante.