Jugadores de Vélez acusados: ¿los mensajes pueden favorecer a los futbolistas?

¿Qué información busca la fiscalía en el celular de la joven que denunció a cuatro jugadores de Vélez por abuso? Audios y mensajes que intercambió con dos amigas en la madrugada del 3 de marzo, día en el que se habría producido el ataque. Los defensores de los acusados sostienen que el análisis es una prueba clave para esclarecer el caso. Los querellantes aducen que es una insólita invasión a la privacidad de la víctima. El Ministerio Público, como lo dijo en varias oportunidades, considera que es una manera de llegar a la verdad objetiva.

Hace exactamente dos meses, la denunciante de 24 años, se retiraba del hotel Hilton donde había asistido a encontrarse con el arquero Sebastián Sosa. Por la tarde del 3 de marzo, comenzó a sentirse mal. Aceptar lo que le había sucedido no fue sencillo. Después de haber recibido el consejo de la abogada Patricia Neme (actualmente en la querella junto a Juan Andrés Robles y Patricio Char), el 6 de marzo realizó la denuncia. Al día siguiente la ratificó ante la fiscala Eugenia María Posse. El 8 de ese mes, en el día Internacional de la Mujer, estalló el escándalo.

A partir de ese momento, el expediente se transformó en una especie de reality show. Se difundieron situaciones que nunca deberían haberse mostrado ni contado. Se revictimizó a la denunciante y se condenó a los acusados una y otra vez. Lo único cierto es que Posse acusó de abuso sexual agravado por la participación de dos o más personas a Braian Cufré y a José Florentín Bobadilla (como autores) y a Sebastián Sosa (como partícipe secundario) y a Abiel Osorio por abuso sexual simple.

Luego llegarían las polémicas. Por decisión de la jueza Eliana Gómez Moreira, cuya resolución fue avalada por su colega de impugnación Laura Casas, a Sosa se le permitió seguir el proceso en libertad, mientras que a los otros tres futbolistas les dictaron el arresto domiciliario por 90 días. La medida va en contra de lo que normalmente sucede. Primero se investiga y normalmente en el juicio se define si los acusados deben ser privados de la libertad o por lo menos eso es lo que ocurrió en los últimos casos (ver nota aparte). Por esa razón, la cuestión debería ser resuelta en estos días por la Corte Suprema de Justicia de la provincia.

La joven, en las declaraciones que realizó en la Policía, en una entrevista realizada en la fiscalía y en Cámara Gessel repitió una y otra vez que había sido atacada sexualmente en la habitación 407. Los futbolistas, en cambio, reconocieron haber mantenido relaciones con ella, aunque aclararon que habían sido consentidas. Así el “no es no” se instaló de lleno en el expediente.

A partir de ese momento, la fiscala Posse comenzó a producir una serie de pruebas para tratar de esclarecer el caso. Antes de que lo hiciera, en una alocada carrera mediática, las partes difundieron algunos de los detalles que surgían en la causa. “No recuerdo en la historia reciente que se hayan ventilado tantos detalles. Evidentemente las partes buscaban inclinar la balanza de la opinión pública para generar presión”, aseguró una fuente de la Corte al referirse al tema. “Se llegó a la imprudencia total de difundir su identidad, cuál es su profesión y hasta dónde vivía. Para los imputados tampoco valió la presunción de inocencia y hasta fueron llamados ‘violadores’ por un profesional del derecho”, añadió.

La bomba

La fiebre por el caso había bajado hasta que surgió una nueva polémica: el análisis de los celulares de todos los implicados. El 3 de abril, a través de un intercambio de WhatsApp, la víctima se comprometió con una funcionaria judicial a entregar su móvil para que sea analizado por los peritos. María Florencia Abdala y Camilo Atim (defensores de Florentín Bobadilla) descubrieron que esa pericia podría ser clave en el expediente por lo que comenzaron a exigir que entregara el móvil, al igual que dos amigas que fueron presentadas por la querella. José María Molina, Antoniella Battaglia y Ernesto García Biagosch (asisten a Cufré y a Osorio) y Ernesto Baaclini (representa a Sosa) apoyaron la iniciativa. Con la asunción de Char, los representantes de la denunciante cambiaron de opinión y decidieron no presentarlo porque consideraron que se violaba su derecho a la intimidad.

Este punto generó una batalla judicial que no tiene casi antecedentes en la justicia tucumana. El 12 de abril, el juez Sebastián Mardiza rechazó el pedido de secuestro que habían solicitado los defensores, pero sí ordenó a una de sus amigas que lo presentara. Antes de que se cumpliera el compromiso de entrega, la fiscala Posse pidió autorización para que se analizaran los móviles porque, según su postura, “considera menester encontrar elementos de investigación que permitan acreditar los hechos denunciados de cuyo análisis podría obtenerse información de calidad para encauzar la investigación”.

La jueza Valeria Mibelli aceptó la solicitud al entender que: “con el pedido del MPF podrían producirse nuevas evidencias que permitan arribar a la verdad y al total esclarecimiento del presente hecho investigado, por lo que considero fundada y justificada la necesidad y utilidad de la misma”. Esa resolución fue firmada un día antes de que la querella confirmar que no entregaría el celular.

Abdala y Atim insistieron ante Posse sobre la importancia del análisis, pero volvió a rechazar “por el momento” el pedido, ya que consideraba que se podía obtener esa información del celular de la testigo. Los defensores pidieron otra audiencia para definir la cuestión. El juez Augusto Paz Almonacid volvió a rechazar el secuestro del celular, pero ordenó al Ministerio Público que lo solicitara teniendo en cuenta la resolución de Mibelli. El lunes, la fiscala Adriana Reinoso Cuello, que reemplazó a Posse por la reestructuración del MPF, le dio 48 horas a la denunciante para que entregara el celular.

Los querellantes volvieron a insistir que no lo entregarán. “Volvemos a dejar en clara nuestra postura de que no existe ninguna obligación, carga probatoria, ni leyes, ni proceso penal en el mundo entero que obligue a una víctima que denunció un abuso sexual, a que entregar su celular, y mucho menos, por puras especulaciones de los imputados y sus defensores”, sostuvieron en un escrito. Reinoso Cuello deberá definir si solicita a través de una audiencia un allanamiento en la casa de la denunciante para tratar de dar con el móvil.

Qué buscan

La gran pregunta es: ¿qué buscan los defensores con tanta insistencia? Según fuentes vinculadas a la investigación, a los minutos de haber abandonado el hotel, envió un audio a dos amigas con el que podría demostrarse que las relaciones fueron consentidas. Esa información surgió en las entrevistas a las que fueron sometidas las testigos aportadas por la querella cuando se inició la investigación.

M.C, amiga de la joven y empleada bancaria, contó algunos detalles del audio, pero además de asegurar que lo había borrado, indicó que “esa no era su amiga”, refiriéndose que no estaba bien en el momento de enviarlo. Esta fue la testigo a la que el juez Mordiza ordenó entregar el teléfono y cuando lo hizo dejó sin patrón de desbloqueo porque aseguró no recordarlo, problema que fue solucionado por su padre que, al enterarse de lo que había hecho, se presentó espontáneamente en tribunales con la clave.

En un oficio firmado el 25 de abril, Reinoso Cuello intimó a M.R.M. a que presentara su celular para que sea analizado. La denunciante aportó parte de los chats que mantuvo con ella luego del episodio. Los defensores dudan de su veracidad y por eso solicitaron que sea analizado, planteo que fue aceptado por la fiscala.

Los defensores prefirieron no hacer declaraciones sobre este punto en particular de la investigación, pero sí consideraron que puede torcer el rumbo de la investigación. La querella, al no querer realizar declaraciones a LA GACETA, no fijaron postura sobre el tema. Sí lo hicieron a través de dos escritos diferentes que presentaron en la fiscalía.

Cuando anunciaron que no entregaría el móvil, señalaron: “la prueba es impertinente, además de carecer de una perspectiva de género, puesto que ya tienen a disposición todos los celulares que necesitaban el de los imputados y el de la testigo amiga íntima de la víctima. Con esto, ya pueden todas las partes chusmear tranquilos la vida íntima de una mujer, para y saber si pueden justificar o no, lo que ella ya ha manifestado en el hecho, no es no y punto”.

“Está sobradamente formada la doctrina por unanimidad de que toda acción que pueda haber realizado una víctima, antes o después del hecho, no puede inferirse como prueba de su negativa de consentimiento al momento del hecho. Esta situación no permite una doble interpretación, por lo tanto quien no esté de acuerdo con ello, carece de una perspectiva de género, que es una obligación para ejercer la función pública”, sostuvieron días atrás.

Algunos de los indicios que están en el expediente

- La entrevista en Cámara Gesell en el que la víctima ratifica la denuncia que realizó. Los defensores aseguran que no fue un relato consistente.

- El dosaje alcohólico y el test toxicológico dieron resultados negativos. Los peritos explicaron que eso podía suceder, ya que le extrajeron las muestras tres días después.

- La víctima dijo que por el ataque sufrió un sangrado. En la habitación se encontraron restos de sangre que, en principio, son compatibles con la de una persona. Todavía no se determinó si pertenecen a la víctima.

- A los acusados se les hizo un examen médico y no presentaron lesiones que podría haber generado un sangrado.

- Los mensajes que intercambiaron el arquero Sebastián Sosa y la víctima antes y después de que se cometiera el supuesto ataque.

- La querella sostiene que los exámenes realizados por los forenses constatan las lesiones, mientras que los defensores aseguran que no.

- Una mancha de semen encontrada en un acolchado de la habitación.

- El testimonio de algunos jugadores de Vélez que indican que no escucharon gritos ni pedido de auxilio.

- Las imágenes donde aparece la víctima ingresando al hotel y otro cuando deja la habitación donde supuestamente fue abusada.

- El relato del chofer de Uber que habría indicado que la joven estaba en buenas condiciones cuando la llevó del hotel hasta su casa.