A casi tres meses de comenzada la tarea de la fiscalía dedicada a investigar usurpaciones y estafas, ha tenido lugar la primera condena por este delito y, según informó el titular de la oficina judicial, ya han sido devueltos a sus propietarios aproximadamente 50 inmuebles.
El caso que llevó a un juicio abreviado ocurrió el 22 de febrero en Balcarce al 1.400 en Villa 9 de Julio. Una mujer y otras personas rompieron el candado de la entrada de una vivienda deshabitada y se instalaron en ella. El dueño hizo la denuncia y en rápida investigación, que incluyó testimonios de vecinos y recopilación de elementos de prueba como constancias de pago de servicios, el 29 de febrero, la Fiscalía logró restituirle el inmueble al hombre y acusó a la mujer como autora del delito de usurpación por despojo. En juicio abreviado, la imputada fue condenada a un año de prisión condicional y a cumplir durante dos años una orden de restricción y realizar un curso de oficio.
En otra audiencia, se restituyó otra vivienda que había sido usurpada el 9 de febrero en el barrio Vial II de Villa Carmela. El fiscal informó que la celeridad de las causas se vincula con cambios en los protocolos de funcionamiento. “Antes, para constatar en el lugar del hecho tenía que ir Criminalística y ahora directamente con el teléfono del policía que va al lugar del hecho se hace la constatación. Eso nos da mucha fuerza a la hora de pedir la restitución. Hemos tenido reuniones con los jefes de comisarías explicando este nuevo modo de trabajo”, dijo. Hace dos años, un informe elaborado por Fiscalía de Estado revelaba que, en el caso de las tierras fiscales, la mayor parte de las usurpaciones ocurren en zonas turísticas: Tafí del Valle, San Javier y El Cadillal. Hace un año, los referentes del campo advertían preocupados sobre casos de intrusiones. La fiscalía penal había arrancado con 700 casos y se estimaba un promedio de 200 denuncias mensuales. La ampliación de la tarea permitirá abarcar la complejidad de un problema difícil. Una estrategia a la que recurrieron los funcionarios fue la de capacitar a delegados comunales para que actúen rápidamente si descubren algún hecho de este tipo en sus jurisdicciones. Además, el fiscal de la nueva fiscalía ha explicado que muchas veces las causas quedan navegando en el sistema judicial porque hay una zona gris para determinar si se trata de asuntos penales o civiles, y que su área ayudará a agilizar ese trámite. “De las causas de usurpación nuevas, que se sumaron desde febrero, estamos finalizando el 90%, aproximadamente -explicó el funcionario-. Estamos viendo resultados positivos. La idea es tratar de darle velocidad y celeridad a la restitución de los inmuebles”. También dijo que hace 10 días se ha ampliado la tarea de investigación de estafas y usurpaciones a dos fiscalías en el Centro Judicial Capital y que se está capacitando personal en oficinas para estos efectos en Concepción y en Monteros. La idea de es ampliar la respuesta judicial a este problema a toda la provincia, lo cual abre expectativas positivas.