Legislatura: la oposición calificó de "vacaciones pagas" al retiro voluntario en Tucumán

El oficialismo remarcó que el régimen de retiro voluntario que se aprobó por mayoría en la Legislatura “de ninguna manera” tiene por objeto beneficiar a quien no tiene ganas de trabajar en la administración pública. Subrayó que forma parte de las herramientas que requiere la Casa de Gobierno para “contener” el gasto público, igual que la prohibición de desempeñar dos cargos remunerados en el ámbito público (se aprobó con excepciones). La oposición, en cambio, rechazó en su mayoría el sistema ideado por el Ejecutivo, principalmente porque el retiro no es definitivo sino por cuatro años, con posibilidad de repetir por cuatro más. Fue así que hay legisladores que consideraron que el régimen no es otra cosa que vacaciones pagas para trabajadores públicos que actualmente no tienen una función específica.

Luego de tres horas de debate y bajo una votación nominal, la iniciativa fue sancionada -con modificaciones- con 38 votos a favor y nueve en contra. Rechazaron el dictamen de mayoría los legisladores Ricardo Bussi (Fuerza Republicana); José Cano (Radicalismo Federal); Silvia Elías de Pérez, Manuel Courel y José Seleme (Valores para Tucumán); Raquel Nievas (Trabajando por Tucumán); José Macome (PRO); Agustín Romano Norri (Evolución Radical); y Claudio Viña (Compromiso Tucumán). El impedimento para tener dos o más cargos públicos remunerados, en cambio, se sancionó en general por unanimidad, aunque con votos negativos en la votación en particular de algunos incisos.

La norma sancionada en una sesión que pasó a un cuarto intermedio -con fecha a confirmar para su reanudación- prevé que los agentes de al menos tres años de antigüedad de todas las oficinas de la administración pública puedan acceder al sistema y cobrar el 70% de los haberes; el 100% de las asignaciones familiares; y el 70% de las subas salariales, remunerativas o no. También se establece que se mantendrá el beneficio de la obra social. Sobre tablas, el oficialista Gerónimo Vargas Aignasse (presidente de la comisión de Legislación General) solicitó añadir un artículo para establecer la suspensión del pago de la Aseguradora de Riesgo de Trabajo. A su vez, accedió al pedido de Walter Berarducci (Compromiso Tucumán) para que se añada que será de nulidad absoluta la cobertura de la vacante, temporal o permanente, y que el funcionario que lo emita será responsable administrativa y económicamente.

El bloque oficialista, que no contó con la presencia de su presidente Roque Tobías Álvarez (ausente por cuestiones de salud), se mostró desarticulado y con cortocircuitos internos en algunos pasajes de la sesión. Sin embargo, al momento de respaldar la iniciativa de los retiros, se apoyó casi en su totalidad en críticas a las políticas de ajuste del presidente Javier Milei. Remarcó que la recaudación de la Provincia cayó en el orden del 40%. “No es un proyecto que el Ejecutivo mande con placer y que este bloque vote con placer. Esperemos que esto pueda aliviar las arcas del Estado”, resumió Vargas Aignasse. A su vez, rechazó que vayan a acogerse al sistema empleados tildados de “ñoquis”.

“Una beca”

Por la oposición, en tanto, se hizo especial hincapié en que la iniciativa dejaba al descubierto que con 110.000 empleados la planta estatal está inflada. Se criticó en general que el retiro no sea definitivo. Viña y Macome consideraron que es una mala decisión que el retiro no sea definitivo. “El que acceda tendrá una licencia remunerada, una beca”, dijo el alfarista. El macrista habló de injusticia y que el agente retirado pasará a competir por un mismo puesto en el sector privado con un trabajador que no tiene otro ingreso. Algo similar opinó la radical Raquel Nievas y dijo que se perjudica al profesional joven.

Bussi defendió la gestión de Milei, que lleva poco más de cuatro meses. Criticó que se esté posibilitando un retiro indiscriminado. “Lo que va a pasar es que se van a ir los mejores; los que son indispensables en el funcionamiento de la cosa pública”, advirtió, y señaló que hay oficinas como la Defensoría del Pueblo donde hay superpoblación de empleados. Courel y Seleme, en tanto, opinaron que sería injusto culpar al gobierno de Milei e insistieron con la idea de licencia paga. “Es increíble que alguien que tenga tres años en el Estado pueda acceder a tener vacaciones pagas”, reprochó el productor agropecuario. Romano Norri, en tanto, consideró que el sistema premia a los peores.

El alfarista Alfredo Toscano consideró que la herramienta suma y sirve en medio de una crisis terminal, aunque no es la ideal. A la vez que remarcó que decir que son “ñoquis” los que se acojan al sistema “es de una ignorancia supina”. En contrapartida, Cano y Elías de Pérez remarcaron que son decenas de miles los empleados sin una función específica y alertaron que un agente que esté fuera del sistema por ocho años regresará desactualizado y con edad avanzada, lo cual sería contraproducente.

Antes de la votación, el oficialista Mario Leito (vicepresidente del bloque) dijo que cualquier ahorro para el Estado será bienvenido en estos tiempos. Señaló también que actualmente en la Provincia hay unos 17 empleados públicos por cada 1.000 habitantes, mientras que hay Municipios como San Miguel de Tucumán que en diciembre tenían 106 agentes cada 1.000 habitantes de la ciudad y que en Yerba Buena la ecuación arroja 54 empleados públicos por habitantes. “Es tres veces más que en la Provincia. No somos tan malos en la administración”, chicaneó.

Buscan potenciar la producción de biocombustibles

Con respaldo unánime, la Legislatura sancionó una ley para que se declare de interés provincial la promoción y desarrollo de la producción y consumo de biocombustibles y bioenergía. Se destacó que el objetivo es potenciar la producción de ambas para su utilización generalizada y masiva en el ámbito provincial, así como contribuir en la elaboración de programas específicos. En el recinto los parlamentarios consideraron que la ley sancionada debe ser un punto de partida para promover lo que el mundo busca hoy, que son energías sustentables.

Misiles cruzados y fuego “amigo”

En la sesión hubo eventos que llamaron la atención. Uno fue el cruce que protagonizaron Tomás Cobos y Ricardo Bussi. El oficialista embistió a su par tras criticar la cifra de empleados en comunas y en la Defensoría del Pueblo. El republicano lo tildó de “novato político”. Por otra parte, Aldo Salmón, titular de la comisión de Educación, se mostró muy inflexible durante el debate por las Juntas de Clasificación. Cargó contra José Cano y rechazó cambios de su compañera y vice del comité, Adriana Najar.