Narcomenudeo: propuesta para que se pueda usar la denuncia anónima

La reforma de un artículo del código procesal penal de la provincia podría ser clave en la lucha contra el narcomenudeo. La legisladora Carolina Vargas Aignasse presentó una iniciativa para que se acepte la denuncia anónima con el fin de desarticular los “quioscos” de venta de sustancias, como ocurre en el fuero federal desde hace varios años.

El CPP, en el artículo 146, establece claramente que “en ningún caso se aceptará denuncia anónima. La denuncia debe contener, en cuanto fuere posible, la relación circunstanciada del hecho, con indicación de sus autores y partícipes si se conociese, damnificados, testigos y demás elementos que puedan conducir a su comprobación y calificación legal”.

“Es una herramienta importante que tienen los investigadores para avanzar con las investigaciones de manera más rápida”, aseguró Vargas Aignasse.

Según la parlamentaria, al no recibir las denuncias anónimas para causas de narcomenudeo “se limita la posibilidad de iniciar procesos en contra de personas que se dedican a la comercialización de estupefacientes. Los vecinos y vecinas de la provincia, que son quienes alertan a las autoridades sobre la identidad de aquellas personas que podrían estar vendiendo drogas a los jóvenes no realizan la denuncia por que la obligación de identificarse que contiene la normativa procesal provincial les da temor a las represalias de los delincuentes”.

Esta estrategia no es nueva y Vargas Aignasse lo sabe. “En el fuero federal, esta práctica ya superó controles constitucionales, existiendo unanimidad doctrinaria y jurisprudencial, ya que no se advierten violaciones de derechos en las denuncias anónimas”, destacó.

Hace 10 años, luego de una reunión de jueces federales en Orán, en la provincia se decidió colocar buzones en los edificios de la justicia provincial nacional, reparticiones públicas, hospitales, municipios y comunas, entre otras. En una publicación de LA GACETA, fueron 195 las urnas que se depositaron en toda la provincia a partir del 1 de agosto de 2024.

En enero de 2015, cuatro meses después de haberse puesto en marcha, se informó que el sistema permitió recibir alrededor de 300 denuncias y un tercio de ellas permitió que se inicien investigaciones. Con el correr de los años y la aparición de nuevas tecnologías, se abrieron otros canales para recibir los reclamos de los tucumanos.

“El sistema es bueno, pero funcionaría mucho mejor si es que se toman medidas para realizar un mejor control de las denuncias”, explicó un investigador. “Hay que dejar bien en claro quién las recibirá y cómo se manejará esa información hasta que llegue a los responsables de investigarlas”, añadió un funcionario de la Justicia Federal.

Momento justo

Este es el segundo proyecto que se presentó en la Legislatura para brindarles a las fuerzas de seguridad y a la Justicia nuevas herramientas con la que se puede solucionar algunos grises legales que quedaron al descubierto con la aplicación de la ley de narcomenudeo. Además de la denuncia anónima, ya fueron planteadas las iniciativas de la creación del agente revelador, encubierto e informantes para agilizar las pesquisas.

La causa que desarrolló el fiscal de Narcomenudeo José Sanjuán para desarticular una organización que vendía drogas sintéticas en afters utilizó ambas herramientas para detener a los dos sospechosos. A la investigación la inició con la denuncia de una madre desesperada porque su hija consumía éxtasis y probó la comercialización logrando que un efectivo realizara tres compras diferentes. El juez Guido Buldurini aceptó la utilización de esos recursos sosteniendo que había sumado otros indicios. Los defensores ya impugnaron la resolución.

La Policía, desde que se puso en vigencia la norma que combate el microtráfico, tuvo más éxito encontrando droga en allanamientos en causas de otros delitos que por la venta de sustancias. El Caso Gargiulo fue un freno a esa estrategia. Un tribunal condenó al acusado y meses después otro de Impugnación anuló la sentencia declaró ilegal el procedimiento en el que se investigaba un robo, pero se terminó encontrando sustancia. La sentencia quedó firme al fracasar un pedido extraordinario presentado por la fiscalía. “Esa sentencia pone en riesgo numerosas causas ya iniciados y por iniciar, debido a la falta de mecanismos de iniciación de procesos penales que padece la provincia”, sostuvo Patricio Char que logró el fallo correctivo.

“La provincia, al no contar con este tipo de herramientas, acude a prácticas ajenas a las previstas para la iniciación de causas normadas con el código procesal penal. No hacen otra cosa más que debilitar la intención fiscal de obtener condenas favorables”, finalizó el profesional especializado en derecho cannábico y en asistir a consumidores con problemas legales.