Cambios, palabra de moda en el área de seguridad

Los cambios siempre se hacen notar. Para bien o para mal, aportan material de análisis y debate. Esa sensación es mucho más notoria cuando se producen en cuestiones que movilizan a la sociedad y la seguridad es una de ellas. La semana pasada dejó varias modificaciones que darán que hablar durante un buen tiempo.

El ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa aprobó el examen rendido en la Legislatura. En su primera visita como funcionario de la gobernación de Osvaldo Jaldo, el funcionario mostró a los miembros de la Comisión de Seguridad y a otros parlamentarios los números de su gestión, los proyectos y problemas que deberán afrontar. La exposición duró nada menos que siete horas. Durante todo ese tiempo también se analizaron otras cuestiones. Como no había ocurrido en siete años, la reunión no terminó a “los tiros”. Los representantes del Poder Ejecutivo y del Legislativo entendieron que la provincia no necesita polémicas con tintes políticos, sino soluciones a los problemas.

El logro más importante del ministro Agüero Gamboa fue haber conseguido el apoyo de los legisladores para las iniciativas presentadas por el PE. Una de ellas es el compromiso de sancionar una norma para controlar la compra y venta de materiales no ferrosos, como alternativa de acabar con los robos de cables, elementos de bronce y partes de los medidores de agua y de gas. También asumieron la responsabilidad de realizar algunas actualizaciones en el código procesal penal de la provincia, con el fin de profundizar la lucha contra el narcomenudeo. Una es clave: que se acepte utilizar las denuncias anónimas para iniciar una investigación, como sucede con el digesto nacional. La gran pregunta es si este acercamiento será el certificado de defunción para las iniciativas que están pensadas más para la tribuna que para combatir los delitos.

Si de cambios se trata, en la Policía están esperando novedades del poder político. Ya pasó el tiempo suficiente para que se anunciaran los retiros del personal. Esa decisión es clave para la carrera de cualquier empleado policial. La jubilación de los mandos superiores permite el crecimiento de los que vienen abajo. Por el momento no hay novedades y nadie a ciencia cierta puede afirmar cuándo se anunciarán. Ni siquiera se sabe si hay una nómina lista.

Sorpresa y media

El Ministerio Público es considerado la primera línea de la batalla contra el delito. Cuando hay algún cambio toda la estructura del fuero penal se resiente. La reestructuración anunciada la semana pasada sorprendió a propios y extraños. La decisión que tomó el ministro fiscal Edmundo Jiménez generó un profundo debate entre los operadores judiciales. Todos se hacen la misma pregunta: ¿para qué cambiar si el sistema estaba funcionando correctamente y recibía más elogios que críticas?

Hubo una explicación oficial a la hora de analizar la reestructuración. “La experiencia ha demostrado que los flujos de casos de los diferentes fenómenos criminales suscitados en la provincia han mutado. En base a este panorama, resulta necesario reestructurar las unidades fiscales y el recurso humano asignado, de manera que se aboque el mayor esfuerzo a la persecución estratégica del delito”, se pudo leer en la resolución. Los que apoyaron esta medida explicaron que todos los cambios fueron analizados en base a estadísticas y resultados que consiguieron en la lucha contra algunos delitos. “Cada una de las modificaciones que se hicieron están perfectamente justificadas. Es lógico que toda modificación genere incertidumbre, pero con el tiempo se darán cuenta de que el movimiento de piezas fue para bien”, indicó una fuente.

Los cambios más importantes son la eliminación de las unidades fiscales de Flagrancia (cuatro) y de Graves Atentados Contra las Personas (dos). Otra modificación que llamó la atención de los operadores judiciales fue la de unificar las oficinas de Violencia Doméstica y Violencia de Género con las de Integridad Sexual. Se crearon tres nuevas unidades fiscales: Criminalidad (reemplazará a las de Atentados contra las Personas), Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad (se agrega otra a la lanzada recientemente) y Ejecución Penal (no existía una de estas características). Las únicas que no se tocaron son Homicidios, Decisión Temprana, Delitos Complejos y Narcomenudeo. En los Centros Judiciales de Concepción y de Monteros también hubo reestructuraciones, pero no fueron tan drásticas como en la Capital.

Los detractores, que no son pocos, cuestionaron los cambios. Los más duros advirtieron que el reacomodamiento de piezas será un retroceso, un freno a la celeridad que tenía el sistema con la implementación del nuevo código. Explicaron, por ejemplo, que las fiscalías más sensibles no sólo se redujeron, sino que se verán sobrepasadas. Advirtieron que antes había seis oficinas dedicadas a investigar los delitos contra la propiedad, pero ahora quedaron cuatro. Homicidios, que únicamente investigaba crímenes y suicidios, deberá llevar expedientes de homicidios culposos y tentativas de homicidios. Antes de las modificaciones, había ocho fiscalías que investigaban las causas de abusos sexuales y de violencia doméstica y de género, ahora serán cuatro. “Cuantos más expedientes ingresen a una oficina, más demora habrá en investigarlos”, resumió un abogado. Ninguno de los otros poderes habló sobre el tema, pero la sensación que queda es que el ministro Jiménez comenzó a rendir un examen definitorio y que los resultados de su plan serán observados semana tras semana.

Difícil misión

La casi paralización de la Justicia Federal en la provincia también generó un cambio. Ahora, como no pasó en mucho tiempo, representantes de los dos Poderes comenzaron a realizar gestiones para que se cubran las vacantes, sin que sea un problema que ellos deben solucionar.

Los funcionarios judiciales se reunieron semanas atrás con Jaldo para explicarle el problema, porque no cuentan con los fiscales, los jueces y los camaristas para funcionar correctamente. El titular del PE prometió comprometer a los diputados y senadores tucumanos para que realicen las gestiones necesarias y se acelere la cobertura de las vacantes. Ayer se dio el primer paso: en otro encuentro, los parlamentarios se comprometieron a realizar varias gestiones. Mientras tanto, la legisladora Silvia Elías de Pérez ya se encuentra en Buenos Aires manteniendo reuniones con funcionarios por el mismo tema.

La casi paralización del fuero federal es un problema mucho más grave de lo que muchos se imaginan. No sólo tienen que atender cuestiones vinculadas a la narcocriminalidad (tráfico de drogas, comercialización en grandes cantidades, sicariato y secuestros extorsivos, por citar algunos), sino cuestiones previsionales, impositivas, ambientales y delitos de lesa humanidad. Lograr un cambio para que pueda impartir justicia como corresponde, será saldar una deuda histórica.