19 Abril 2024
El fondo de inversión Burford Capital solicitó este viernes a la Justicia de Estados Unidos que el Estado argentino le regale sus acciones en Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). O sea, el 51% del paquete de la compañía.
El bufete de abogados inglés, el principal beneficiario del juicio por el que Argentina fue condenada a pagar U$S16.000 millones, sabe que Argentina no va pagar. No tiene con qué hacerlo. Pero esa no es su principal preocupación: está más alarmado porque no logra que las autoridades locales, ni las del gobierno anterior, ni las de la actual administración libertaria, al menos hasta el momento, se sienten a negociar luego de la condena que llegó el año pasado.
La demanda que ya lleva más de nueve años de trámite, y está en proceso de apelación, llegó después de que la jueza Loretta Preska fallara en contra del país y lo encontrara culpable de expropiar mal la petrolera en 2012, cuando Cristina Fernández Kirchner era presidente.
Burford había solicitado días atrás quedarse con el paquete accionario, en un pedido secreto. Argentina pidió que se hiciera público, Preska aceptó y la noticia trascendió esta tarde.
Según Sebastián Maril, de Latin Advisors, el pedido incluyó también a las acciones de YPF que están en manos de las provincias.
“En noviembre del año pasado, Preska indicó que las acciones de YPF pertenecientes al Estado, pero no las asignadas a las provincias, podrían ser utilizadas como garantía para evitar embargos futuros. Preska no tomará una decisión hasta la primera semana de junio. Recordatorio: la ley de Expropiación dice que ‘...se encuentra prohibida la transferencia futura de (las acciones) sin autorización del H. Congreso de la Nación votada por las dos terceras partes de sus miembros’”, destacó el especialista, consignó una nota de Infobae.
¿Preska puede fallar a favor de Burford y exigir la transferencia?
Esto ocurre porque Argentina no puso una garantía en enero como estaba previsto y porque no hay negociaciones con los beneficiarios del fallo. Sí que es factible que la jueza autorice el traspaso de las acciones porque ya dijo que podían ser utilizadas como garantía. Si eso pasa y el Estado no cumple entraría en desacato con la corte norteamericana, algo que ya pasó con el juez Thomas Griesa, hace casi 10 años. Entrar en desacato una vez más con una corte americana sería complicado. Creo que lo que quiere Burford es negociar, hacer ruido.
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